Las ONG rechazan ahora que los disminuidos paguen las residencias según su renta familiar

Nueva vuelta de tuerca. El Consejo de Representantes de Minusválidos (Cermi), que agrupa a numerosas asociaciones madrileñas, ha dado marcha atrás al acuerdo alcanzado el 13 de diciembre con la consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez, por el que aceptaban su plan de contabilizar la renta familiar para fijar el precio de los centros de día y residencias para discapacitados. Ahora, el Cermi vuelve a su postura inicial, previa a aquella firma, y reclama a Martínez que "retire" su proyecto. La consejera da por válido el acuerdo y asegura que seguirá adelante con el sistema de tarifas diseñado.

Cambio de postura

"Un acuerdo es un acuerdo y hay que respetarlo", asegura la consejera. "Damos por bueno lo pactado el 13 de diciembre y, tal y como nos comprometimos, estamos desarrollando el sistema de tarifas. Cuando lo tengamos listo demostraremos que, con él, los discapacitados que cuenten con menos recursos saldrán ganando", añadió.El Cermi acepta que las 8.500 familias de discapacitados mayores de 18 años, la mayoría psíquicos, atendidos en residencias y centros de día paguen por estos servicios. Pero la mayor parte de las siete asociaciones que lo integran proponen que, en vez de gravarse la renta per cápita familiar, se pague un porcentaje sobre la pensión que percibe el minusválido. La consejera replica que, con el sistema que propugnan las asociaciones, los disminuidos de familias más humildes "tendrían siempre que pagar algo, mientras que con nuestro método les saldrá gratis".

Pero las ONG consideran que es Hacienda la que debe retener más a quien más tiene, no los servicios sociales. Ponen como ejemplo la enseñanza, gratuita para pobres y ricos, y matizan que si se piden las declaraciones de la renta tendrán más facilidades para esconder ingresos quienes no dependan de una nómina.

El proyecto de la Comunidad plantea que los discapacitados aporten en las residencias el 75% de su renta per cápita familiar (el total de ingresos, dividido por el número de miembros del hogar y por 12 meses) y el 37,5% en los centros de día y ocupacionales. Por ejemplo, en una familia de tres miembros con ingresos totales de 300.000 pesetas, la renta per cápita sería de 100.000 pesetas. Pero en este sistema de tarifas habrá excepciones para las familias de bajos ingresos, a las que estos servicios les saldrán gratis. Por ejemplo, aquéllas que con tres miembros ganen menos de 120.000 pesetas.

En una semana, el Cermi ha cambiado tres veces su postura sobre cómo fijar estos precios. En realidad, el viraje se ha producido en uno de sus miembros, la Federación de Organizaciones y Personas con Retraso Mental (Feaps), la más afectada por las nuevas tarifas, ya que los discapacitados psíquicos son los que deben recurrir con mayor frecuencia a residencias y centros de día.

El pasado día 11, el Cermi decidió oponerse al proyecto de Servicios Sociales. Dos días después, durante una reunión en la consejería, cambiaron de postura y apoyaron el plan del Ejecutivo. Fue la presidenta del Cermi, María Luisa Ramón-Laca, quien dio una respuesta afirmativa cuando la consejera preguntó si había acuerdo. El resto de los vocales calló y su silencio se entendió como un apoyo al pacto.Ramón-Laca entonó el mea culpa: "La consejera nos convenció de que pagar según la renta familiar era más beneficioso para los discapacitados con menos recursos que abonar un porcentaje de la pensión, porque, como se prevén numerosas exenciones por bajos ingresos, a muchos les saldría gratis. Admito que no debíamos haber variado la postura decidida por nuestras bases".

Al difundirse el acuerdo surgieron las protestas. El presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, fue abucheado en el pleno de la Asamblea, el pasado jueves, por 60 familiares de discapacitados. El mayor revuelo se montó en la Feaps, cuya directiva está dividida.

Todo este mar de fondo desembocó en la decisión del Cermi del pasado martes, cuando optó por anular el acuerdo con la consejería. En la reunión estuvieron seis de las siete asociaciones del Cermi: cinco votaron a favor del golpe de timón y una se abstuvo. Ramón-Laca presentó su dimisión, pero ésta fue rechazada.

La decisión de que los minusválidos paguen según sus rentas por servicios que en parte reciben ahora de forma gratuita se basa en el Plan Regional de Discapacidad, consensuado con las asociaciones de afectados. El objetivo final es que todos los disminuidos físicos y psíquicos y sus familias (salvo los de rentas muy bajas) aporten dinero (1.300 millones en total) para, junto con otros 26.000 millones que pondrá la Comunidad, contratar los centros de día, residencias y centros ocupacionales regentados en este momento por asociaciones.

Hasta ahora, la red de atención a minusválidos estaba formada por centros públicos gratuitos y por centros privados de asociaciones en los que había que pagar, ya que las subvenciones no cubrían gastos. El propósito es unir ambas redes en una sola.