Los jueces de Madrid exigen 30 juzgados más para evitar que fracase la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil

Los 74 jueces de lo civil de Madrid exigen la creación de otros 30 juzgados para poder desarrollar los contenidos de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, ya aprobada por el Parlamento y que entrará en vigor en enero del próximo año. La Junta de Jueces Civiles de Madrid (los que tramitan pleitos relacionados con asuntos de familia, interdictos, quiebras de empresas, alquileres, desahucios...) ha expresado su "preocupación" por la repercusión que va a tener esta nueva norma, que acorta los plazos judiciales, restringe determinados recursos y cuya finalidad es, en definitiva, evitar que se eternicen los pleitos civiles.

Según informó ayer el Decanato de los Juzgados de Madrid, los magistrados reclaman al Gobierno, cuando faltan aún cinco meses para la vigencia de la ley, que "inmediatamente" se les dote "de los medios humanos y materiales" que permitan la tramitación "correcta" de los casi 800 asuntos que se reciben anualmente en cada juzgado madrileño.

Los jueces madrileños vaticinan incumplimiento de los plazos previstos, de la inmediación (presencia del juez en los actos judiciales) y la aparición de "listas de espera" para el señalamiento de los juicios si no llegan más medios antes que la ley. Asimismo, advierten de que esas demoras "en ningún caso podrán imputárseles" y aseguran que en esta ocasión, y a diferencia de lo ocurrido con otras leyes, no están dispuestos al "voluntarismo heróico" de "sacar adelante como sea" la nueva norma.

Si no se les dota de más medios de forma inmediata, los magistrados se comprometen "unánimemente a practicar la inmediación exclusivamente en salas de vistas, ajustarse al número de señalamientos que permita un ejercicio responsable y de calidad, a no admitir las llamadas instructoras o escritos sustitutivos del informe o resumen oral de abogados y a exigir a abogados y procuradores el estricto cumplimiento de los deberes procesales impuestos" en la nueva ley civil.

Los jueces "están decididos a cumplir fielmente" la ley, aunque las "posibles consecuencias negativas, si las hubiere, deberán ser corregidas por los responsables políticos y judiciales".