El Supremo aprueba que sus sentencias vinculen obligatoriamente a todos los jueces

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, integrada por el presidente de la institución, Javier Delgado, los presidentes de las cinco salas y otros tantos magistrados, aprobó ayer el estudio de las reformas que el Poder Judicial incorporará a las 122 propuestas ya elaboradas para un eventual pacto de Estado por la justicia. Algunas de las principales propuestas del documento de trabajo, como la introducción de la cuestión prejudicial o que las sentencias del Supremo sean vinculantes para todas las instancias, fueron finalmente aprobadas, pese a haber suscitado discrepancias.

El informe sobre reformas sometido ayer a deliberación de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo es prácticamente el mismo que el elaborado el pasado mes de marzo por un grupo de magistrados, entre cuyas principales novedades se atribuye a los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas la competencia sobre recursos de casación para descargar de trabajo al Supremo, y se establece un recurso de amparo ante la propia jurisdicción cuando se denuncie la vulneración de un derecho fundamental en el curso de un proceso judicial. El documento estudiado ayer agregaba algunas novedades, que se refieren a excluir el recurso de casación para faltas leves de la Sala de lo Militar del Supremo, y las funciones que tendría una gerencia única para el tribunal, así como que la doctrina establecida en una sentencia del Tribunal Supremo sea obligatoria para todos los tribunales.

Sobre la gerencia única, se propone que exista un sólo responsable de la gestión de medios, que daría cuenta a la Sala de Gobierno, evitándose la dispersión de competencias entre distintas autoridades. En este apartado se insiste en la "asignación a cada magistrado de un letrado con el que debe mantener una relación de confianza".

Abogados competentes

La Sala de Gobierno aprobó las propuestas de las distintas salas e incorporó algunas reflexiones de los presidentes de las de lo Contencioso y de lo Laboral. El documento contiene una consideración final en la que el Tribunal Supremo expone que los Colegios de Abogados "deben adoptar las medidas necesarias que garanticen la máxima competencia de los profesionales de la abogacía que desempeñen su labor profesional en el Tribunal Supremo, sin perjuicio del absoluto respeto al principio de libre ejercicio profesional".

La vinculación obligatoria de los tribunales a la jurisprudencia del Supremo, junto a la llamada "cuestión prejudicial", son las cuestiones que más han avivado los debates entre los magistrados en torno al documento.

La cuestión prejudicial es un procedimiento de gran similitud con el de las cuestiones de inconstitucionalidad promovidas por un juez o tribunal. Su introducción consistiría en que los tribunales superiores de justicia consulten al Supremo, antes de emitir su propio fallo, si pretenden separarse de la doctrina sentada por el alto tribunal.

Respecto al valor de la jurisprudencia, el informe se muestra tajante. El documento considera "ineludible" que sean vinculantes para todas las instancias judiciales los criterios que el Tribunal Supremo hayan establecido sobre cómo aplicar la ley. Especialmente en el caso de la Sala de lo Penal, "la doctrina establecida por sentencia del Tribunal Supremo será obligatoria para todos los tribunales".

El magistrado de la Sala de lo Contencioso Jesús Ernesto Peces Morate remitió a la Sala de Gobierno un informe en el que discrepa de estos dos últimos puntos así como de la propuesta de atribuir recursos de casación a los tribunales superiores.

Peces Morate consideró improcedente la introducción de la cuestión prejudicial porque "la práctica demuestra", dice, que retrasa "indefinidamente la decisión de los litigios". "La situación de los procesos en los ordenamientos que usan mecanismos similares al de la cuestión prejudicial no es más halagüeña que la existente aquí", añadía el informe de este magistrado.

Respecto al valor de la jurisprudencia, Peces Morate aducía que el Tribunal Supremo tiene la misión de interpretar mejor las leyes, no "amparar la obstinación o la rutina". Agregaba que los jueces deben resolver "con arreglo a la jurisprudencia, pero cuando consideren fundadamente que deben apartarse de ella, están obligados a hacerlo motivadamente".