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Frentes vacunos

Son ya ocho los casos detectados en España, además de otro pendiente de confirmación en Santander, de vacas enfermas de encefalopatía espongiforme bovina (EEB), al añadirse la semana pasada dos reses de Asturias y una de Ávila. Por áreas, se ha pasado de dos comunidades afectadas, Galicia y Castilla y León, a cuatro, al sumarse Asturias y posiblemente Cantabria. Como las autoridades comunitarias y algunos especialistas habían previsto, los casos han empezado a aparecer en cuanto se ha procedido a analizar a las reses de riesgo, con lo que no parece descabellado deducir que durante meses España se ha visto libre de la enfermedad de manera artificiosa: simplemente porque los controles de sanidad animal no habían actuado con el celo exigible. Incluso se contempla la posibililidad de considerar material específico de riesgo (MER) a los 11.000 toros de lidia que serán sacrificados en la próxima temporada taurina retirando su carne del consumo.

El Gobierno empieza a tomar conciencia de la magnitud de un problema que, según reconoció ayer Aznar, 'será largo y complicado'. Ha situado al frente de todas las actuaciones al vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, y ha creado el Comité Especial sobre la Encefalopatía Espongiforme Bovina para poner orden en la hasta ahora descontrolada gestión de la crisis. Pero este comité ha nacido con mal pie y escasa ambición: en realidad está formado por subsecretarios y directores generales, sin ninguna representación de un ministerio clave como Hacienda, y quien iba a ejercer de secretario, el director general de Ganadería, Quintiliano Pérez Bonilla, tuvo que dimitir a los pocos días de su creación, sometido a fuertes críticas por sus intereses familiares en el sector porcino y en el de fabricación de piensos. Durante la presentación del comité, Rajoy se limitó a decir que la gran prioridad del Gobierno es evitar que el prión de la enfermedad pudiera saltar la barrera entre especies y pasar a los humanos, pero se abstuvo de adelantar ningún plan concreto de actuación. El comité de crisis entró de inmediato en crisis con la dimisión de Pérez Bonilla. Es difícil empezar peor.

Es cierto que afrontar la crisis de las vacas locas no es fácil, porque son muchos los frentes que se han de cubrir y en algunos de ellos se carece de armas suficientes para luchar con garantías. El propio ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, admitió el miércoles en el Congreso la dificultad que supone recoger de forma sistemática las reses que mueren en las granjas, trasladarlas a las incineradoras y destruirlas. Grandes problemas logísticos acarreará también el almacenamiento de las harinas cárnicas que ya no es posible vender, a la espera de que puedan ser destruidas en las cementeras dentro de unos meses, cuando éstas se acondicionen con la infraestructura adecuada.

Pero las carencias de infraestructura y medios no pueden servir de excusa al Gobierno, porque en buena parte es la consecuencia de la falta de atención que hasta noviembre se ha prestado al problema, a pesar de que hacía meses, si no años, que se podía prever que el mal de las vacas locas acabaría llegando a España. Tan sólo hace medio año, Arias Cañete tildó de 'irresponsables' y 'alarmistas' a los miembros del Comité Científico Director de la UE por incluir a España entre los países de 'alto riesgo'. Tras perder un tiempo precioso, ahora toca improvisar a toda prisa, con los inevitables errores que ello acarrea.

Con el Comité Especial sobre la Encefalopatía Espongiforme Bovina, el Gobierno ha dado, de momento, un paso meramente publicitario en la lucha contra el mal de las vacas locas. Da la impresión de que ya se ha dado cuenta de lo que se le viene encima, pero no acierta a articular un plan coherente a medio y largo plazo. Incluso decisiones ya tomadas no acaban de ponerse en marcha, como es el caso del Comité de Seguridad Alimentaria, creado el 15 de diciembre, después de ser anunciado varias veces a lo largo del año y de cuya existencia nada se sabe.

En una sociedad tecnificada como es ya la española, bien haría el Gobierno en dotarse de instrumentos de asesoramiento solvente que le dieran tranquilidad y le permitieran concebir una política coherente a medio y largo plazo. El Comité Científico Director de la UE o su equivalente en Francia son ejemplos a seguir si no se quiere ir por detrás de los acontecimientos. La incorporación el viernes pasado de tres científicos al comité de crisis, formado hasta ese momento sólo por altos funcionarios de la Administración, es un paso en el buen camino. Pero no es momento de pequeños avances, sino de un cambio radical de política para afrontar el problema en su globalidad.

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