Descubierta en Cádiz una trama para falsificar el empadronamiento de chinos

El Ministerio del Interior está revisando todos los expedientes de regularización de inmigrantes chinos, hasta los ya aprobados, que incluyan certificados del Ayuntamiento de Cádiz. La policía detuvo la pasada semana a cuatro personas como supuestos integrantes de una organización dedicada a falsificar documentos. Uno de ellos es José Antonio Gómez, de 35 años, funcionario de la oficina del padrón, ahora suspendido de empleo y sueldo; otro, Manuel Bueno, que ejercería de enlace.

La policía considera que José Antonio Gómez, el empleado municipal, alteraba los documentos y que Manuel Bueno era el enlace entre él y los chinos. Los otros dos detenidos son precisamente inmigrantes chinos: Feng H. Y. y Jiang J., de 25 y 29 años respectivamente. Los cuatro implicados se encuentran en libertad, pero acusados de la supuesta falsificación de documentos públicos. Los agentes calculan que en un centenar de certificados de residencia expedidos en Cádiz figura un fecha falsa de empadronamiento anterior al 31 de julio de 2000, límite establecido por la Ley de Extranjería para la regularización de la situación de los inmigrantes. La mitad de los certificados están a nombre de personas que nunca han vivido en Cádiz, pero que empleaban direcciones de otros compatriotas que sí residen en esta ciudad.

La mayoría de estos casos se corresponde con chinos localizados en Madrid, Barcelona, Alicante, Sevilla y otros puntos de la provincia de Cádiz. Por esta razón, la comisaría de Extranjería ha cursado una circular para que se revisen en toda España los expedientes correspondientes a ciudadanos chinos y que se paralicen aquéllos que se acompañen de certificados de empadronamiento expedidos en Cádiz. La mayor parte, según el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Miguel Osuna, cuentan con pocas posibilidades de prosperar.

A partir de este punto las versiones son contradictorias. La policía, tras detectar que los datos que se presentaban en muchos expedientes eran sospechosos, comenzó a colaborar con los agentes locales hasta concluir con la detención del empleado municipal. Pero el propio subdelegado se ha referido desde el principio a estos hechos como al trabajo de "una organización" dedicada a falsificar documentos que podría estar conectada con otras tramas que existen en España. "Entre la comunidad china en España se había extendido la idea de que en Cádiz era fácil comprar los papeles", dijo Osuna.

Los dos españoles detenidos sostienen que no tienen nada que ver con organizaciones o mafias. José Antonio Gómez declaró ante la policía que modificó la fecha de sólo 13 expedientes y que en todos los casos lo hizo por altruismo y porque sentía pena por la situación de estas personas. El empleado municipal y Bueno han negado haber percibido dinero de los inmigrantes.

El abogado Martín José García, que defiende a Gómez, asegura que éste es "una víctima propiciatoria de algunos listos" y negó su relación con cualquier organización. En ese sentido, recordó que Gómez ha sido misionero durante dos años y que tiene un perfil que marca su "entrega" a los demás. "Tiene un corazón que no le cabe en el pecho", añadió.

Bueno también se ha desligado de cualquier mafia. Sostiene que colabora con la comunidad china de Cádiz desde hace casi 20 años después de haber establecido contacto con ella cuando vendía maquinaria industrial de hostelería.

Para su representante legal, Juan Butrón, "decir que en Cádiz hay mafias" o que su cliente "tiene algo que ver algo con eso es una soberana tontería".

Este comercial militaba en el PP hasta un día después de conocerse su detención. A la mañana siguiente pidió la baja en el partido invitado por los dirigentes provinciales de la formación, que le han agradecido su intención de "no dañar" su imagen.