El Ministerio de Trabajo reclama 231 millones a Educación por deudas a la Seguridad Social

El Ministerio de Trabajo acaba de arrojar un jarro de agua fría sobre 'los métodos de control de empleo y seguridad social' empleados por la Consejería de Educación valenciana en las contrataciones de los monitores o educadores de comedor. Tres actas de la Inspección de Trabajo, remitidas a la consejería el pasado 29 de diciembre, reclaman a Educación una deuda de más de 231 millones de pesetas en concepto de la liquidación de las cuotas de la Seguridad Social de entre 1.100 y 1.393 trabajadores que prestaron sus servicios en diversos colegios públicos de la provincia de Valencia, entre octubre de 1998 y mayo de 2000.

La Consejería de Educación, que dirige Manuel Tarancón, tiene diez días hábiles para liquidar la deuda. De no pagar en este plazo se activará el proceso sancionador que marca la legislación tributaria. Las actas 'son una sanción en firme', sostienen los servicios jurídicos de la federación de enseñanza Fete-UGT de la Comunidad Valenciana, que tramitó los casos individuales y solicitó en 1999 la apertura de una investigación a la Inspección provincial de Trabajo, para comprobar la situación laboral de más de un millar de monitores y educadores.

Las reuniones sostenidas desde entonces por los inspectores con distintos responsables de los Servicios Territoriales, la Dirección General de Centros y la Dirección General de Personal 'a fin de que se procediera a la regularización en materia de afiliación, alta y cotización de los trabajadores fueron', según detallan las actas, 'totalmente infructuosas en cuanto a este objetivo'.

El secretario general de la federación de enseñanza valenciana, Gonzalo Castillo, adelantó ayer que el caso será llevado a magistratura y precisó que, 'tras consultar con los servicios jurídicos del sindicato en otras comunidades como Aragón y Madrid, esta situación es, quizá, única respecto al resto de autonomías'. Durante la investigación se han detectado al cruzar los datos 'incompletos' proporcionados por Educación con los del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que 'aparecen 113 casos de personas que presumiblemente cobran además del subsidio por desempleo'.