El Poder Judicial propone 122 reformas para alcanzar un pacto de Estado sobre la Justicia

Una comisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elaborado una lista de 122 propuestas para reformar la justicia, con las que considera que se debe llegar a un acuerdo de Estado entre los partidos de alcance similar al que en su día tuvieron los Pactos de La Moncloa. La lista sigue abierta y en espera de incorporar las propuestas del Tribunal Supremo, antes de que el documento sea abordado por el pleno del Poder Judicial. Mientras se redacta la lista definitiva, el ministro de Justicia, Ángel Acebes, se reunirá hoy en un almuerzo con el presidente y los vocales del CGPJ.

El documento redactado por la Comisión del Libro Blanco de la justicia señala, en el capítulo sobre acceso de los ciudadanos a los tribunales, que los extranjeros tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita en condiciones análogas a las de los ciudadanos españoles. Se excluirá como beneficiarios a las personas jurídicas, salvo las entidades benéficas, asistenciales y de interés general.Se procurará evitar el proceso penal cuando se haya producido reparación inmediata y total del daño causado a particulares e intereses públicos por los menores.

El documento considera inaplazable una "completa reforma" del proceso penal mediante la elaboración de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dentro de esos cambios, se considera que el ejercicio de la acción popular con carácter subsidiario respecto de la acción pública y debe excluirse de su ejercicio a las administraciones publicas y personas físicas o jurídicas que puedan resultar responsables del delito que se investigue.

Derecho de información

La titularidad de la instrucción debe atribuirse al ministerio fiscal. Las querellas, denuncias y en general, toda comunicación de hechos que presenten caracteres de delito deberán ser presentadas ante el Ministerio Fiscal, con eventual recurso ulterior ante el juez de garantías. El fiscal dirigirá la investigación y practicará las diligencias tendentes a la averiguación de los hechos. El documento también propone sustituir la actual regulación del secreto del sumario "excesivamente rígida", por otra más flexible, en la que se permita al fiscal y al juez hacer compatible la demanda social de información sobre el proceso con las derechos fundamentales de los que intervienen en el mismo. El fiscal tendrá la facultad sobre la publicidad de las actuaciones, delimitando las correspondientes responsabilidades cuando se produzcan revelaciones indebidas.

La lista propone que la Policía Judicial dependa efectivamente del ministerio fiscal. Sólo se podría adoptar la prisión provisional cuando exista peligro de fuga del imputado, o de destrucción, desaparición o alteración de pruebas, y se suprimiría toda referencia a la "alarma social". La ley deberá establecer con toda claridad y precisión el concepto de "imputado" sobre la atribución, con el necesario fundamento, de un hecho punible a una persona determinada.

El CGPJ insiste la necesidad de revisar el sistema de penas, y la suspensión o sustitución de algunas de éstas. También propone constituir unidades de asesoramiento para los grandes procesos, así como la reforma de la Ley del Jurado, tanto si se continúa con el actual sistema de jurado puro como si se introduce el sistema escabinado o mixto, de jueces profesionales y legos en Derecho.