El Gobierno anuncia acciones legales contra la decisión

El Gobierno mantiene sus tesis en defensa de la acción de oro que cuestiona Bruselas. El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, anunció ayer desde Chile, según Efe, que el Ejecutivo español "ejercerá todas las acciones legales en defensa de sus intereses". Y ello porque, según Rato "la demanda [contra España y otros Estados] es una reacción que no se atiene al derecho comunitario".Además de Rato, otros ministros también cuestionaron la denuncia y defendieron la posición gubernamental, consistente en que España no ha utilizado nunca el mecanismo de la acción de oro. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, manifestó en Santander que "únicamente se había producido una petición de información y comunicación entre Gobiernos". "No tiene sentido", abundó Montoro, que una empresa pública extranjera entre en una española privatizada". Para el titular de Hacienda, con el mecanismo de intervención gubernamental lo que se quiere garantizar es "el verdadero mercado único, la libre competencia" dentro de la UE, informa Concha Martín.

El ministro portavoz, Pío Cabanillas, calificó la decisión de Bruselas de "desacertada" y el titular de Exteriores, Josep Piqué de "contradictoria".

Esfuerzo

En el mismo sentido, el secretario general de Política Económica y Defensa de la Competencia, Luis de Guindos, explicó que el Ejecutivo ha hecho un "gran esfuerzo" de privatización y liberalización de mercados, por lo que ahora "es difícilmente aceptable que entre en ellas capital público de otros países".El PP, a través de su portavoz de Economía en el Congreso, Elena Pisonero, aseguró, por su parte, que la acción de oro trata de defender "el interés general", algo con lo que no están de acuerdo ni el PSOE ni IU.

El socialista Francisco Fernández Marugán vinculó el uso del derecho de veto con un proceso de privatizaciones "muy opaco". Por IU, su portavoz, Gaspar Llamazares, encuadró la denuncia de Bruselas en una "ofensiva" contra "cualquier vestigio" de participación pública en la economía.

CiU restó importancia a la denuncia. Su diputado Josep Sánchez Llibre alegó que "hay temas prioritarios como la apertura de los mercados y la liberalización" y explicó que "la denuncia responde a la oposición del Gobierno español al intento de fusión entre Telefónica y KPN", ésta última participada en un 43% por el Estado holandés.