La Comunidad asegura que en España hay numerosos reformatorios de gestión privada

La asociación Cicerón, que regentará el nuevo reformatorio de San Vicente, no tiene ninguna experiencia en ese campo, ya que fue creada hace sólo un año, tras la publicación de la nueva Ley Penal del Menor, que entra en vigor el próximo día 13. Su portavoz, Pedro Rodrigo, define la entidad como 'una empresa sin ánimo de lucro creada por un grupo de expertos a partir de la aprobación de la nueva ley porque pensamos que en los centros de reforma había mucho que hacer'.

Rodrigo destaca que, pese a su reciente creación, la capacidad profesional de la entidad 'está acreditada' porque entre sus miembros 'hay médicos, juristas, criminólogos y otros expertos en el trabajo con jóvenes privados de libertad'.

Uno de los miembros del consejo asesor de Cicerón es Mercedes Jabardo, directora de Instituciones Penitenciarias durante el mandato del PSOE, de 1992 a 1994, que también dirigió el centro de jóvenes de Alcalá de Henares. En septiembre, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, concedió a Jabardo la medalla de oro al mérito penitenciario. Ella se encarga de la formación del personal que trabajará en San Vicente.

El presidente de Cicerón es Enrique de la Morena, médico de la Fundación Jiménez Díaz, y la futura directora del reformatorio será, según Rodrigo, una antigua directora de la cárcel de mujeres de Valencia.

Esta entidad ha presentado sus proyectos de gestión de reformatorios a los gobiernos autonómicos de Valencia, Madrid, Andalucía y Galicia. Por ahora sólo ha requerido sus servicios el gobierno regional madrileño, del PP; que ha firmado con la entidad un convenio de colaboración por un año para que regente este reformatorio, el cuarto de la región y el primero en manos privadas. La plantilla de este centro de 30 plazas, situado en la Ciudad Escolar de San Fernando, en el kilómetro 12 de la carretera de Colmenar, estará formada por una directora, una subdirectora, un criminólogo, un psicólogo, un trabajador social, cuatro educadores, 18 monitores y seis vigilantes.

El centro debe abrir el 13 de enero porque, con la nueva ley, que eleva a los 18 años la edad de ingreso en prisión, deben ser excarcelados y previsiblemente trasladados a reformatorios 29 chicos de 16 a 18 años que cumplen prisión preventiva en penales madrileños.

La Ley del Menor permite que entidades privadas sin afán de lucro, nunca empresas con objetivos de beneficio, regenten centros de reforma. La responsable del área de menores en conflicto del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF), Rosa Berian, asegura que todas las comunidades autónomas, menos Cataluña y Madrid (hasta ahora), tienen sus centros de reforma gestionados por entidades privadas.

Sin embargo, Ana González, secretaria de Política Social de CC OO-Madrid, duda de que Cicerón sea una entidad sin ánimo de lucro. 'Una cosa es una ONG o un agente social que lucha a favor de los derechos del colectivo con el que trabaja, en este caso los menores, y otra una empresa de servicios, como yo creo que es Cicerón', asegura.

González también critica que la Comunidad haya optado por contratar el servicio con Cicerón en vez de sacarlo a concurso público, 'algo mucho más transparente'. 'El Gobierno regional ha actuado así por precipitación porque, pese a tener un año para crear los recursos que le exigía la Ley, no lo ha hecho hasta el final', añade.

El secretario ejecutivo de UGT-Madrid, Fernando Sánchez, considera que este nuevo servicio 'se ha adjudicado a dedo porque, que sepamos, no se ha convocado ningún concurso público', según Europa Press.

Las obras de adecuación del edificio que albergará el reformatorio no se iniciaron hasta el 2 de enero y el anuncio pidiendo personal para él se publicó en prensa el 31 de diciembre.

En dicho anuncio la entidad contratante se anunciaba como una 'empresa en expansión', definición aparentemente poco compatible con una asociación sin ánimo de lucro. Pero el portavoz de Cicerón, Pedro Rodrigo, indica que esa definición se la aconsejaron los publicistas para dar énfasis a su oferta. De hecho, recibieron un millar de currículos, de los que 200 pasaron a la fase de entrevistas.

En el anuncio se ofrecía también 'alta retribución económica'. Pero a los candidatos a las 18 plazas de monitores educacionales se les ofrece un sueldo bruto de 1.900.000 pesetas anuales por 38 horas semanales de trabajo. Rodrigo matiza que 'ése es el sueldo base, al que hay que añadir incrementos por incentivos y pluses según la calidad del trabajo'.

Protestas en San Fernando

Ayer, el claustro de profesores del instituto de educación secundaria (IES) de San Fernando, situado a unos quinientos metros del futuro reformatorio, protestó por la apertura de este centro para menores autores de delitos en un recinto educativo como la Ciudad Escolar de San Fernando. Los alumnos pararon durante dos horas.

La gerente del IMMF, Esperanza García, negó que los menores internados en el futuro reformatorio vayan a provocar conflicto alguno en la zona. 'El centro va a ser cerrado y con medidas de seguridad y, además, en la finca de Puerta Bonita de Carabanchel, donde hay numerosos centros educativos, regentamos desde hace años otros dos centros de reforma, el Madroño y el Renasco, y no ha habido problemas', afirma.

García considera que el instituto tiene la infraestructura necesaria para aplicar la nueva ley. También indica que para finales de febrero se abrirán cinco nuevos centros de día (ahora existe uno), uno de ellos con 15 plazas para chavales con trastornos de conducta graves. En estos centros de día se cumplirán algunas de las medidas educativas y de reinserción social alternativas al internamiento que instaura la nueva ley.

San Vicente será el cuarto reformatorio de la región, donde existen otros tres centros de internamiento de menores, El Madroño, Renasco y Altamira (semiabierto), con 47 plazas. El Defensor del Pueblo recomendó en 1997 el cierre del Renasco por tratarse de un recinto obsoleto: un angosto semisótano de un edificio decimonónico con humedades. Pero por ahora no hay propósito de cerrarlo, según aseguró ayer García.

En las prisiones de la región están ingresados 32 jóvenes de 17 y 18 años (29 preventivos, es decir, pendientes de juicio, y tres penados). La ley obliga a excarcelar a los 29 preventivos y a revisar su situación. Para evaluar los casos de los penados hay un plazo de dos meses.

El edificio que ocupará el reformatorio de San Vicente era, hasta el pasado 4 de enero, una residencia para niños desamparados del IMMF. Ese día, el instituto trasladó a los 40 niños que vivían en ella a otro centro cercano. Sus educadores han presentado una queja al defensor del Menor, Javier Urra, denunciando la 'precipitación' del instituto, ya que informó de la mudanza sólo dos días antes de ejecutarla. También consideran que el nuevo recinto no es adecuado porque no permite el trabajo en pequeños grupos.