Un plan hidrológico nacional

Principios generales.

El agua dulce es el recurso escaso que más va a condicionar el desarrollo económico, social y medioambiental en las próximas décadas de los distintos países, particularmente en los situados en latitudes con riesgo de sequía cíclica y estructural, como es el caso del Estado español y en particular de la Comunidad Valenciana. Por ello, de su correcta gestión y utilización depende el que se puedan corregir o agravar los desequilibrios territoriales que existen en la actualidad.

En la actualidad la Comunidad Valenciana padece una serie de déficits hídricos estructurales en las tres provincias que se podrían cifrar en 80 Hm3 para la zona de la provincia de Alicante perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Segura y otros 80 Hm3 para la zona de la Confederación del Júcar, 100 Hm3 para Castellón y 50 Hm3 para Valencia. Nuestra Comunidad necesita agua pero no a cualquier precio; un PHN es más que necesario, imprescindible, pero teniendo en cuenta unos aspectos que a nuestro juicio no vienen reflejados en el anteproyecto presentado por el Gobierno. Estos aspectos serían, entre otros, los siguientes:

1. El agua, y por tanto la política hidráulica, debe estar al servicio de todos los seres vivos y especialmente de las personas. Por ello en toda actuación debe de haber una serie de estudios previos que valoren sus ventajas e inconvenientes desde todos los puntos de vista y, posteriormente, debe existir un debate social para valorar globalmente su interés.

2. Aunque exista una gran diversidad de agroclimas, en el Estado español se dan unas condiciones muy favorables de insolación y temperatura, pero es imprescindible el agua para producir alimentos. Este es un aspecto que debe tenerse en cuenta en la política hidrológica.

3. Sólo es agua la de calidad. La política de búsqueda de la calidad del agua debe ser siempre prioritaria, enfocada a garantizar los diferentes usos de la misma y ligada a la defensa del medio ambiente, y consecuentemente, al mantenimiento de la población al medio rural.

4. El agua debe considerarse como un recurso natural cuya explotación debe de estar ligada a la del territorio del que forma parte, y sólo debe de ser exportada de la cuenca por necesidades sociales de primer orden y previo acuerdo institucional y social de las partes implicadas.

5. La gestión del agua debe realizarse desde el ámbito de las Cuencas Hidrográficas.

6. La creación de las Sociedades Estatales de Infraestructuras Hidráulicas no nos parece una medida acertada, ya que pueden significar la entrada de capital privado en la gestión del recurso, hecho al que La Unió se opone así como a la creación de los denominados bancos de agua. Entendemos que es en el seno de las Confederaciones, de sus órganos de gobierno, donde se han de tomar las decisiones que afecten a la gestión del uso del agua, para que ésta mantenga su carácter de bien público.

7. El agua debe ser regulada. En un país fundamentalmente seco y torrencial debemos evitar seguir sufriendo los efectos de sequías e inundaciones como hasta ahora.

8. El agua es un bien de dominio público y, por ello, su gestión debe socializarse, encomendándola, además de a las distintas Administraciones, a los usuarios y a los legítimos representantes de los distintos sectores afectados por su uso, entre los cuales debemos estar las Organizaciones Profesionales Agrarias más representativas.

9. Esta socialización implica la democratización de los organismos de gestión y administración del agua, en especial las Juntas de Gobierno de las Confederaciones Hidrográficas y sus Juntas de Explotación, ya que son órganos en los que se adoptan regularmente decisiones que afectan de inmediato al buen o mal uso del agua. Los Consejos de Cuenca han de jugar un papel más relevante dentro de cada Confederación.

10. Se ha de acometer también el cambio de las actuales normativas de regulación del funcionamiento de las Comunidades de Regantes, preconstitucionales en su origen y antidemocráticas en su práctica. Se ha de cambiar el actual modelo de voto por hectárea, limitando el mismo a un máximo por usuario y garantizando, al menos, un voto por cada regante, y se debe poner freno al uso, vergonzoso en no pocas ocasiones, del voto delegado.

Una vez vistos estos aspectos hay que analizar cuales van a ser los usos que le vamos a dar al agua que necesitamos en la Comunidad Valenciana, al entender de La Unió estos usos deben reflejar el criterio de consolidación de población en el medio rural con el fin único de mejorar las rentas, sin crear expectativas tanto de nuevos usos, es decir, nuevos regadíos, como de usuarios de agua.

Somos conscientes de que la Política Agraria Comunitaria no estimula la creación de nuevos regadíos en estos momentos; sin embargo en muchas zonas de las cuencas con recursos propios sólo tienen posibilidad de sobrevivir si unimos su futuro al recurso agua. Asimismo no debemos obviar que las estructuras de regadío sirven también para garantizar el abastecimiento de las poblaciones rurales, la creación de industrias ligadas al medio rural e incluso para uso medioambiental. Es urgente la recuperación de humedales y acuíferos así como una utilización más sostenible del recurso agua utilizando todos los medios y alternativas técnicas disponibles.

La necesidad de un plan hidrológico nacional. La Unió de Llauradors i Ramaders lleva exigiendo desde hace muchos años un Plan Hidrológico Nacional. Este Plan debe tener una serie de objetivos y acciones muy claros:

1. Debe emprender acciones dirigidas a la obtención de un agua de calidad.

2. Debe mantener y mejorar el equilibrio y armonización no sólo entre las zonas de litoral y de interior de la Comunidad Valenciana sino con las posibles regiones cedentes de agua pues de esta manera se podrá conseguir una vertebración, teniendo en cuenta que el agua es un recurso natural y su explotación debe estar prioritariamente ligada al territorio del que forma parte.

3. Coordinar, consolidar y ampliar las competencias de las Confederaciones Hidrográficas, así como su democratización.

4. Satisfacer las demandas actuales, evitando generar nuevas demandas basadas en la oferta de agua.

5. La protección de acuíferos sobreexplotados, tomando medidas drásticas de reducción de extracción por debajo del volumen de recuperación; en este sentido las explotaciones familiares deberán ser tratadas en este proceso de forma especial para no ver reducidas sus dotaciones y para que de esta manera puedan continuar con su actividad. Además se deberá exigir el cumplimiento de los códigos de buenas prácticas agrarias para garantizar la salubridad de los acuíferos.

6. Contemplar como alternativa la depuración de aguas residuales con un máximo de calidad y su aprovechamiento posterior para la actividad agraria; también debería ser contemplada la desalación del agua del mar y la normativa que desarrolle su uso. Dicha normativa debe desarrollarse incorporando los criterios de la Directiva Marco en materia de aguas que liga el litoral a la zona de dominio de las propias cuencas hidrográficas. En este sentido todas las aguas desaladas deben regirse por criterios de concesión administrativa.

7. Acelerar el cumplimiento estricto de la Ley de Aguas referida al registro de aguas y catálogo general de aguas privadas.

8. Unificación de criterios de dotaciones de regadíos y otros usos.

9. El Plan Hidrológico Nacional y el Plan Nacional de Regadíos han de estar perfectamente coordinados. Es necesario proceder a la consolidación de los regadíos actuales y a la mejora de las conducciones de agua y canales de riego, ya que ello supondrá un importante ahorro del agua consumida. Esta medida ha de tener carácter de prioridad absoluta dentro del propio Plan Hidrológico Nacional.

10. El PHN ha de estar coordinado con el resto de Planes estratégicos del Estado, de forma especial con el Plan Energético Nacional.

11. Las nuevas infraestructuras, especialmente los embalses, deben de ir acompañados de Programas de Desarrollo Compensador para las zonas afectadas.

El anteproyecto de ley del PHN. El anteproyecto presentado por el Gobierno al Consejo Nacional del Agua no cumple los objetivos que La Unió entiende que debe contemplar un PHN. Esta propuesta de Plan tiene el peligro de generar nuevas demandas de agua a la vez que desequilibra el territorio.

Los análisis de las diferentes cuencas incluidos en los informes técnicos se han establecido desde diferentes puntos de vista para cada una de las cuencas, sin seguir un mismo hilo conductor lo cual nos hace dudar sobre el objetivo final que tiene este anteproyecto.

Resulta también llamativo que el programa de inversiones 2000-2008 a realizar en las diferentes cuencas ya está incluido en los diferentes planes de cuenca pero en la redacción del Plan no se establecen ni prioridades ni calendarios.

Esto nos lleva a rechazar la redacción del Plan, que no la necesidad imperiosa del mismo y solicitar una modificación profunda del anteproyecto de ley presentado que como mínimo debe tener en cuenta no sólo aspectos económicos, sino fundamentalmente, de equilibrio social, territorial, demográfico y medioambiental.

Uno de los componentes básicos del PHN debe ser asegurar en las cuencas de origen el cumplimiento de los compromisos históricos, de regadíos y abastecimientos futuros, así como el desarrollo de las obras necesarias para la regulación, saneamiento y depuración de las aguas.

Es imprescindible asegurar la calidad del agua en todas las fases de aprovechamiento, realizando auditorias externas que garanticen la correcta utilización en todo momento del agua.

Partiendo de la premisa de que el PHN ha de resolver los déficits estructurales que sufren el conjunto de cuencas, la solución pasaría por contemplar diversas alternativas que afectaran, por tanto, a diversas cuencas (Ebro, Duero, Tajo, etc.) complementadas con las medidas antes descritas (desalación, depuración y reutilización...). En este sentido un trasvase del Ebro hacia Castellón es muy acertado, pero tal vez se deberían estudiar y analizar con detenimiento otras opciones para paliar los déficits de las otras dos provincias de la Comunidad. Es posible que para cubrir dichos déficits nos encontremos con opciones más económicas tanto en creación de infraestructuras como en el precio final del agua.

José Ramón Urbán Miquel es responsable del Agua de La Unió de Llauradors-COAG