Gil tendrá que readmitir al interventor municipal de Marbella, al que suspendió por 'deslealtad'

El alcalde de Marbella, Jesús Gil y Gil, tendrá que readmitir al interventor municipal, Juan Antonio Castro, al que apartó de su puesto en diciembre del pasado año por 'deslealtad', según reconoció ayer el actual asesor legal del Ayuntamiento marbellí, José María del Nido.

El consistorio de Marbella acatará así el auto de la Sala número 4 de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ordena la 'inmediata incorporación' del funcionario. El equipo de gobierno municipal dispone ahora de un plazo de 15 días para recurrir la medida.

El letrado señaló que la restitución de Castro en el puesto del que fue expulsado por decreto de la alcaldía 'no significa que el expediente disciplinario que se incoó contra el funcionario no siga su curso', y que llegue incluso a determinar la separación definitiva de su cargo en los seis meses fijados para su resolución.

De momento, el conjunto de abogados municipales de Marbella estudia la 'conveniencia' de presentar un recurso de apelación contra la reincorporación del interventor, que ya ha anunciado que volverá a ocupar su despacho la próxima semana.

Castro fue suspendido de empleo y sueldo el pasado 11 de diciembre por orden del alcalde Jesús Gil, quien le tachó de 'traidor' y le acusó de 'colaborar' con el Tribunal de Cuentas y 'presentar 38 cargos falsos' para evitar su imputación en el caso de las camisetas, -el presunto desvío de fondos municipales para pagar la publicidad del Atlético de Madrid- por el que el regidor marbellí está condenado a 28 años de inhabilitación.

Expediente disciplinario

El equipo de gobierno abrió además un expediente disciplinario al interventor por 'conducta comprensiva de diversas irregularidades administrativas'. El funcionario presentó días después un recurso por la vía contenciosa administrativa ante el TSJA, que ahora ha decidido como medida cautelar la suspensión de la ejecución del decreto, que lo apartó provisionalmente de su puesto durante 6 meses.

Gil designó para ocupar el cargo de Castro a un hombre de su confianza, Antonio Torres, que hasta entonces se encargaba del pago a los proveedores a las órdenes del equipo de gobierno. La decisión fue criticada duramente por la oposición municipal, que insistió en que el responsable de la intervención debe ser un funcionario de carrera, que 'no esté vinculado al grupo GIL'.