Adiós a un 'palomo'
El autor recuerda al abogado Juan José Triay, miembro del grupo 'los palomos', y defiende su propuesta de llegar a una solución negociada para Gibraltar.
A principios del mes de julio falleció en Málaga el conocido abogado gibraltareño don Juan José Triay. Como es difícil que su nombre despierte mucho eco en el español de a pie y de ahora, quiero recordar que Juan José, su hermano José Manuel y otros cuatro prominentes ciudadanos de Gibraltar, que se autodenominaron los palomos, propusieron públicamente, en abril de 1968, que el futuro del Peñón fuera determinado por un acuerdo hispano-británico en el que quedarán salvaguardados los intereses de sus actuales habitantes.En abril de 1968 estaba en todo su apogeo el conflicto entre España y Gran Bretaña, provocado por el intento del Gobierno de Londres de "descolonizar" Gibraltar a base de crear en la península Ibérica un cuarto Estado -el gibraltareño- protegido por el Reino Unido y conviviendo en pie de igualdad con España, Portugal y Andorra.
A las posiciones de España y de las Naciones Unidas contrarias a esta maniobra británica vinieron a unirse, en 1968, las voces de los palomos, cosa que ni el Gobierno local ni las turbas gibraltareñas quisieron torear. Las casas y los negocios de los palomos fueron asaltados, y los hermanos Triay y sus amigos fueron acusados de traidores y pasaron muy malos ratos.
Por mi cargo de entonces (director general de Europa) en el Ministerio de Asuntos Exteriores, tuve ocasión de conocer a los palomos días después de la reacción que produjo en Gibraltar su propuesta de negociaciones con España. Fui amigo de Juan José Triay y me considero un buen amigo de José Manuel. Seguí de cerca sus sinsabores y las dificultades que les produjo haberse atrevido a proponer una solución tan sensata como la enunciada para resolver el problema gibraltareño. Una solución que, además, fue la recomendada meses después por las Naciones Unidas en varias resoluciones adoptadas para poner fin al problema colonial de Gibraltar.
Han pasado casi 40 años de estos acontecimientos y conviene examinar cuál es la actual posición de la población de Gibraltar dentro del contencioso hispano-británico relativo al Peñón.
Como es sabido, las Naciones Unidas han recomendado que se ponga fin a la situación colonial gibraltareña mediante negociaciones hispano-británicas que restauren la integridad territorial de España y salvaguarden, al mismo tiempo, los intereses de la actual población gibraltareña. España, como es lógico, acepta las recomendaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y está dispuesta, en todo momento, a negociar el futuro status del Peñón.
El Reino Unido, en las declaraciones hispano-británicas de Lisboa (1980) y de Bruselas (1984), ha aceptado también que el futuro de Gibraltar debe ser negociado con España -como recomendaban las Naciones Unidas-, aunque ha supeditado esas negociaciones a los deseos de la actual población de Gibraltar. Una población dirigida por un Gobierno local al que Londres no reconoce personalidad jurídica internacional, como se ha recordado recientemente en los acuerdos Elorza-Wall de 19 de abril de 2000.
Como puede verse, tanto las Naciones Unidas como España y el Reino Unido coinciden en que el futuro de Gibraltar debe resolverse y en que no puede ser resuelto sin un previo acuerdo hispano-británico. Coinciden, además, en que la población de Gibraltar es un factor muy importante en la resolución del problema.
Cabe en consecuencia preguntarse hasta dónde llega la importancia de esa población.
Para el Gobierno de Londres, en teoría, los deseos de la población gibraltareña lo son todo, y tras esa población se parapeta. Hace un mes, en una reunión en París, un diputado conservador británico me decía: "Nosotros queremos arreglar con ustedes el conflicto gibraltareño, pero la población local no nos deja". ¡Peregrina explicación que convierte a las víctimas principales del conflicto -los gibraltareños- en el único obstáculo a su solución!
En la práctica, sin embargo, el Gobierno de Londres ha venido recortando las distintas pretensiones de los distintos dirigentes gibraltareños (Gibraltar no puede incorporarse al territorio metropolitano del Reino Unido, los gibraltareños no pueden disponer libremente del territorio en que viven, las autoridades locales no tienen personalidad internacional, etcétera).
Para España, los gibraltareños tienen derecho a conservar lo que ahora tienen y a obtener algo más; a obtener lo que podríamos llamar la convivencia reglada y garantizada con sus vecinos españoles.
Una convivencia a caballo de la verja que construyeron los ingleses en 1908 y que los separa de esos vecinos. Lo único que España no reconoce a los gibraltareños es el derecho a disponer de la soberanía de un territorio español, soberanía que debe volver a nuestro país.
Hemos visto lo que piensan la ONU, Gran Bretaña y España. Ahora bien, ¿qué piensan los gibraltareños sobre su responsabilidad colectiva a la hora de afrontar el problema de su futuro? A juzgar por los resultados de las elecciones locales, que se han venido celebrando en la colonia desde los años sesenta, podría decirse que los habitantes del Peñón ven su futuro de la forma siguiente:
- Un sector de la población que consiguió el poder coyunturalmente en una sola ocasión, y que fue dirigido por el comandante Pelliza, pretendió que Gibraltar se convirtiera en un condado más del territorio metropolitano del Reino Unido. Cuando el Gobierno de Londres hizo ver que esta fórmula era inviable, los partidarios locales de la misma la abandonaron discretamente.
- Durante muchos años obtuvo el poder local en distintas elecciones la Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles, dirigida casi permanentemente por sir Joshua Hassan y apoyada por un secretario de la colonia llamado Bates, que parecía un personaje arrancado de una novela de ambiente colonial de Somerset Maugham.
- Estos dirigentes locales concibieron un Gibraltar futuro gobernado por sus propias autoridades, protegido sobre todo frente a España por el Reino Unido, bendecido por la ONU e independiente de nuestro país, al que se le obligaría a aceptar esta solución y a mantener, con el Gibraltar transformado, "relaciones normales".
- Parece que la mayoría de la población de Gibraltar sigue alimentando el sueño de los señores Bates y Hassan, perpetuado localmente a lo largo del tiempo en pugna abierta con la realidad y con lo dictaminado por la Comunidad Internacional representada por las Naciones Unidas y, también, en desacuerdo cada vez más visible con lo que la actual clase política norteamericana llama la "solidaridad de Occidente".
- La actual oposición local gibraltareña pretende ir más allá de lo que parece querer la mayoría y quiere romper con España y con el Reino Unido y llegar a lo que podría compararse con una declaración unilateral de independencia, a sabiendas de que la misma colocaría a Gibraltar en una situación de permanente fricción con la vecina España.
Tanto los que piensan de una forma como de otra dentro de Gibraltar parecen olvidar dos hechos esenciales. El primero de ellos es que el Gobierno español, desde el primer momento, ha proclamado que respetará y garantizará los intereses y las tradiciones y leyes locales de la población gibraltareña. Nadie en España quiere expulsar a los gibraltareños del Peñón, reducir su nivel de vida o convertirles en ciudadanos españoles a la fuerza. Nadie quiere impedir que se gobiernen a sí mismos. Por su parte, la población española vecina a Gibraltar no abriga ningún sentimiento de hostilidad hacia los gibraltareños, y éstos lo saben muy bien.
Si los habitantes del Peñón han sufrido y sufren molestias e incomodidades por culpa de los conflictos hispano-británicos, la culpa no es sólo de España. Quien inició estos conflictos fue el Gobierno británico cuando en los años cincuenta comunicó oficialmente a las Naciones Unidas, a espaldas de España, que pensaba que Gibraltar debía ser "descolonizado" de acuerdo con su población, manera astuta de hacer aceptable al mundo de la posguerra una base militar británica instalada en territorio español, y en la que una población civil no española convivía con la guarnición británica.
El segundo hecho, que deben tener en cuenta los dirigentes y la población gibraltareña, es que Gibraltar es un promontorio rocoso, al pie del cual se aglomeran 30.000 personas y cuyo modo de vida depende fundamentalmente de sus relaciones con el territorio vecino.
Si se pretende crear un Gibraltar divorciado de España o en abierta hostilidad contra España, se le condenará a ser una especie de ciudad bonsái jibarizada para siempre por los dirigentes que la orienten por ese camino. Una ciudad que no podrá crecer y que quedará cada vez más aislada, espiritual y materialmente de sus vecinos, sobre todo a medida que éstos prosperen. Una ciudad sin posibilidades de expansión cultural. El polo opuesto de lo que puede ser en estos momentos Mónaco, cuya influencia de toda índole en la zona francesa colindante es buena para Francia y para el Principado monegasco.
Si, por el contrario, la población gibraltareña pasa de ser un factor de separación entre Londres y Madrid a ser un vínculo de unión y de amistad entre España y el Reino Unido, el futuro gibraltareño se orientaría, como se ha dicho, hacia una convivencia activa con sus vecinos al norte de la verja y hacia una participación en el desarrollo del territorio español colindante.
Es esta última solución la que, sin duda, tenían in mente hace casi 40 años los palomos, uno de los cuales acaba de dejarnos.
La desaparición de Juan José Triay me ha suscitado estas reflexiones que me atrevo a hacer públicas en recuerdo a la valiente actitud que, con su hermano y amigos, supo adoptar hace 40 años. Actitud que, de haber sido escuchada y aceptada por sus conciudadanos, hubiera evitado muchos desacuerdos hispano-británicos y muchos problemas y dificultades a la población gibraltareña y a sus vecinos.
Fernando Olivié es embajador de España.
