El alcalde y 5 ediles de San Lorenzo serán juzgados por "beneficiar" a un constructor

El arquitecto municipal, Francisco Navarro, emitió un informe, añade la juez, en el que "trató de justificar la exclusión" del convenio de los demás propietarios de terrenos de la zona. Alegó que la intervención de éstos "complicaría la gestión de enlace del viario del centro urbano con la carretera de la Presa", hecho "que, de ser cierto y llevarse a cabo como estaba proyectado (...), únicamente beneficiaba los intereses particulares del promotor en detrimento de los intereses generales, que vieron reducida la cesión de zonas verdes, entre otras circunstancias".El citado convenio se aprobó por la comisión de Urbanismo el 5 de diciembre de 1996 y en él se informó que su eficacia e incidencia urbanística estarían en cualquier caso supeditadas a la tramitación del nuevo planeamiento urbanístico". La juez lamenta también que "en ningún momento" se solicitase el visto bueno al proyecto "de la Direccion General de Cultura". Si se hubiese hecho así, "con toda seguridad", que este organismo habría "impuesto condiciones no beneficiosas para los intereses particulares del promotor", al menos en lo relativo a " la conservación del jardín histórico existente".La magistrada señala una supuesta connivencia entre la edil de Medio Ambiente, Lorena de Santos, y el constructor. Según la juez, De Santos "se halla unida al acusado Francisco Javier Pascual por vínculos societarios" y fue quien autorizó la tala de árboles en una zona verde, contraviniendo la normativa urbanística.La magistrada indica también: "Constándole a los acusados, funcionarios públicos, la absoluta ilegalidad de lo ejecutado, así como su imposible sanción mediante alteración del planeamiento dado el ilegítimo e injusto favorecimieto de los intereses privados (...) se procedió nuevamente a infringir de manera absoluta la legalidad vigente, aprobando, previo informe del arquitecto municipal, que alegó una vez más cumplirse la legalidad, diversas segregaciones de la parcela originaria". Así, los acusados consiguieron construir nueve casas mediante un proyecto de ejecución que "abusivamente" incluye "un aumento de edificabilidad e infringe la altura" máxima. El constructor vendió cada chalé a precios de entre 28 y 30 millones. Los compradores carecen aún de la licencia de primera utilización.Los acusados son, además del promotor, los arquitectos José Ignacio Isasi y Mercedes García. El primero, como administrador de la constructora Inversiones Neypas, y los segundos, como arquitectos firmantes del proyecto de ejecución de obra.Al arquitecto municipal, Francisco Navarro, la juez le imputa un delito urbanístico contemplado en el artículo 320, 1, del Código Penal, ya que, "a sabiendas de la inobservancia de las más elementales normas de procedimiento administrativo y en clara contradicción torticera y falaz con las normas urbanísticas vigentes, informó sucesivamente y de forma favorable a la comisión de urbanismo [de San Lorenzo] sobre las sucesivas concesiones de licencias, que son nulas de pleno de derecho".De un delito urbanístico acusa la juez al alcalde y a los concejales Antonio Pérez, Juan Carlos Andrés Hermana, Lorena de Santos, Consuelo Ugarte y Raquel Cabezudo, "los miembros de la comisión de gobierno que concedieron con su voto las licencias para esa construcción, contrarias a las normas vigentes". Y lo hicieron "a sabiendas de la injusticia de las mismas y en claro propósito inicial y final de beneficiar los intereses particulares del promotor".