El Gobierno asegura que ignoraba el uso del uranio aunque lo sabían los militares españoles

El Ministerio de Defensa difundió ayer dos notas para justificar por qué en los escritos remitidos al Congreso el 22 de septiembre de 1999 y el 26 de mayo de 2000, en respuesta a preguntas de IU, se aseguraba que el Gobierno desconocía el uso de uranio empobrecido en los bombardeos de Kosovo, un dato que EE UU había comunicado a los países aliados, incluida España, el 30 de junio de 1999.

En esta última fecha, según la primera nota oficial, la Junta de Jefes de Estado Mayor de EE UU comunicó al comandante supremo de la OTAN en Europa, Wesley Clark, la utilización de este tipo de munición por parte de las fuerzas norteamericanas. Éste, a su vez, agregaba la nota, informó al mando de las tropas en Kosovo, trasladándose posteriormente la comunicación a los jefes de las unidades sobre el terreno, incluido el español.

'De los datos mencionados se deduce que toda la información sobre este asunto fluyó a través de los canales de mando militar, en cuanto que era de interés para las operaciones, pero no se comunicó a los Gobiernos de la Alianza, por no considerarse relevante a otros efectos', concluía.

En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro portavoz, Pío Cabanillas, se limitó a leer el escrito del Ministerio de Defensa y no explicó si los militares españoles informaron a sus superiores políticos sobre este asunto. Tampoco aclaró por qué el Gobierno no les preguntó cuando tuvo que responder a las preguntas del Parlamento. 'No puedo informar de nada más, [ésta] es toda la información que puedo compartir', zanjó la cuestión, ante la insistencia de los periodistas.

La segunda nota oficial difundida ayer por Defensa insistía en que 'no se comunicó al Gobierno español el uso de la munición mencionada'. No obstante, aunque se presentaba como una 'ampliación a la información suministrada', corregía a la anterior en un importante aspecto. Según la primera nota, tras recibir la información de EE UU, a través de la cadena de mando de la OTAN, la agrupación española en Kosovo 'solicitó el concurso de un equipo de detección nuclear bacteriológico y químico (NBQ) del que dispone la Legión, el cual, realizadas las pertinentes actuaciones en la zona apreció niveles de radiación inocuos para la salud humana'.

Sin embargo, en la segunda nota se decía que el envío de este equipo no se debió al aviso de EE UU sino a la aplicación de una directiva de la OTAN de 1996 que 'se lleva a cabo normalmente con regularidad'. La cronología hacía imposible la primera versión, pues el aviso de la OTAN llegó el 1 de julio de 1999 y las tropas españolas se desplegaron el 29 de junio, en teoría tras haber verificado que los niveles de radiación eran normales.

No se explica por qué toda esta información no se facilitó al Parlamento en respuestas tan posteriores como las de 26 de mayo, 4 y 26 de julio y 27 de octubre de 2000. En la primera de ellas se anunciaba el inminente envío a la zona de un equipo de expertos del que no ha vuelto a saberse.

El ex diputado de IU Willy Meyer, a quien el Gobierno dijo por escrito en 1999 que ignoraba el uso del uranio empobrecido, calificó de 'gravísima, preocupante e insólita' la explicación ofrecida ahora. 'Que el propio Gobierno de la Nación reconozca que esto fue realizado y consultado en ámbitos militares sin que el Gobierno fuera informado, me parece que no es propio de un país democrático, en donde la preeminencia del poder político está por encima de lo militar', declaró a Europa Press.

Eludir responsabilidades

El portavoz del PSOE en la Comisión de Defensa del Congreso, Jordi Marsal, consideró 'muy lamentable' que 'los responsables políticos, que son los últimos responsables, traten de sacarse de encima responsabilidades diciendo que la culpa es de los subordinados'. En declaraciones a Europa Press, agregó que sería 'extremadamente grave' que los mandos militares no hubieran comunicado a los Gobiernos esta información, pero aunque fuese así, lo que cuestionó, habría 'una responsabilidad política por permitir que se diera esta situación'.

Por otra parte, el diputado de Iniciativa per Catalunya-Verds Joan Saura presentó ayer una proposición no de ley para que la OTAN cese en el uso de munición con uranio empobrecido y se responsabilice económicamente de sus efectos en la población civil. Euromil, una asociación que agrupa a 26 asociaciones militares de 19 países europeos, incluida España, se sumó a las peticiones para prohibir este tipo de armamento y reclamó una investigación internacional independiente que restablezca 'la confianza de los militares en sus responsables políticos'.