La mitad de los condenados no cumplen los arrestos de fin de semana

Los jueces de vigilancia penitenciaria de Madrid denuncian "el incumplimiento masivo de los arrestos de fin de semana" debido a "la burocracia legal a la que deben someterse los reos". Afirman que el proceso que regula el cumplimiento de estos castigos es "desastroso" y permite a muchos presos eludir el cumplimiento de unas penas previstas para delitos leves (alcoholemias, riñas, abandono de familia) y que se recogen en el nuevo Código Penal de 1995. Los datos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, avalan esta denuncia: casi la mitad de las 8.672 sentencias con penas de arresto de fin de semana dictadas en España en 1999 están pendientes de cumplimiento.

La juez María del Prado, del Juzgado de Vigilancia número 2 de Madrid, es partidaria de que las actuales penas de fin de semana -una de las novedades del nuevo Código Penal de 1995- se sustituyan por los antiguos arrestos domiciliarios y que se dote a los afectados de un dispositivo telemático (una pulsera electrónica conectada con Prisiones) que asegure su cumplimiento.

El proceso que los jueces califican de desastroso es el siguiente: una vez dictada una sentencia, la ley establece que el condenado acuda a un centro dependiente de Prisiones y convenga el lugar y los fines de semana en que desea cumplir su condena. Elaborado el plan, éste es trasladado al juez, quien, mediante un auto, lo aprueba o desaprueba. El problema es que muchos reos, una vez aprobado ese plan, no dan señales de vida y no se les puede localizar para entregarles el auto. "Y tampoco podemos decretar contra ellos una orden de búsqueda y captura porque no les ha sido notificado el auto", asegura la juez Torrecilla.

Pulseras electrónicas

Esta magistrada es partidaria del antiguo método, el arresto domiciliario, pero dotando a los afectados de pulseras electrónicas, dado que no puede haber un policía permanente en la puerta de los reos controlando si éstos salen de sus casas. Diez presos del centro penitenciario Victoria Kent, de Madrid, dependientes de esta magistrada y clasificados en tercer grado disponen ya, a título experimental, de este dispositivo, que funciona así: "Se coloca una pulsera en la muñeca al arrestado, conectada a un aparato que se instala en su casa y que a su vez está conectado, vía telefónica, con una sala de control instalada en el centro penitenciario. Si el arrestado se distancia del aparato más de lo previsto, o si intenta alterarlo, suena la alarma en Prisiones".

Por otro lado, los jueces de vigilancia de Madrid afirman que están desbordados de trabajo y que por ello tardan hasta tres meses en resolver los recursos de los internos. Por ello exigen que se creen dos nuevos juzgados. Cada juzgado de Madrid tiene en la actualidad a su cargo a unos 2.500 internos, cuando el módulo máximo fijado por el Consejo del Poder Judicial recomienda que haya un juzgado por cada 1.000 internos.