Cardenal afirma que las supuestas asesinas de Cádiz saldrán a la calle con vigilancia policial

Raquel C.T. e Iria S.G., de 16 y 17 años, respectivamente, supuestamente mataron a puñaladas en mayo del año pasado en la ciudad gaditana de San Fernando a su compañera de instituto después de llevarla a una zona apartada de la localidad.

Cardenal explicó ayer que la puesta en libertad de las dos acusadas se producirá mañana sábado porque ya ha transcurrido el plazo máximo de seis meses de internamiento provisional previsto en la Ley del Menor para estos casos. 'El fiscal', dijo, 'debe pedir que salgan del centro carcelario en el que se hallan e interesar del juez una medida de libertad vigilada para que estas menores estén permanentemente controladas por un policía y con los medios que se consideren adecuados para ello'.

El fiscal general del Estado expresó su confianza en que el juicio por este caso se celebre cuanto antes. 'No creo que vaya a tardar mucho, porque la causa es bastante sencilla'. 'En un caso tan grave como éste', añadió Cardenal, 'se puede pedir hasta 8 años de internamiento. Podrán salir 15 o 20 días hasta que se celebre el juicio y volverán otra vez a un centro cerrado, eso sí, para cumplir no una pena, sino una medida de internamiento como corresponde a su edad', informa Europa Press.

Los que sigue son otros casos de brutales homicidios con implicación de menores que saldrán en libertad o verán modificada su situación:

- El parricida de la catana. El 2 de abril del año pasado, J. R. P., de 16 años, causó la alarma en la sociedad con el asesinato de sus padres y su hermana, afectada del síndrome de Down. El arma utilizada fue una catana, una espada de samurai. Él mismo confesó todos los detalles de su crimen, cuyo móvil, según sus propias palabras, fue que 'quería vivir una experiencia distinta, estar solo'. La noche del crimen durmió vestido y con la espada junto a él. Se levantó a las cuatro de la madrugada y asestó a su padre 16 o 17 sablazos, y después lo hizo con su madre y su hermana. Huyó, y dos días después fue detenido en Alicante.

Tras nueve meses de prisión provisional, el juzgado número 1 de Murcia ordenó el martes pasado su traslado a un centro de internamiento de menores tutelado por la administración, informa Antonio Aguilar. J. R. P. se encontraba desde el pasado mes de abril en el módulo de enfermería de la prisión murciana de Sangonera acusado del triple parricidio.

La decisión de su traslado se ha producido a petición de la Fiscalía de Menores de Murcia, que se ha anticipado unos días a la entrada en vigor de la nueva ley debido a las especiales características del caso, y a la espera de la comparecencia que deberá celebrarse en el Juzgado de Menores de Murcia en el plazo de 48 horas, a partir de mañana, para decidir si se mantiene la medida de internamiento o es puesto en libertad.

- El crimen de Bajamar. El 28 de junio de 1998, Mahy Medina Monzón, que acababa de cumplir 17 años, asesinó al niño de seis Jacobo Yanes I. en la zona de Bajamar, municipio de La Laguna, en Tenerife. El joven se había escapado, como en otras 10 ocasiones anteriores, del centro semiabierto en el que permanecía bajo la tutela de la Dirección General de Protección del Menor.

Según se puso de manifiesto durante el juicio con jurado, el asesinato del pequeño Jacobo Yanes tuvo unas características especialmente brutales, puesto que le clavó 16 veces unas tijeras y, como aún seguía vivo, lo remató con una piedra de 20 kilos de peso, con la que aplastó la cabeza de la víctima.

El joven fue condenado el pasado mes de junio a 10 años de prisión por asesinato con alevosía y ensañamiento y a seis meses por agresión sexual, aunque con el atenuante de ser menor de edad y de trastorno de la personalidad.

En cuaquier caso, Mahy Medina saldrá mañana de la prisión Tenerife II con la entrada en vigor de la Ley del Menor, lo que ha obligado a las autoridades judiciales y al Gobierno de Canarias a tomar medidas especiales de seguridad ante la alarma social que puede crear, informa Estela Crespo.

Con la nueva legislación, se le aplicará la pena máxima prevista en la norma, ocho años en un centro cerrado, además de otros cinco años de libertad vigilada, aunque se descontarán los dos años y medio que ya ha pasado en la penitenciaría desde que fue detenido.

La directora de Protección del Menor y la Familia del Gobierno canario, Esperanza Sastre, ha confirmado la intención de trasladar a Mahy Medina a un centro de internamiento de la Península, aunque todavía no se ha determinado la fecha del traslado ni el lugar en el que será internado.

Mientras tanto, mañana será conducido desde la prisión al centro cerrado de Valle Tabares, en La Laguna, las únicas instalaciones de este tipo que existen en toda Canarias y que serán reforzadas, según Sastre, con seguridad externa.

El centro sólo cuenta en la actualidad con dos vigilantes, uniformados pero no armados, y la intención del Ejecutivo canario es pedir apoyo al Cuerpo Nacional de Policía, no tanto para el control interno de los menores recluidos, como para evitar posibles conflictos originados por la previsible presión de los familiares de la víctima.

Junto con Mahy Medina está previsto que otros ocho jóvenes en régimen preventivo sean internados mañana en Valle Tabares, aunque es la salida de prisión del asesino de Bajamar la que mayor conmoción ha provocado en el archipiélago canario.