El juez halla nuevas pruebas inculpatorias en el 'caso AGT'
El titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona,Adolfo Fernández Oubiña, ha reabierto las investigaciones de la constructora AGT al recibir pruebas y documentos que podrían demostrar que el ex diputado socialista y ex propietario de la empresa, Luis García Sáez, ocultó más de 1.000 millones de pesetas que no están recogidos en la suspensión de pagos que presentó en 1997.
Fuentes judiciales explicaron ayer que García Sáez desvió este dinero a sociedades inexistentes o instrumentales. El nuevo propietario de la compañía, Joan Pujol, presentó la semana pasada en el juzgado unos documentos en los que se demostraba que se habían traspasado cantidades de dinero a sociedades supuestamente ilegales y que además había firmado numerosos cheques al portador, que se ingresaba él mismo, por valor de unos 140 millones de pesetas.
Fuentes cercanas a la actual AGT reconocieron que estos 1.000 millones no se encuentran contabilizados en el balance de la suspensión de pagos, con lo que 'no afecta a los créditos de los acreedores de la empresa'.
A raíz de la presentación de estos documentos, el juez dictó el pasado día 14 una resolución por la que ordenaba que se investigara la comisión de delitos societarios. De esta forma, el juez anula el auto que dictó el año pasado en el que daba por finalizada la instrucción y reducía las 15 imputaciones iniciales al ex diputado socialista y sus dos socios en AGT por un supuesto delito de insolvencia punible.
Cristóbal Martell, abogado de García Sáez, calificó ayer la resolución judicial como 'un dislate procesal' que atribuyó a la 'imprudencia' del nuevo administrador para 'tapar sus impudicias'. El defensor considera que el balance de la sociedad sigue siendo equilibrado y que los documentos aportados no revelan que hubiera delito societario.
