El Tribunal Supremo de Florida aborda hoy la legitimidad del recuento manual de votos

La batalla decisiva comienza hoy. Los siete jueces del Tribunal Supremo de Florida escucharán los argumentos de demócratas y republicanos y decidirán, se supone que con cierta rapidez, sobre el asunto que mantiene vivas las elecciones presidenciales de Estados Unidos: el recuento manual de votos. Los abogados que representan a Al Gore argumentarán que, si las papeletas no se cuentan una a una, la legitimidad del nuevo presidente será cuestionada en todo el mundo. Los republicanos, por su parte, afirman que ese recuento es sesgado y "reinventa" los resultados.

A su vez, el candidato republicano a la Casa Blanca, George W. Bush, pidió ayer a ese mismo tribunal revisar su mandato, en el que ordena la suspensión de la proclamación oficial de los resultados presidenciales en este Estado. Las estrategias de ambos bandos están claras. El bando de Al Gore deposita todas sus esperanzas en que el Supremo de Florida obligue a la republicana Katherine Harris, secretaria de Estado y máxima responsable del control ejecutivo sobre los procesos electorales, a aceptar los resultados de un recuento manual, tarden lo que tarden. Sin eso, Gore pierde todas sus posibilidades, porque los recuentos efectuados hasta ahora le dan como perdedor por 930 votos, entre un total de más de seis millones. No es extraño, por tanto, que el equipo jurídico demócrata encabezado por David Boies combine los argumentos estrictamente legales con las apelaciones a la responsabilidad política del tribunal. Un resultado que no incluyera los recuentos manuales, dice la documentación ya depositada ante el Supremo por los demócratas, "causaría una considerable inestabilidad que, a su vez, produciría un daño irreparable" a la institución presidencial. La influencia del nuevo presidente en el mundo, añade Boies, se vería muy reducida porque abundarían las dudas internacionales sobre su legitimidad.

Junto a los grandes principios, el ataque personal: la actuación de la secretaria Katherine Harris es definida como "kafkiana", "revolucionaria" y "sin fundamento", y se la acusa de haber entorpecido a propósito los recuentos estableciendo "fechas límite" sin ningún fundamento y de haber abusado de su discrecionalidad -la ley la señala a ella como la persona que debe decidir si acepta o no los recuentos manuales- al anunciar, sin que se hubieran realizado todavía y sin saber qué se podía haber detectado durante el proceso, que los rechazaba de antemano. Cuando se negó a considerar los recuentos manuales, Harris basó su decisión en que la ley sólo los contemplaba "en caso de fallo de las máquinas". El abogado Boies afirma, por el contrario, que el recuento manual es perfectamente legítimo cuando, como este caso, el reconocido margen de error de las máquinas puede decidir en un sentido erróneo el resultado de una elección.

La estrategia republicana mantiene dos líneas de defensa. La primera, que George W. Bush ya ha ganado, que Harris ha actuado correctamente y que sólo de ella depende que se hagan o no los recuentos. Si eso falla, entra en juego la segunda: los actuales recuentos manuales no pueden computarse junto a los demás, los mecánicos, porque están dirigidos por demócratas (los tres recuentos se realizan en condados donde dominan los partidarios de Gore), manipulados y plagados de irregularidades. La campaña de denuncia contra los recuentos comenzó el sábado, lanzada por dos personajes de segunda línea (el gobernador de Montana, Frank Racicot, y la portavoz Karen Hugues) y ayer proseguía a buen ritmo, con frecuentes acusaciones de "discriminación contra los votos de los militares" e insinuaciones sobre la posibilidad de acudir a los tribunales para denunciar "casos concretos y con testigos" en que los votos estaban siendo manipulados para que resultaran favorables a Gore. Los republicanos intentaron en la madrugada del domingo una maniobra de última hora al tratar de detener el recuento manual en el condado de Miami-Dade. Sin embargo, una juez estatal denegó tal solicitud.

Creando un ambiente de sospecha generalizada contra esos recuentos, el equipo de Bush intenta provocar un cierto prejuicio entre los jueces y, sobre todo, entre la opinión pública. Si la decisión del Supremo fuera desfavorable a Bush y diera vía a los recuentos, el candidato republicano no tendría otra opción que pedir un recuento en los 57 condados de Florida y hacer lo mismo que Gore: arañar votos favorables que las máquinas hubieran descartado, para compensar los que va arañando su rival. Después de atacar con tanta saña los recuentos manuales, Bush sólo podría justificar su voluntad de que se hicieran globalmente argumentando que los actuales (en Palm Beach, Broward y, desde hoy, Miami-Dade) son irregulares y parciales.

Los republicanos estudian también la posibilidad de emplear un arma secreta para el caso de que fuera imposible discernir quién ganó realmente en Florida. Una vieja y poco conocida ley federal concede a las dos cámaras estatales la posibilidad de nombrar a los decisivos 25 representantes de Florida en el Colegio Electoral que el próximo 18 de diciembre debe elegir al presidente, si con el voto popular no se alcanza un resultado concluyente. Las dos cámaras de Florida están dominadas por republicanos.