A propósito de Televisió de Catalunya JORDI SÁNCHEZ

¿Debe un director de una televisión pública ser un personaje nombrado por el Gobierno? Planteada esta cuestión en estos términos, es evidente que no. Entonces, ¿cómo explicar una posición favorable a que el director general de la CCRTV, Miquel Puig (nombrado por el Gobierno catalán), asuma las funciones de director de TVC? Sin duda por la excepcionalidad de la situación en la cual se encuentran nuestros medios de comunicación y por la provisionalidad de las actuales estructuras de gobierno de la CCRTV. No es ningún secreto que las empresas públicas de radio y televisión atraviesan una situación altamente delicada. Basta con mirar las actuaciones del Gobierno español en referencia a RTVE, o entender como una amenaza para todas las televisiones públicas el anuncio de Ruiz-Gallardón sobre la futura privatización de TeleMadrid, o tener conciencia de que más pronto que tarde se convertirán en realidad las presiones de la Comisión Europea para poner límite a los actuales mecanismos mixtos de financiación de las televisiones públicas. En el caso de TVC, por si esto fuera poco, hay que contar con otra larga lista de problemas. Situaciones que se han ido generando y acumulando por una determinada manera de entender, dirigir y administrar estas empresas desde el Gobierno de Jordi Pujol. La opacidad en la gestión económica de las mismas, el incremento de su deuda (hoy superior a los 105.000 millones de pesetas), el déficit notable de pluralismo en sus informativos, la falta de sensibilidad y respeto hacia los propios profesionales, concretada, por ejemplo, en la poca promoción de la creatividad y el talento internos, o el riesgo de que en plena revolución digital los equipos técnicos queden obsoletos por la falta de inversiones, son algunos de estos problemas propios. Este cúmulo de cuestiones ha llevado a TVC a una situación límite.Fue en diciembre de 1999 cuando por primera vez desde la creación de la CCRTV se vivía en el Parlament un debate abierto y en profundidad sobre la situación de los medios públicos de comunicación. Ese debate fue sin duda el colofón de un periodo reciente (legislatura 1995-1999) donde la tensión política sobre este asunto fue permanente. La instrumentalización gubernamental de la televisión, no sólo en los informativos, sino también en las alianzas empresariales supuestamente estratégicas y objetivamente opacas (Vía Digital, Audiovisual Sport, Mediapark), se compaginaba con un proceso imparable de endeudamiento hasta límites insostenibles por decisión del propio Gobierno de la Generalitat, que dejó de dar subvenciones a la CCRTV para otorgar avales para la adquisición de créditos, junto a un proceso creciente de incomunicación y tensión en las relaciones laborales y profesionales. El debate celebrado el 14 y el 15 de diciembre del pasado año sirvió para que todos los grupos parlamentarios, incluido el mayoritario, entendieran que la gota que llenaba el vaso ya había sido derramada y que urgía una reconducción de la situación so pena, en caso contrario, de sacrificar a corto plazo la propia existencia de la CCRTV.

No creo interpretar erróneamente el sentir del Consejo de Administración actual de la CCRTV si afirmo que nuestra misión principal, dada esta coyuntura, es contribuir eficazmente a enderezar una situación de crisis sin paliativos (laboral, política, económica...) de nuestra televisión pública y hacerlo con el mínimo ruido posible. Somos un consejo de transición, como también lo es el actual director general. Una transición que se culminará cuando la nueva ley sea elaborada y entre en vigor. La dificultad está en que, para empezar a pactar parlamentariamente la nueva ley, era imprescindible la visualización de unos determinados cambios en la CCRTV. La paradoja es que estos cambios eran y siguen siendo de difícil realización con la actual legislación y también, por qué no decirlo, con la existencia de una fuerte presión política y mediática sobre TVC. En ese sentido hay que valorar muy positivamente la decisión de los propios grupos parlamentarios y de los sectores profesionales de TVC de aligerar la presión sobre ésta. Interpreto que el relevo reciente del antiguo equipo directivo de Televisió de Catalunya ha sido un fruto de ese esfuerzo y de algunos otros. Si bien es verdad que la fórmula propuesta por Miquel Puig de asumir él las funciones previstas para el director de TVC no es la solución más deseable (no por la persona, sinopor la carga simbólica que esta decisión comporta), no es menos cierto que su aceptación tiene alguna virtud. Permite cerrar una etapa que se presentaba como el principal obstáculo para seguir avanzando hacia la meta apuntada por el Parlament y consolida un nuevo equipo directivo de procedencia externa y perfil marcadamente de gestión que parece garantizar unas relaciones humanas y profesionales distintas a las de épocas pasadas y una relación con el Consejo de Administración más sincera y transparente que la de los antinguos directivos.

La velocidad de crucero de los cambios, no hay que negarlo, es lenta, pero la diferencia con el ayer inmediato es que no sólo hemos dejado de retroceder, sino que hemos empezado a avanzar en la buena dirección. Probablemente el tema pendiente más importante a fecha de hoy es, al margen de la elaboración de una nueva ley, la aprobación de un contrato programa, sin descuidar algunos reajustes en algunas áreas de TVC que aún no se han realizado. Pero sin duda el gran salto lo debe dar ahora el Parlament con la nueva ley. Una ley que, a mi modo de ver, debe establecer con mayor claridad las funciones de servicio público y los mecanismos de financiación que deben regir estas empresas de comunicación, así como afrontar sin medias tintas la reforma radical de los órganos de dirección de la CCRTV y sus empresas, empezando por el Consejo de Administración, el cual, con una composición notablemente más reducida, debe tener la facultad de nombrar al director general. La urgencia de la nueva ley se justifica porque el desasosiego entre profesionales y la tensión política pueden nuevamente incrementarse con el paso del tiempo sin una nueva ley. Un año después, la oportunidad de impulsar la nueva etapa de la CCRTV recae nuevamente en el ámbito parlamentario. Ésa es la oportunidad que nuestros representantes no pueden dejar escapar.

Jordi Sánchez es miembro del Consejo de Administración de la CCRTV.