Viaje a la libertad de una familia kurda

Esta historia comenzó hace 10 años en el Kurdistán turco y terminó ayer en el aeropuerto de Barajas. A las dos de la tarde, un enjambre de periodistas enfocaba sus flases hacia una mujer y cuatro niños de aspecto atemorizado. Ella tenía 28 años, llevaba la cabeza cubierta y mostraba un semblante digno y severo. Los muchachos, tres varones y una chica, tenían 14, 9, 6 y 3 años. Tras nueve días en la sala de retenidos del aeropuerto, la Audiencia Nacional acababa de otorgarles una autorización para residir en nuestro país durante tres meses, mientras se tramita su petición de asilo político.

Hace 10 años, el Ejército turco y los independentistas del PKK libraban una guerra a muerte en el Kurdistán. Ahmet Kemres era un campesino de 25 años que, junto a su familia, cuidaba los rebaños y trabajaba las tierras de un agá (terrateniente turco). Vivían con su clan en la aldea de Inali, un conglomerado de casas de adobe con techos de paja y barro sobre los que en invierno ponían a secar algunos frutos y en las noches de verano se echaban a dormir para aliviar el calor.

Como muchos otros campesinos, Ahmet colaboró con la guerrilla. Pronto se encontró entre dos fuegos. Por un lado, el Ejército le exigía que delatara a sus compañeros. Por el otro, el PKK le pedía que entregara un hijo a la causa. Optó por huir.

Según su propio relato, llegó a Francia y solicitó asilo político, pero se lo negaron. Durante ocho años mantuvo su petición, sin resultado. En ese tiempo realizó varios viajes clandestinos a Turquía. Fruto de aquellas escapadas son sus tres hijos menores (dos niños y una niña), que se sumaron a las dos chicas (que hoy cuentan 16 y 13 años y se han quedado en Turquía) y al chico (14 años) que formaban su familia cuando tuvo que huir. Hace dos años se acogió a un proceso de regularización y consiguió permiso de trabajo y de residencia. Trabaja como mecánico de coches en París.

Al principio, su esposa, Fadime, continuó viviendo en la casa de Inali. Pero hace siete años el Ejército turco decidió acabar con el semillero de guerrilleros que eran estos pueblos y quemó su aldea. Entonces tuvo que trasladarse, como tantos otros desfavorecidos, a un barracón de madera situado en los arrabales de la ciudad de Barto, en la provincia de Mus. En diciembre, el Ayuntamiento ordenó derribar las chabolas. Además, su hijo mayor, Necip, fue detenido por la policía tras participar en una algarada del partido nacionalista kurdo Hadep, de carácter moderado. Ayer, en el aeropuerto, el chico mostraba a las cámaras las cicatrices de las torturas que, según afirma, le infligieron los gendarmes.

Ahmet no podía llevar a su familia a Francia porque carece de un papel que certifique su matrimonio. Las costumbres del Kurdistán permanecen al margen de la ley. Las uniones suelen ser concertadas entre las familias, que simplemente piden permiso al agá correspondiente. Cuando se casaron, Ahmet tenía 18 años, y Fadime, 11. Dio a luz a su primera hija a los 12 años.

Ahmet y Fadime se pusieron en contacto con los karchachi, la mafia que controla el tráfico de personas en Turquía. A cambio de 5.000 dólares (casi 900.000 pesetas) le proporcionaron pasaporte y pasajes de avión desde Ankara hasta La Habana. Según les dijeron, el aparato haría escala en Francia. Pero se posó en España.

En cuanto tuvo noticia de que su familia se hallaba en el aeropuerto de Barajas, Ahmet se trasladó desde Francia. Durmió en un coche hasta que logró entablar contacto con la comunidad kurda en Madrid. Mientras tanto, Fadime ya había solicitado asilo político. El Ministerio del Interior no lo admitió a trámite. Su abogado de oficio, Luis Vidal, pidió un nuevo examen del expediente, pero su solicitud fue rechazada. Entonces solicitó ante la Audiencia Nacional medidas cautelares para evitar la devolución de la familia a Turquía en tanto se resuelve el contencioso administrativo sobre la petición de asilo. La Audiencia permitió la entrada en España de los viajeros, que se fundieron en un abrazo con Ahmet.

Manuela Cornejo, portavoz del Comité de Solidaridad con Oriente Próximo, que se hizo cargo de los recién llegados, declaró que el proceso durará más que los tres meses de estancia en España concedidos por los jueces: 'A partir de ese momento estarán en situación irregular, que tratarán de normalizar por el Régimen General de Extranjería'.