La colaboración institucional

Aunque soplan vientos algo diferentes a los de la anterior legislatura, en la que el enfrentamiento institucional alcanzaba todos los terrenos en el ámbito de las relaciones Gobierno central-Junta de Andalucía, tampoco es que el escenario político haya cambiado mucho como para señalar que estamos en una nueva era.Sucede más bien lo contrario, incluso hay indicios suficientes que vienen a señalar que si el encontronazo no es mayor aún, no resulta por falta de ganas sino, más bien, por causas estratégicas de unos y otros. El gesto del secretario de Estado para la Extranjería y la Inmigración, Enrique Fernández Miranda, de venir a Andalucía y culpar a la anterior Ley de Extranjería, antes de su reforma del denominado "efecto llamada", obviando que el verdadero reclamo está en los cientos de subsaharianos que se quedan aquí sin la más mínima posibilidad de su repatriación, y sin añadir tampoco nuevos compromisos para la atención de los mismos, tarea que confía en las ONG y en la propia Junta, señala a las claras que no hay la más mínima voluntad de colaborar.

Otro ejemplo se sitúa en la carencia de agentes de la Policía autonómica. El convenio suscrito en su día entre ambas administraciones fijaba unos 520 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que serían adscritos a la Junta. Pero ese acuerdo ha quedado muy lejos de cumplirse, a diferencia de lo que ha sucedido en Galicia, en donde se ha llegado a superar las cifras contempladas, y en Valencia, comunidades ambas, en todo caso, con unas condiciones sociales y territoriales que quizá hagan menos urgente tan despliegue de efectivos.

Pues éste nuevo agravio comparativo, uno más que incorporar a la larga lista, será puesto en evidencia a lo largo de esta semana por el Ejecutivo andaluz que reclama algo más que buenas palabras al ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. Lo mejor, pasa, no obstante, por subrayar el gesto de la Diputación de Cádiz que celebrará este lunes un pleno extraordinario en Tarifa en el que formalizar la ayuda que va a prestar en la zona para la acogida de los extenuados "sin papeles" que llegan hasta su litoral.

Igualmente, a lo largo de esta semana, irán pasando los días y agotándose el plazo dado a Mar Calderón por parte de la Comisión de Garantías del PA para que presente las alegaciones al expediente que le han abierto por las expresiones críticas lanzadas en su día a la anterior dirección del partido. Un paso más que da Alejandro Rojas-Marcos para reducir a la nada al sector crítico tras arrastrar al secretario general consorte, Antonio Ortega, a presentar una demanda judicial contra el alcalde de Jerez, Pedro Pacheco.

En todo caso, sorprende esta iniciativa de querellarse contra el polémico jerezano por sus conocidas acusaciones de mafia y de más calificativos dirigidos hacia ellos cuando, precisamente, Rojas-Marcos ha recibido críticas aún peores sin que hasta ahora, que se sepa, haya recurrido a los tribunales. Tarde parece que quiere recurrir a preservar su honor, a no ser que lo que pretenda realmente sea en exclusiva apuntillar a su principal contrincante político.

En medio de ese ruido de sables Ortega logra acaparar algo de protagonismo con la brillante operación de compra de la casa de Blas Infante en Coria del Río (Sevilla), medida rodeada de algunos interrogantes e incertidumbres, tal y como viene ocurriendo cuando el andalucismo se decide a acometer tareas que, además de recuperar el patrimonio histórico, conllevan algunas consecuencias urbanísticas y dinerarias. Todo sea por el afán de diferenciar su discurso de sus socios de gobierno, tal y como se anunció solemnemente en el agitado congreso de Torremolinos.

Con todo, la cita política se ubica en la celebración del plenario de la ejecutiva federal del PSOE fijada para el martes en Sevilla con su secretario general, Rodríguez Zapatero al frente, y en el que se ha de visualizar la sintonía que preside las relaciones entre éste y Manuel Chaves.