Los sindicatos rechazan los servicios mínimos en la huelga de funcionarios
Los servicios mínimos que se aplicarán en la huelga de 24 horas a la que están convocados los empleados públicos se han decretado sin el acuerdo sindical. Esos servicios pretenden garantizar la atención en lo que se considera esencial para la comunidad y obligan a trabajar a más del 50% del personal de los centros de urgencia y atención sanitaria. Los sindicatos convocantes, CC OO, UGT, CSIF y centrales sectoriales, los consideran excesivos.
Dos millones de empleados públicos están convocados mañana a una huelga en rechazo del aumento salarial del 2% decidido por el Gobierno para el año que viene. A ese aumento, recogido en los Presupuestos Generales del Estado para la Administración Central, tiene que acogerse el conjunto de las administraciones autonómicas y locales, así como los organismos dependientes. Este conflicto se produce después del fracaso de las reuniones negociadoras y una vez que el Gobierno ha desoído la demanda de los sindicatos consistente en un aumento salarial del 4,7%, junto al reconocimiento al derecho a la negociación colectiva y a la cláusula de revisión salarial.
Las administraciones públicas y los sindicatos no han conseguido lograr acuerdos en relación a los servicios mínimos que se aplicarán en esta jornada de huelga. Salvo algunas excepciones, se ha impuesto el criterio de los responsables públicos y por ello las centrales sindicales van a impugnar los decretos con los que no están de acuerdo.
"Nosotros convocamos la huelga y ellos, con estos servicios mínimos, pretenden desconvocarla", asegura Ángel González, secretario de organización de la federación de servicios públicos de UGT. Este sindicato, que convoca el paro junto a CC OO, CSIF y distintas centrales sectoriales y territoriales, cree que la negociación de los servicios mínimos ha sido ahora más complicada que en anteriores conflictos.
Cada administración autonómica y local tiene capacidad para fijar sus servicios mínimos. En todo caso, hay unas directrices comunes en referencia a los servicios esenciales para la comunidad que pretenden prestar una atención suficiente a la población en seguridad ciudadana, sanidad, suministro de agua y el conjunto de urgencias.
En cuanto a las razones de fondo del conflicto, el sueldo de los funcionarios es una de las principales. Según datos de UGT, el poder adquisitivo de los empleados públicos ha bajado 4,1 puntos desde 1996. Entre 1992 y este año, la pérdida de poder de compra se eleva a 12 puntos, con dos congelaciones salariales: una en 1993 y otra en 1997.
Este año, la subida salarial ha sido del 2%, idéntica a la que fijan los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene. Los sindicatos rechazan esta pretensión porque la inflación ha alcanzado ya el 4%.
Los salarios de la función pública varían en aplicación de las cinco categorías en que se dividen. Las dos primeras, A y B, corresponden a subdirectores generales, consejeros técnicos, jefes de servicio y de sección. Pero es en las tres últimas donde se aglutina la mayoría. Un funcionario D (es decir, una secretaria o un auxiliar) ha cobrado este año un sueldo bruto anual de 2.041.550 pesetas (incluidas pagas extraordinarias). Descontados los impuestos y las cotizaciones sociales, esto supone un salario mensual de 116.660 pesetas. Los que se encuentran un peldaño por arriba (jefes de servicio y de sección, a los que corresponde la clase C) ganan 2.654.420 pesetas anuales. Descontada la carga fiscal, han cobrado 151.681 pesetas al mes. Empleados como los conserjes son los que tienen la nómina más ajustada: 1.651.293 pesetas brutas anuales y 94.359 netas al mes.
La clase A tampoco nada en la abundancia. Pese a que son los privilegiados dentro del funcionariado, sus salarios mensuales rozan las 200.000 pesetas.
