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LA OFENSIVA TERRORISTA

El Gobierno condecora al policía franquista Manzanas e indemniza a la familia de Brouard

La concesión por parte del Consejo de Ministros de la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo al ex jefe de la Brigada Político-social de San Sebastián Melitón Manzanas, en aplicación de la Ley de Víctimas del Terrorismo, aprobada por unanimidad en octubre de 1999, originó ayer un gran revuelo. La izquierda y los nacionalistas expresaron su indignación al recordar que el condecorado, asesinado por ETA, fue un torturador del franquismo. El Gobierno también aprobó ayer una indemnización para la familia del dirigente de HB Santiago Brouard, asesinado por los GAL.

El reconocimiento público del inspector Melitón Manzanas refrescó ayer la memoria a numerosos demócratas, especialmente en Euskadi, sobre las acciones de la primera víctima intencionada de ETA, jefe de la policía política de Franco, que torturó a numerosos antifranquistas y que fue asesinado a la puerta de su casa en agosto de 1968.

La concesión de la condecoración a Manzanas se ajusta a los requisitos exigidos por la Ley de Víctimas del Terrorismo, que establece que sus beneficiarios son todos aquellos que perdieron la vida o sufrieron heridas como consecuencia de ataques perpetrados por 'persona o personas integradas en bandas o grupos armados o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana'.

La ley establece que las víctimas o sus familiares podrán percibir una indemnización -hasta de 23 millones en caso de muerte-, así como la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, por solicitud ante el Ministerio de la Presidencia. La ley fijó el 1 de enero de 1968 la fecha a partir de la cual las víctimas del terrorismo tenían derecho a indemnización y condecoración.

El portavoz del Gobierno, Pio Cabanillas, recordó ayer que Manzanas reunía estos requisitos. De hecho, los familiares de Manzanas ya percibieron la indemnización prevista por la ley, 23 millones, en marzo del año pasado, cuando la solicitaron. También recordó Cabanillas que en aplicación de la misma ley, los familiares del dirigente de HB Santiago Brouard, asesinado por los GAL en noviembre de 1984, habían recibido hace tan sólo dos días la indemnización de 23 millones que habían reclamado. El portavoz del Gobierno recalcó que también podían ser beneficiarios de las ayudas familiares de etarras que fallecieron por los GAL.

La concesión de esta medalla a Manzanas originó la indignación de los partidos, especialmente del PSOE, PNV e Izquierda Unida (IU), que recordaron la condición de 'torturador franquista' de Manzanas y acusaron al Gobierno de insensibilidad política. El PNV calificó de 'provocación en toda regla' esta concesión y pidió la comparecencia del ministro del Interior, Jaime Mayor, en el Congreso. El coordinador de IU, Gaspar Llamazares, reclamó la reforma del reglamento para evitar casos parecidos. El portavoz de CiU, Jordi Jané, dijo que 'se entiende mal la medalla de víctima del terrorismo a una persona que ejerció la violencia' y apuntó que el Gobierno debía haber buscado la complicidad con las fuerzas democráticas antes de tomar una decisión de tal calibre.

El portavoz del PSOE, Jesús Caldera, dijo que en el 'orden moral' no todas las víctimas del terrorismo tienen el mismo derecho al reconocimiento porque 'Manzanas era un representante policial al servicio de un regímen que ahogaba las libertades'. Los socialistas trasladaron su malestar al Gobierno y protestaron por no haber sido consultados antes, informa Anabel Díez.

El ministro del Interior conversó con un portavoz socialista y le aseguró que el Gobierno no tuvo intención política alguna en dicha concesión, que se limitó a cumplir la ley, una vez que se comprobó que los familiares de Manzanas habían cumplido todos los requisitos. Y que, incluso, ignoraba personalmente que fuera a concederse esta medalla.

El portavoz del Gobierno responsabilizó de esta decisión al Parlamento, que fue quien aprobó la ley por unanimidad. Uno de los participantes en la negociación de la ley recordó ayer que se gestó durante la tregua de ETA, en un clima de consenso político y con el único objetivo de reconocer a las víctimas del terrorismo, olvidadas durante años. También recordó que el PNV planteó que la fecha de aplicación de la ley no fuera desde 1968 -cuando ETA empezó a matar- sino desde el comienzo de la democracia o incluso desde el inicio del régimen franquista.

El PP se opuso a ambas fórmulas y al final, en aras del consenso, se acordó fijar la fecha desde enero de 1968, pero ampliándola no sólo a las víctimas de ETA sino a las de todo tipo de terrorismo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 20 de enero de 2001

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