¿Es correcta la política de telecomunicaciones?
Los autores analizan el método de concurso seguido por el Gobierno español en la concesión de licencias de telefonía móvil multimedia (UMTS).
La concesión de licencias para la explotación del negocio de telefonía ha levantado críticas al método utilizado por el Gobierno español. España fue uno de los primeros países en iniciar la adjudicación de cuatro licencias para el desarrollo de la telefonía de tercera generación, optando para su asignación por un concurso frente al mecanismo de subasta que, posteriorinente, han utilizado el Reino Unido y Alemania.El resultado ha sido que estos países han obtenido unos recursos de una magnitud espectacular en comparación con lo recaudado en nuestro país. Es precisamente estos cuantiosos recursos y el hecho de que son las mismas empresas las que participan o desean participar en cada uno de los países europeos lo que ha motivado duros ataques a la política gubernamental, que se va extendiendo por la falta de una respuesta coherente de las autoridades españolas y los titubeos y contradicciones en las que parecen incurrir cuando manifiestan su preocupación por el tema. Esta parálisis gubernamental transmite la impresión de que el Gobierno no sabe lo que ha hecho ni lo que debe hacer.
En nuestra opinión el método utilizado por el Gobierno español es el correcto, mientras que el seguido por los gobiernos británico y alemán no nos parece aconsejable e incluso puede ser perjudicial para el progreso económico y social. Otra cosa diferente es si la actuación del Gobierno español es suficiente para un desarrollo adecuado de las telecomunicaciones. Y no creemos que sea así, sino que es necesario perfeccionar su política en varias direcciones aunque preservando el mecanismo de concurso.
Para comprender las razones que abogan por un concurso frente a una subasta billonaria, conviene recordar que en materia de telecomunicaciones los países europeos están comprometidos con el desarrollo de unos mercados competitivos que se enmarcan en el conjunto de las políticas comunitarias dirigidas a introducir competencia en todas las actividades de red y en las que ya se han dado pasos significativos. La razón de estas políticas es que la tradicional ausencia de competencia se ha destacado como responsable de unos servicios caros, y a menudo deficientes, que no han contribuido adecuadamente al progreso económico, por lo que un cambio en su marco regulador, especialmente en unos momentos en los que se están produciendo innovaciones tecnológicas cuyo alcance ignoramos, podría estimular un gran desarrollo de las tecnologías de la información, con un impacto sustancial en la productividad del conjunto de la economía y, por consiguiente, en la prosperidad de los países europeos.
Por tanto, si la política de las telecomunicaciones persigue la consecución de un marco competitivo que facilite la difusión de las nuevas tecnologías, no parece acertado que para iniciar una actividad que abre enormes posibilidades de progreso al conjunto de la sociedad, se cobre un precio billonario que si se garantizan las condiciones competitivas jamás podrán recuperar. ¿Por qué han pagado las empresas estas cifras astronómicas? Primero, porque se ha extendido la idea de que en el futuro las empresas de telecomunicaciones han de ser globales, es decir, operar en todos los mercados importantes, o no serán nada. Segundo, porque confían -debido a la experiencia de los altos precios de la telefonía móvil- en que los gobiernos no sólo no les obligarán a competir intensamente en precios, sino que serán los principales garantes de preservar sus actuales poderes de mercado, ya que en caso contrario la quiebra puede ser inminente. ¿Permitirá el Gobierno alemán que la fuerte competencia en precios con seis operadoras independientes lleve a la quiebra a Deutsche Telekom?
En el caso español, las empresas no tendrán que hacer frente a los costes financieros derivados de los altos precios de entrada, por lo que el Gobierno ha de mostrar un compromiso más firme con el desarrollo de la competencia en el mercado de las telecomunicaciones y, para ello, el elemento esencial es que exista rivalidad empresarial, de forma que se debería permitir el mayor número posible de empresas independientes de telefonía UMTS. Es difícil indicar cuál es el número mínimo de empresas que garantizaría la creación de un marco competitivo, pero sabemos que con tres empresas (situación actual en la telefonía móvil en España) la competencia es muy débil.
No creemos que con una empresa más, como ha previsto el Gobierno para la nueva generación, las cosas cambien radicalmente, pero si se conceden al menos seis, como se ha hecho en Alemania, las posibilidades de llegar a acuerdos colusivos se reducen significativamente. La experiencia de la telefonía fija en España para comunicaciones interprovinciales e internacionales así lo demuestra: cuando existía una única empresa el precio de dichas comunicaciones era muy elevado. Al aparecer un segundo operador los precios se redujeron tan solo un poco, pero conforme el número de operadores fue aumentado se ha llegado a una situación de precios muy bajos. Por ello es urgente, en primer lugar, ampliar el número de licencias, aunque con unas formas más limpias y transparentes que las adoptadas en el concurso previo.
Un mayor número de empresas puede no ser una garantía para la consecución de un comportamiento empresarial competitivo. Las empresas que competirán en España participarán en otros mercados europeos en los que han pagado precios de entrada que no podrán recuperar, por lo que se producirán movimientos estratégicos con la finalidad de reducir el número de operadores y ejercer un poder de mercado. El Gobierno español no podrá evitar algunas de esas alianzas o fusiones, aunque sí puede evitar que cada grupo empresarial posea más de una licencia. Es decir, se ha de garantizar que en el mercado español operen al menos seis empresas independientes.
Incluso son seis empresas independientes la competencia va a ser difícil, ya que algunas de las empresas que compiten en España son aliados en otros mercados europeos y ello facilitará los acuerdos colusivos. Por ello, resulta imprescindible que la Comisión de las Telecomunicaciones tenga amplias facultades para combatir los esfuerzos de las empresas por violar las reglas de la competencia. Hay que señalar que la Comisión Europea ha perdido una gran oportunidad de crear un mercado único de telecomunicaciones, complicando enormemente la tarea de los reguladores nacionales.
Una estrategia como la señalada dará los frutos deseados, pero el Gobierno español se enfrenta actualmente a un problema de credibilidad, pues es muy difícil explicar que en un futuro los precios de los servicios de la telefonía móvil en España serán mucho más bajos que, por ejemplo, en Alemania. Si el Gobierno quiere recuperar y mantener la credibilidad de su política de telecomunicaciones tiene dos instrumentos a su disposición que puede y debe utilizar.
Para recuperar su credibilidad debe forzar a una reducción sustancial de los precios de la telefonía móvil vigentes actualmente, ya que no hay razones técnicas que justifiquen las diferencias tan elevadas de tarifas de la telefonía fija y móvil, sino que se deben al poder de mercado que ejercen las empresas y a la debilidad de los organismos encargados de vigilar la competencia. Con esta medida muchos ciudadanos comenzaremos a creer que el Gobierno gobierna en beneficio de la sociedad y no de unas pocas empresas. Si además quiere mantener su reputación debe proceder a la urgente creación de un Tribunal de Defensa de la Competencia independiente, con amplios poderes y con el único mandato de conseguir y preservar la competencia en el conjunto de la economía española.
Si las autoridades son capaces de crear ese marco competitivo en el mercado de las nuevas operadoras de tercera generación habrán conseguido no sólo suministrar un servicio de telecomunicaciones de calidad a precio bajo, sino, y esto es más importante, abrirán las puertas para la denominada Nueva Economía, que tan espectaculares resultados ofrece a la sociedad americana, se transmita al conjunto de las actividades productivas con un impacto sustancial sobre la productividad del trabajo y, por consiguiente, sobre el bienestar de la sociedad.
J. A. Martínez Serrano y Joaquina Paricio son profesores de Economía de la Universidad de Valencia.
