La calle es mía

A sus 88 años, Carmen Ramos Espinós, vecina de la playa de San Juan de Alicante, mantiene en jaque al Ayuntamiento de esa ciudad, a la poderosa constructora Obrascón-Huarte-Lain (OHL) y a Hansa Urbana, una promotora participada por la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que gestiona el plan parcial La Condomina, la mayor urbanización (más de 5.000 viviendas y campo de golf) que se levanta en Alicante.De momento, Carmen se ha salido con la suya: parar la urbanización de la Avenida de Oviedo, un vial estratégico que, según acredita registralmente, le pertenece en parte. La anciana ha vallado una zona de la calle, que conecta el plan parcial y la Playa de San Juan. Por ahí debe pasar un gran colector diseñado para enviar las aguas pluviales al mar y evitar las inundaciones cíclicas que sufre la zona. La paralización también ha afectado a las obras de reurbanización de la plaza de A Coruña, una gran rotonda que distribuye el tráfico en la zona de playas. Allí, además, arranca la Vía Parque, el segundo gran cinturón de Alicante, entre la Gran Vía y la A-7.

Para que "no vuelvan a invadir la propiedad privada", la señora ha contratado los servicios de una empresa de seguridad y ha puesto el caso en manos de uno de los gabinetes jurídicos más prestigiosos de la ciudad. Un guarda jurado vela la posesión día y noche en el interior del recinto acotado.

El apoderado de Carmen Ramos, Vicente Orts Zaragoza, argumenta que la finca en litigio es "claramente" propiedad de la señora; y no porque ella lo diga, explica, sino porque "está perfecta y legalmente registrada a su nombre". Y advierte de que el caso puede convertirse en un problema de orden público, porque "ni a la fuerza vamos a dejar que el Ayuntamiento y las constructoras se apoderen de la finca".

El caso ha dado varios tumbos por los juzgados hasta llegar a la Audiencia de Alicante. Una juez de primera instancia se abstuvo en la causa. La competencia, esgrimió la magistrada, es de la jurisdicción contencionso-administrativo. No obstante, sin llegar a entrar en el fondo del litigio y bajo el argumento de que la ejecución de las obras es de "enorme interés público", la juez acaba de dictar un auto que deja vía libre a la constructora para seguir el trabajo. Al menos, así lo interpreta el Consistorio, que va a prepararar un decreto de ocupación forzosa del vial.

El Ayuntamiento alega que la calle es pública, y argumenta esa consideración con un plano del Plan General de Ordenación Urbana de 1968, que ya dibujaba el conflictivo vial. Quizás, dice el Consistorio, el litigio no es más que un vano intento de presión a la Administración para "obtener un lucro inmerecido e injusto".

Sin embargo, el apoderado de la señora asegura que el Ayuntamiento no puede ocupar una propiedad privada a las bravas y sin demostrar que el vial es público.

Mientras los abogados del Ayuntamiento hacen horas extra para solucionar el conflicto, las asesorías jurídicas de las constructoras agotan vías para no demorar más las obras y los jueces dictan autos y providencias para resolver lo que les toca, Carmen Ramos está muy tranquila. La calle es suya, dice su apoderado.