La crisis de los carburantes obliga a replantear la financiación autonómica

Los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas ven "graves inconvenientes" a la descentralización de los impuestos especiales -carburantes, tabaco y alcohol- para ceder su gestión a las comunidades autónomas propuesta por el presidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, del PP. La idea fue respaldada por el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y avalada inicialmente por José María Aznar como un elemento clave en el nuevo modelo de financiación que se empezará a negociar a primeros de año. La nueva posición del Gobierno aparece ligada a los problemas surgidos por el alza de los precios del petróleo.

La crisis de los carburantes ha alertado al Gobierno sobre el riesgo que supone ceder la gestión de los impuestos especiales a las comunidades autónomas y, má aún, conceder a los Ejecutivos regionales capacidad normativa sobre dichos impuestos, lo que les facultaría para aumentar o disminuir su tarifa. Fuentes gubernamentales señalan que la crisis de los carburantes podría haber abocado en una "guerra entre comunidades autónomas" de haberse materializado dicha descentralización.El propio presidente del Gobierno, José María Aznar, sostuvo, el pasado miércoles, un pulso político con el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, partidario de la bajada de los impuestos de los carburantes para afrontar la crisis. La reflexión de los ministerios de Hacienda y de Administraciones Públicas es que, de haberse cedido los impuestos especiales, entre ellos los carburantes, a las comunidades autónomas, junto con su capacidad normativa, algunas de las seis comunidades gobernadas por el PSOE, haciendo uso de dicha capacidad, podrían haber bajado el impuesto, con la consiguiente "guerra entre comunidades".

El temor del Gobierno también se extiende a que, además, de una "guerra de los carburantes" podría abrirse una "guerra del tabaco o de los alcoholes" entre comunidades autónomas, al hilo de la cesión de la capacidad normativa a las comunidades autónomas.

De ahí que en la cúpula delos ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas se haya impuesto la tesis contraria a la cesión de la capacidad normativa e incluso de la descentralización de la gestión de tales impuestos.

Hace cuatro años, el Gobierno cedió a las comunidades autónomas la gestión del 30% del IRPF, acompañada de su capacidad normativa, tras el pacto de Gobierno acordado con CiU. Tras la ronda que el presidente del Gobierno mantuvo con los presidentes autonómicos, entre los meses de junio y julio de este año, unos y otros anunciaron que la descentralización se extendería a los impuestos especiales en el nuevo modelo de financiación autonómica que se comienza a negociar a primeros de año y que debe cerrarse para los Presupuestos de 2002.

Fue precisamente un presidente autonómico del PP, el de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, el que defendió públicamente la cesión de la gestión de los impuestos especiales a las comunidades autónomas como una de las bases de negociación del nuevo modelo de financiación autonómica que el Gobierno pretende, además, que sea estable e incluso supere los cinco años de vigencia que marca la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas).

La cesión de los impuestos especiales a las comunidades autónomas, ratificada tras la entrevista de Zaplana con José María Aznar, en junio, en La Moncloa, fue acogida con simpatía por comunidades estratégicas, como la catalana, gobernada por CiU, o la andaluza, gobernada por el PSOE, así como por las direcciones de ambos partidos.

La fórmula que ahora barajan los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas es la de que la Hacienda central recaude los impuestos especiales y, posteriomente, negocie con las comunidades autónomas la cesión de una parte de lo recaudado. Dicha fórmula cierra el paso a la corresponsabilidad fiscal y, más aún, si además no lleva aparejada la capacidad normativa, según admiten fuentes gubernamentales.

La cesión de los impuestos especiales a las comunidades autónomas supondría un crecimiento global de sus ingresos en 2,5 billones, un 15% de los ingresos del Estado en 1998.

El Gobierno también baraja la cesión a las comunidades autónomas de un mayor porcentaje del IRPF -ha cedido hasta ahora el 30%- así como el IVA minorista.

El hecho de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con la aquiescencia de Rodrigo Rato, considerado a priori como el aspirante natural a suceder a Aznar en la candidatura a la Presidencia del Gobierno, se enfrente en este asunto a un posible nuevo competidor a la sucesión de Aznar, como el presidente valenciano Eduardo Zaplana, no pasa desapercibido en los medios políticos, si bien en La Moncloa quitan cualquier trascendencia a que el asunto adquiera estas dimensiones.