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La fiscalía pide al juez que exculpe al Ayuntamiento por el crimen de la Villa Olímpica

La fiscalía ha solicitado al juez de instrucción número 14 de Barcelona que revoque la decisión que adoptó el pasado día 10 por el que acordó la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Barcelona por el crimen de la Villa Olímpica y le exigió que depositase una fianza de 200 millones de pesetas. En un recurso presentado contra esa resolución el fiscal entiende que si se aplicase a rajatabla el criterio del juez cada vez que se comete un delito se podría responsabilizar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por no hallarse en el lugar de los hechos para evitarlo. Según la fiscalía eso originaría una situación que "pugnaría com las más elementales reglas de la lógica", porque las administraciones no tienen medios materiales ni humanos para así "so pena de llegar a una situación de bancarrota o de formación de un estado policial".Por ello, la fiscalía explica en su recurso que la sentencia del Tribunal Supremo invocada por el juez para fundamentar su decisión no es aplicable en el caso de la muerte de Carlos Javier Robledo, fallecido el 1 de abril tras recibir una brutal paliza a la salida de la discoteca Back Fire. El fiscal considera que la mejor manera de resarcir el mal causado a la familia de la víctima es acogerse a la ley de ayudas para las víctimas de delitos, un trámite que ya se ha iniciado, en vez de reclamar la fianza al Ayuntamiento.

"Inopinada y brutal"

El auto del magistrado Adolfo Fernández Oubiña inculpaba al Ayuntamiento como responsable civil al considerar que cobra elevadas tasas a los locales de la Villa Olímpica pero la Guardia Urbana no hizo nada para velar por la seguridad de la zona. El fiscal, por el contrario, sostiene que no se puede invocar falta de seguridad si se tiene en cuenta la "índole inopinada, brutal y celérica con la que ocurrieron los hechos", sin que los dos amigos que acompañaban a Robledo pudiesen hacer nada por evitar su muerte. También explica que el artículo del Código Penal que regula la responsabilidad civil subsidiaria "no pretende sentar una responsabilidad universal de la Administración por cualquier resultado lesivo que se pudiera producir fuera de ámbitos estrictamente privados".

El recurso de la fiscalía recuerda que los hechos ocurrieron en el aparcamiento del Puerto Olímpico, una vía pública, por lo que se rompe así el nexo de relación entre la discoteca y quien autoriza su actividad, en este caso el Ayuntamiento. "Ninguna función por delegación y en colaboración con ente público alguno se venía desarrollando" por la discoteca, explica la fiscalía.

Ahora el juez deberá resolver el recurso de reforma presentado por la fiscalía, así como el que en su día presentó el Ayuntamiento de Barcelona. Si el magistrado rechaza estos recursos, como anunció que haría, las partes pueden acudir a la Audiencia de Barcelona.

La familia de Carlos Javier Robledo, defendida por la abogada Cinta Caminals, ha impugnado el recurso del Ayuntamiento de Barcelona al considerar que, a través de la Guardia Urbana, podía haber adoptado "medidas extraordinarias" para evitar los hechos, como el cierre o el desalojo del local "y no hizo nada".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 24 de mayo de 2000

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