El primer ejecutivo del operador catalán al-pi deja por sorpresa la compañía alegando "razones personales"

Ignacio Vidaurrázaga, consejero director general del operador Catalana de Telecomunicacions, que opera con la marca comercial al-pi, ha abandonado la empresa, según confirmaron ayer fuentes de Catalana, controlada mayoritariamente por el operador Uni2. Vidaurrázaga había anunciado su dimisión a los empleados de la compañía 24 horas antes.Las mismas fuentes subrayaron que la salida del primer ejecutivo de al-pi, cuyo 65% fue vendido por la Generalitat a Uni2 por cerca de 8.000 millones de pesetas, "se debe estrictamente a motivos personales", y desmintieron que la decisión del directivo tuviera relación alguna con la situación accionarial de la compañía o con el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el equipo gestor durante el proceso de privatización de Catalana de Telecomunicacions.

Hoy, Uni2 (France Telecom) posee el 75% del capital del operador de cable, tras la ampliación realizada por la empresa después de la adjudicación, con lo que Uni2 acabó desembolsando un total de 13.000 millones por la compra de al-pi. El 25% restante continúa en manos del Centre de Telecomunicacions de la Generalitat, que se ha comprometido a desprenderse de él antes de 2003.

Un 25% de capital público

Vidaurrázaga había desvelado antes del verano la existencia de negociaciones con "una entidad catalana" para que se hiciera con este 25% del capital. Las negociaciones las lleva directamente el Departamento de Presidencia del Gobierno catalán, que hace su tarea con gran sigilo. Entre los potenciales socios contactados figura "una entidad financiera" y, según Uni2, Aguas de Barcelona.Cuando la Generalitat vendió al-pi a Uni2, le puso la condición de asegurar inversiones de peso en Cataluña [el compromiso ha sido de 48.000 millones de pesetas en 10 años] y de cumplir con unos plazos en el despliegue de fibra óptica considerados por fuentes del sector como "inviables desde un principio". En esencia, al-pi asumió que llevaría el cable a todas las capitales de comarca de Cataluña antes del verano del año 2001. En este plazo, al-pi telecomunicacions debía conectar la red de centros sanitarios y de enseñanza dependientes de la Generalitat. Hace escasas semanas, Vidaurrázaga compareció ante los diputados de la Comisión para la Sociedad de la Información del Parlament y les admitió que no podría cumplir con los compromisos adquiridos antes del mes de diciembre de 2002.

Ayer noche, la empresa aseguró que todavía no había sido designado un sustituto para Ignacio Vidaurrázaga, un vasco instalado en Cataluña con una larga trayectoria en el sector de las telecomunicaciones a sus espaldas, ya que había pasado por empresas como Telefónica o Alcatel.

Según Europa Press, los empleados de al-pi temen que una hipotética venta del 25% restante a la propia Uni2 implique la centralización de algunos servicios en Madrid.