Protesta vecinal en Jaén por el olvido institucional de las riadas de 1996
Las familias que habitan en las zonas residenciales de la capital jiennense situadas junto a los cauces de los ríos Quiebrajano, Jaén y Eliche se concentrarán hoy para exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las distintas administraciones para poner fin al permanente riesgo de inundaciones. Hoy se cumple el cuarto aniversario de la riada que afectó seriamente al menos a 400 inmuebles y que se calcula que causó daños en agricultura e infraestructuras por más de 10.000 millones.
"Hasta que no haya muertos los políticos no tendrán un problema de conciencia". La frase es de José Miguel Díaz, presidente de la asociación vecinal del Puente de la Sierra -la más afectada por las inundaciones- hasta el pasado año. En las inundaciones del 15 de agosto de 1996 no hubo víctimas, pero decenas de personas tuvieron que ser evacuadas desde los tejados de sus viviendas a donde accedieron para salvarse de la avalancha de agua que se les vino encima.El Ayuntamiento de Jaén -que solicitó sin éxito del Gobierno la declaración de zona catastrófica- evaluó entonces los daños en 10.500 millones de pesetas, la mayor parte en viviendas aunque también en la agricultura y en infraestructura urbana.
Los vecinos de las zonas afectadas lograron que en febrero de 1999 se redactase por escrito un compromiso de varias administraciones para ejecutar los trabajos necesarios que eviten nuevas riadas. Así, la Junta de Andalucía se comprometió a financiar las obras de reforestación junto a los cauces de los ríos, para lo que libró una partida de 200 millones de pesetas.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se comprometió, por su parte, a redactar los proyectos para la construcción de presas de laminación que sirvan para retener el agua en caso de nuevas riadas. Quedó en el aire concretar quién se haría cargo de las obras de encauzamiento de los ríos, que supone el coste más elevado de la inversión, estimada por la Consejería de Medio Ambiente en unos 40.000 millones de pesetas. Esa cantidad serviría también para financiar el traslado de las 150 viviendas que se encuentran a menos de 25 metros de los cauces de los ríos.
El actual presidente de los vecinos, Cristóbal Ruiz, ha anunciado que a principios de septiembre se convocará una asamblea en la que podrían acordarse movilizaciones de protesta por la pasividad de las administraciones.
