La mayoría de los subsaharianos indocumentados se queda en España

Asilo denegado a un kurdo

La mayoría de los inmigrantes subsaharianos detenidos al intentar entrar ilegalmente en España no son repatriados a sus países de origen, ya que resulta imposible comprobar su nacionalidad, según confirma la Delegación del Gobierno en Ceuta, principal punto de llegada."Dicen que son de Sierra Leona y a lo mejor son de Gabón, con lo que es imposible repatriarles", resume Inmaculada Martínez, abogada especializada en inmigración. Muchos mienten sobre su origen. Esto, unido a cuestiones económicas (la repatriación, en muchos casos, es por vía aérea) ya que muchos Gobiernos no reconocen a sus ciudadanos, impide la repatriación. Sólo se expulsa a Marruecos a aquéllos que se demuestra que han entrado desde este país, como ha ocurrido con los que saltaron la verja de Melilla en las últimas semanas.

Mientras se tramita el expediente, los inmigrantes son alojados en centros de acogida. En Ceuta y Melilla se han abierto desde el año pasado dos Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que dependen del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con 428 y 320 plazas respectivamente. Durante este tiempo no están detenidos (ninguna persona puede estarlo más de 72 horas sin pasar a disposición judicial), sino que se les ofrece alojamiento, asistencia médica y clases de español. El límite de estancia es de tres meses. Pero algunos, terminada su estancia en el CETI, deambulan por las calles sin trabajo ni lugar donde dormir, se convierten en sombras para el Estado. Sombras sin origen ni destino, pero con las necesidades básicas de cualquier persona. Si la policía les pide la documentación van a la comisaría, de donde salen de nuevo en 72 horas. La estancia ilegal, según la vigente Ley de Extranjería, no es motivo de expulsión, sino de una multa que oscila entre 50.000 y un millón de pesetas. En cambio, la reforma que propone el Gobierno conlleva automáticamente la repatriación. Siempre, claro, que se sepa el destino.

Por otro lado, Aladdine Yildiz, un kurdo de nacionalidad turca de 27 años, será expulsado mañana lunes después de que Interior rechazara su demanda de asilo, según informó ayer su abogada. Su única esperanza es que el Gobierno le permita la entrada en España por razones humanitarias. Yildiz, que ha iniciado una huelga de hambre, teme por su vida si regresa a Turquía por haber participado en actos reivindicativos de los derechos de su pueblo.