Pujol intenta capear el 'caso Pallerols' entregando la cabeza de un funcionario

El Gobierno de Jordi Pujol intentó superar ayer el caso Pallerols anunciando a los partidos de la oposición la destitución de un subdirector general, Josep Maria Puig, que era jefe del Servicio de Ocupación en la etapa en que se produjo el escándalo. Pero los tres partidos de la izquierda consideraron insuficiente este cese y las promesas de rigor y control formuladas por el consejero de Trabajo, Lluís Franco, en el debate parlamentario sobre este asunto. Y hoy propondrán a la Cámara la reprobación del Gobierno catalán, que queda de nuevo en manos del Partido Popular (PP). Éste ya ha anunciado que no apoyará la reprobación.

El debate de ayer mezcló dos cuestiones: la reforma de la formación ocupacional, que el Gobierno catalán no ha tenido más remedio que aceptar, y las acusaciones de clientelismo y financiación irregular de Unió Democràtica (UDC), a las que el Ejecutivo no quiso aludir ni siquiera como respuesta a las reiteradas demandas de la oposición.El diputado socialista Josep Maria Rañé advirtió al Gobierno de CiU de que cerrar los ojos cuando existen tantas evidencias de la existencia de una red clientelar que apuntan a la financiación irregular de uno de los dos partidos de la coalición puede serle fatal. Y más si se tiene en cuenta que el asunto está en manos de los jueces, lo cual garantiza que seguirá vivo. "Se lo decimos con toda humildad, pero con la fortaleza moral que nos da haber aprendido en carne propia los que ya hemos purgado el error, porque eso fue lo que nos hizo perder a los socialistas la confianza de una parte del electorado y el Gobierno".

También los diputados de Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa-Verds advirtieron claramente de que, si el Gobierno de CiU no accede a crear la comisión de investigación que reclama la izquierda, el problema seguirá arrastrándose. "Aquí hemos venido a tratar de un cáncer, y a extirparlo", dijo Josep Lluís López Bulla, de IC-V. El independentista Josep Huguet citó una larga lista de empresas vinculadas a dirigentes y militantes de Unió relacionadas con las subvenciones para formación ocupacional. "En unos casos se trata de clientelismo; en otros, de amiguismo, y en otros, de posible fraude", dijo. Y, por tanto, debe procederse, reclamó, a una "limpieza general" que ha de comenzar con la asunción de responsabilidades políticas.

Incluso la diputada que intervino en el debate en nombre del PP, Alicia Sánchez Camacho, exigió que el Gobierno haga una aceptación formal de responsabilidades, además de comprometerse a la reforma del sistema de formación ocupacional.

Esta reforma está ya asegurada, porque el propio consejero de Trabajo ofreció a todos los partidos la elaboración conjunta de una nueva ley del servicio catalán de ocupación, que es el encargado de llevar a cabo la formación ocupacional y de gestionar los fondos que recibe de la Unión Europea con esta finalidad. En tono solemne, Franco aseguró también, que "se llegará hasta el final" en la corrección de todas las irregularidades que "haya habido antes, ahora o en el futuro". Pero el PP quiere que, además, el Gobierno catalán y CiU voten mañana una resolución parlamentaria en la que acepten la responsabilidad política de lo sucedido.

Pese a estas exigencias, el PP no ha querido sumarse a la propuesta de reprobación formulada por la izquierda, lo que garantiza que mañana el Gobierno podrá superarla. A cambio, aprieta las tuercas a los nacionalistas de manera que quede claro para todo el mundo que son los 12 votos del PP los que garantizan la estabilidad parlamentaria del Gobierno de Pujol.

Los nacionalistas creen que con este envite parlamentario cerrarán el caso. El diputado de CiU Rafael Hinojosa enumeró los motivos por los que, en su opinión, el Gobierno catalán y CiU ya han hecho lo que debían. La mejor comisión de investigación ya está creada, dijo, porque el asunto está en manos de la justicia; el consejero de Trabajo, que ya no es el que había cuando sucedieron los hechos denunciados, ya ha hecho autocrítica, ha reconocido que hubo anomalías y ha establecido nuevas medidas de control. En su momento dimitió un director general; ahora ha sido destituido un subdirector general.