Los sindicatos y la patronal piden en el pacto social la regulación de su participación institucional

Patronal y sindicatos quieren aumentar su influencia en las políticas del Gobierno. UGT y CCOO reclamaron ayer, en la negociación del pacto social, que la participación institucional de los agentes sociales esté regulada por ley. Los empresarios abogaron por que ésta sea de "mayor amplitud", pero eludieron precisar cómo. La reivindicación fue considerada por la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, como "una prueba de lealtad". Todas las partes coincidieron en primar el empleo y la actividad económica en el nuevo pacto, cuya vigencia cubriría toda la legislatura.

Junta, patronal y los sindicatos UGT y CC OO comenzaron ayer las negociaciones del quinto acuerdo de concertación social. Magdalena Álvarez y el consejero de Empleo, José Antonio Viera, encabezaban la delegación del Gobierno regional, mientras que los secretarios generales de UGT y CC OO de Andalucía, Manuel Pastrana y Julio Ruiz, respectivamente, representaban la parte sindical. El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Rafael Álvarez Colunga, abanderó la delegación de empresarios en el encuentro, celebrado en la sede de la Consejería de Economía.Entre las propuestas "fundamentales" formuladas por los sindicatos se incluye establecer los principios de participación institucional, lo que supone la regulación legal del papel de los agentes sociales y económicos en "temas claves", como la elaboración de los Presupuestos de la Junta.

Los sindicatos aspiran así a no limitar su influencia en acuerdos puntuales con el Gobierno y reclaman que el pacto lleve aparejado una "legislación específica que garantice" el protagonismo de los agentes sociales, subrayó Julio Ruiz, quien pidió "una reordenación de la participación más allá de la coyuntura".

La patronal respaldó dicha reivindicación aunque no se pronunció sobre la forma legal que debería tener un acuerdo que regule la participación institucional de ambas partes. El secretario general de la CEA, Santiago Herrero, afirmó: "Debe existir un acuerdo más amplio sobre participación institucional, aunque no nos hemos manifestado en el carácter normativo que esa participación deba tener o si debe estar en un acuerdo, una ley o un decreto".

"Dar un horizonte de certidumbre a las relaciones institucionales entre sindicatos, empresarios y Junta de Andalucía, no me parece mal", afirmó la consejera de Economía, Magdalena Alvarez, tras la reunión. No obstante, la titular de Economía matizó que en la negociación se tendrá que analizar tanto el contenido de la propuesta como el resto de las "responsabilidades de todos en esa participación institucional". Las exigencias de los agentes fue considerada por Álvarez como "una prueba de lealtad", ya que, a su entender, "cuando uno pertenece a un órgano se es responsable de lo que se lleva a cabo".

Alvarez recordó que la influencia de sindicatos y empresarios en las actuaciones del Ejecutivo andaluz son un hecho, ya que participan activamente en planes sectoriales como el plan de la vivienda o la modernización de la agricultura, por lo que la petición de éstos sólo vendría a regular por ley esa participación para que esa presencia no dependa de futuros acuerdos.

Asimismo, descartó que el Ejecutivo tenga "preocupación y miedo" por las consecuencias de un incremento del papel de los agentes, ya que "la capacidad de influencia la tienen [los agentes] en cuanto a la representación que se tenga de los ciudadanos".

Por otro lado, las tres partes coincidieron en centrar los esfuerzos del futuro pacto en crear más y mejor empleo, activar la creación de empresas e incorporar la región autónoma a la sociedad de la información. El calendario negociador se iniciará la semana que viene y las mesas de trabajo, que por primera vez serán tripartitas, se reunirán cada siete días.

También hubo sintonía a la hora de abordar la vigencia del acuerdo, que en principio cubriría toda la legislatura. Los sindicatos matizaron su respaldo a esta aspiración de la Junta condicionándolo a la importancia de los contenidos. Por último, se establecerá un manual para la gestión del acuerdo, que incluirá "medidas de control para saber los efectos positivos y negativos" de las acciones acordadas, puntualizó Manuel Pastrana.