La juez del 'caso Zamora' afirma que hay indicios para investigar la financiación del Partido Popular
La instructora del caso Zamora, Raquel Blázquez -que ha desestimado tres recursos planteados por los imputados Aurelio Tomás y Dionisio García Carnero, el ex senador y presidente del PP zamorano-, establece en uno de sus fundamentos que el objetivo de la prueba pericial ordenada para rastrear la financiación del PP, especialmente las donaciones, está plenamente justificada porque su "relación con los hechos investigados es evidente". La magistrada establece que "existen indicios suficientes, derivados de las pruebas documentales y de las declaraciones de imputados y testigos, para entender que, de forma presunta, las irregularidades apreciadas en los contratos de adjudicación de obras y servicios por parte de la Diputación Provincial de Zamora pueden ser debidas, no a errores técnicos, sino a un propósito deliberado de beneficiar a determinadas empresas", de modo que "no es ilógico pensar", concluye la juez, "que mediara algún tipo de beneficio o compensación para el Partido Popular o para alguno de los imputados en esta causa".Raquel Blázquez, en un auto de 28 de julio, ordenó a los dos peritos designados por la Agencia Estatal Tributaria que determinen los ingresos del PP de Zamora de 1988 a 1995, y que informen sobre los ingresos por "donaciones o aportaciones de terceros y de cargos electos, así como cuantía y fecha de las mismas e identidad del aportante o donante en cada caso, y reflejo contable y/o bancario de las mismas, en el mismo periodo, así como identificación de los abonos efectuados en las cuentas que correspondan al concepto Ingresos a Gestionar".
En el auto que desestima los recursos de los imputados, la instructora también llama la atención al letrado de García Carnero y Aurelio Tomás, el abogado del PP Juan Ramón Montero, por una actuación "contraria a las normas de la buena fe procesal" para "intentar crear ficticias situaciones de indefensión que pretenden hacerse valer con fines dilatorios".
Este jueves se reinició la toma de declaraciones a imputados y testigos en el caso Zamora, aunque sólo han declarado dos testigos, tras el aplazamiento de la declaración del constructor Miguel Vecino, uno de los que habrían entregado dinero a José María Aznar en 1987 cuando era candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Vecino comparecerá el próximo martes, 12 de septiembre, un día antes que Dionisio García Carnero.
Un auto de la Audiencia Provincial de Zamora estableció a comienzos del pasado mes de julio que el presidente del Gobierno, José María Aznar, tendría que declarar como querellante en el pleito planteado por injurias y calumnias contra el constructor y denunciante del caso Zamora, Eduardo Corrales. Horas después, el PP retiró la querella contra Corrales para evitar que Aznar tuviera que comparecer y presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
La juez continuó con sus averiguaciones y, a comienzos de agosto, ordenó a los peritos que investigaran las cuentas y la financiación del PP.
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