El Poder Judicial y la cúpula fiscal se oponen a penalizar los disturbios en los plenos municipales

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Junta de Fiscales de Sala coinciden en su oposición al nuevo delito proyectado por el Gobierno para quienes perturben gravemente el orden en los plenos de las corporaciones locales, sin ser miembro de las mismas, que el Ejecutivo pretende castigar con penas de seis meses a un año de cárcel, dentro de su reforma legal para endurecer la lucha contra el terrorismo. El CGPJ tiene previsto aprobar su informe en el pleno de mañana. Por su parte, la Junta de Fiscales de Sala informó ayer la reforma del Código Penal y de la Ley Penal del Menor.

Tono crítico

El delito de perturbación grave de los plenos locales, que se propone incorporar al Código Penal, es uno de los que fueron analizados ayer por la Comisión de Estudios e Informes del CGPJ, que preside el vocal Enrique Arnaldo. La comisión proseguirá hoy el estudio del anteproyecto que, en principio, estaba previsto someter al pleno de mañana.Sin embargo, la lentitud con que la comisión avanzó durante las más de tres horas que dedicó a la discusión del proyecto de reforma legal hacía temer anoche que la aprobación del informe preceptivo, pero no vinculante, tenga que posponerse.

Además de Arnaldo, se reunieron Rafael Fernández Valverde y Esther Giménez Salinas, designados ponentes del informe, y los también vocales Manuela Carmena y Ramón Sáez.

Los comisionados sólo pudieron analizar ayer la exposición de motivos del anteproyecto y los primeros preceptos de reforma del Código Penal, sin tomar acuerdos sobre ninguno.

El tono previsiblemente crítico sobre algunos aspectos de la reforma se dejó entrever en la primera discusión sobre la pretendida inclusión en el Código Penal del delito que penaliza con de seis meses a un año a "quienes, sin ser miembros de la Corporación Local, perturben gravemente el orden de sus plenos".Varios vocales razonaron que, a diferencia de las reuniones del Gobierno o del Parlamento, a los plenos municipales suelen asistir muchos ciudadanos, cuya libertad de presencia y participación política -de signo plural- podría quedar reducida o afectada por una interpretación estricta de la perturbación del orden.

En sintonía con este criterio, la Junta de Fiscales de Sala propuso ayer la supresión de ese nuevo delito, por estimar que existiría el riesgo de aplicarlo a perturbaciones del orden ajenas a la violencia terrorista.

El proyecto de reforma de nueve artículos del Código Penal para endurecer las penas por delitos de terrorismo suscitó un amplio consenso entre la cúpula de la carrera fiscal. El propio fiscal general, Jesús Cardenal, había anticipado el pasado miércoles su postura de acuerdo "al cien por cien" con las reformas legales previstas.

Según fuentes fiscales, los reunidos, a instancias del jefe de la Inspección, Juan José Martínez Zato, desaconsejaron incluir el nuevo delito contra quienes perturben gravemente el orden en los plenos de los ayuntamientos. Argumentaron que cabrá aplicarlo a cualquier pleno en el que haya perturbaciones de orden por motivos que nada tengan que ver con el entorno de ETA.

Los fiscales también sugirieron que el artículo 551.2 del Código Penal, que agrava el delito de atentado contra los miembros de las corporaciones locales, se extienda también a autoridades tales como los magistrados del Tribunal Supremo y miembros del Ministerio Fiscal.

La reforma de la Ley Penal del Menor fue mucho más debatida. Martínez Zato, el fiscal jefe de la Sala de lo Civil, Jesús Bernal, y el fiscal jefe de la Sala de lo Social, Juan José Martín Casallo, se mostraron contrarios a la creación de un juzgado central de menores en la Audiencia Nacional, por entender que sustraer los hechos al juez de menores del lugar donde se ha cometido el delito vulnera los principios que rigen la ley Penal del Menor.

Justicia proyecta crear el juzgado central de menores de la Audiencia Nacional en plena Gran Vía de Madrid, en el número 52, con un coste previsto de 20,4 millones de pesetas.

Los otros 10 integrantes de la Junta apoyaron la reforma de la Ley del Menor. Los fiscales discrepantes argumentaron que la kale borroka ya existía hace nueve meses cuando fue aprobada la Ley del Menor y nadie pensó entonces en un juzgado central de menores, por lo que modificarla ahora, antes de su entrada en vigor, parecía obedecer al "desgraciado verano que hemos tenido".

También se preguntaron dónde van a estar los centros de rehabilitación de menores, puesto que ubicarlos a cientos de kilómetros de sus lugares de residencia puede ser contrario a algunas normas internacionales.