El litigio entre Martín Gálvez y la Diputación impide celebrar espectáculos en La Malagueta

La celebración de la feria taurina de Málaga está en el aire. El largo litigio entre la Diputación Provincial, propietaria del coso, y el empresario Manuel Martín Gálvez, a quien rescindió el contrato de explotación por acuerdo de pleno del pasado 4 de noviembre, ha llegado a una situación de no retorno. La Delegación del Gobierno de la Junta no permite a Martín Gálvez organizar corridas porque no le reconoce título para ello, pero el juez no deja a la Diputación desalojar a Martín Gálvez, por lo que no puede cederla a su nuevo adjudicatario, José Luis Martín Lorca.

Las dos partes enfrentadas están de acuerdo en que las consecuencias de su enfrentamiento perjudican en última instancia a los aficionados taurinos y a los ciudadanos de Málaga, pero ninguna parece dispuesta a ceder un ápice en sus pretensiones.El conflicto se remonta al 4 de noviembre de 1999, fecha en la que el pleno de la Diputación acordó rescindir el contrato a Manuel Martín Gálvez, que expiraba el 25 de abril de este año, y sacar a concurso público la adjudicación de la gestión de La Malagueta. El empresario, que firmó su primer contrato de arrendamiento con la Diputación en 1984, aunque su familia ha gestionado el coso desde hace 50 años, recurrió la decisión del pleno ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El pasado 24 de abril, un auto de la sala de lo contencioso administrativo del alto tribunal andaluz desestimó el recurso y dio por válido el acuerdo de pleno. En la resolución, el TSJA hacía constar que no entraba a cuestionar la naturaleza civil o administrativa de la relación contractual entre el empresario y la Diputación. En el proceso de tramitación del recurso, la Fiscalía informó de que la controversia derivaba de un contrato de arrendamiento suscrito entre la Administración y un particular sujeta a la ley de arrendamientos urbanos y que por consiguiente tenía naturaleza civil y no administrativa.

A esta tesis de la fiscalía apela el abogado de Martín Gálvez, José Agustín Gómez-Raggio, quien sostiene que el contrato firmado por su cliente fue siempre de arrendamiento y que por consiguiente sólo se puede rescindir si se dan algunas de las condiciones expresamente determinadas en la ley, que no aparecen en este caso.

Esta misma tesis marca los fundamentos de un reciente auto del juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Málaga, que el pasado 30 de mayo resolvió no dar autorización a la Diputación para desalojar a Manuel Martín Gálvez.

Esta resolución ha sido un duro revés para la Diputación, que había solicitado autorización judicial para el lanzamiento del empresario, toda vez que el TSJA había ratificado el acuerdo de rescisión del contrato.

Entretanto, la Diputación, por acuerdo plenario del pasado 26 de mayo, otorgó la concesión administrativa de gestión de la plaza al empresario malagueño José Luis Martín Lorca tras analizar las seis ofertas presentadas al concurso público, al que no concurrió Martín Gálvez.

La Diputación ya ha presentado recurso contra el último auto que le impide tomar posesión de la plaza. Entre los fundamentos jurídicos del auto, el juez apelaba a su papel como garante de la inviolabilidad del domicilio y esgrimía que la actuación administrativa de la Diputación no había sido "indiscutible, inatacable e irreversible en sus contenidos materiales". El juez censuró al organismo supramunicipal que no le hubiera informado de que sus decretos de desalojo habían sido recurridos por Martín Gálvez.

En su recurso, la Diputación esgrime que una plaza de toros no puede ser considerada un domicilio y que el acuerdo por el que se rescindió el contrato es "perfectamente ejecutable" al no haber sido suspendido por ninguna instancia.

Mientras los recursos judiciales se resuelven, la feria se echa encima sin un horizonte despejado. De momento, la Delegación del Gobierno decidió ayer no admitir la solicitud de Martín Gálvez para celebrar el próximo domingo una corrida de toros, apelando a la resolución judicial que amparó la rescisión del contrato, y presumiblemente hará lo mismo con otro festejo programado para el día 25. El abogado del empresario ha cuestionado esta decisión, que considera obedece a motivaciones políticas. Gómez-Raggio sostiene que, según el reglamento taurino, la empresa de una plaza permanente sólo tiene que comunicar a la autoridad competente la celebración de un festejo, pero nunca pedirle autorización.