El Gobierno regularizará a 60.000 extranjeros en una 'oferta amistosa'

En declaraciones a Antena 3 poco antes de partir hacia Ecuador para negociar un acuerdo para dar preferencia a los inmigrantes de ese país, además de a los marroquíes y polacos, Fernández-Miranda aseguró: 'Con la ley en vigor y en calidad de oferta amistosa, vamos a legalizar a estas 60.000 personas a las que se les negó la regularización porque no cumplían el requisito de haber residido en España antes de junio de 1999'. Fernández-Miranda precisó que la medida se aplicará en febrero, cuando entre en vigor el real decreto aprobado a iniciativa del PSOE.

Prácticamente a la misma hora, en Onda Cero, Dancausa limitaba el alcance de la revisión de oficio de los expedientes de esos 60.000 extranjeros. 'Esperamos que bastantes de esas solicitudes podamos resolverlas dándoles permiso de trabajo', dijo.

El delegado del Gobierno arremetió contra el PSOE, partido al que acusó de fomentar la inmigración ilegal y de 'tener decidido previamente que no iban a pactar' con el Gobierno la Ley de Extranjería. A la propuesta del secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, de reservar a ciudadanos salvadoreños entre 5.000 y 10.000 puestos de trabajo del cupo que se apruebe este año para extranjeros, respondió el secretario de Estado con la afirmación de que El Salvador, país devastado hace semanas por un terremoto, 'no entra en el grupo de países prioritarios'. Por el contrario, el ministro del Interior, Jaime Mayor, declaró que le parece 'muy bien la sugerencia' de Rodríguez Zapatero y aseguró que está dispuesto a estudiarla.

Tras el anuncio de Fernández-Miranda, la secretaria de Políticas Sociales y Migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, recordó al Ejecutivo que la repesca en la regularización de 60.000 extranjeros es 'una obligación' del Gobierno al haberse incorporado a la ley como disposición transitoria, por iniciativa del PSOE, la revisión de esas solicitudes denegadas. Rumí criticó que el Ejecutivo 'falsifique la realidad' presentando 'un mandato legislativo como oferta amistosa', con un talante propio de quienes conciben 'la acción de Gobierno en términos de dádivas concedidas graciosamnete por su voluntad'.