La proliferación de aspirantes a dirigir el PSOE obligará a la gestora a "racionalizar" el proceso

La súbita proliferación de aspirantes a la secretaría general del PSOE ha obligado a la comisión política a replantearse su intención de facilitarles medios y recursos para sus campañas. Como estatutariamente no hay diferencias entre unos y otros, la gestora trabaja ya en unas normas que "racionalicen" el proceso para someterlas el próximo lunes a la aprobación del comité federal. Rosa Díez fue la primera en presentarse. Pero por escrito también lo han hecho tres militantes de Granada, Ciudad Real y Barcelona, y por teléfono, otros seis han manifestado esa intención.

La primera consecuencia de que varios militantes se hayan dirigido a la Comisión Política para optar a la secretaría general es que la pequeña oficina de Rosa Díez en la sede de Madrid ha quedado en suspenso hasta que el Comité Federal tome una decisión. "No damos la menor importancia a este hecho, aunque puede producir desajustes ante un proceso nuevo", dijo ayer Luis Atienza, designado por Díez como su jefe de campaña. A su juicio, todo estará más claro tras la reunión del Comité, cuando haya normas que "racionalicen el proceso", según la expresión de Luis Pizarro, responsable de Organización.Lo cierto es que se pueden restringir los medios a disposición de los candidatos porque los recursos del partido son "limitados", advirtió el portavoz de la Comisión, Máximo Díaz Cano, y estatutariamente todos los militantes son iguales.

Eso han pensado Francisco Ruiz Esteban, de Purullena (Granada); Juan Manuel Álvarez Filgueira, de Castellar de Santiago (Ciudad Real), y Félix Maestre, de Barcelona, que han manifestado por escrito su determinación de aspirar al liderazgo socialista y que han requerido información sobre los medios con que contarían. Según miembros de la gestora, al menos otra medio docena de militantes, entre ellos Manuel Ayllón, de Madrid, también han telefoneado en ese sentido y se les ha dicho que comuniquen sus intenciones por carta.

Aunque alguien se lo pueda tomar a broma, a la Comisión no le hace gracia la situación, por más que desde la perspectiva política se puedan encontrar diferencias obvias entre las candidaturas con posibilidades de tener un eco notable y las meramente testimoniales. "Cualquier militante puede llevar a esta Comisión a los tribunales si se siente discriminado", advierte uno de sus integrantes. A su vez, personas del reducido equipo de Díez sonreían ayer ante la posibilidad de quedarse sin sus dos despachos: "Con un teléfono y un ordenador tendremos suficiente".

Relativa improvisación

¿Todos aquéllos que quieran ser aspirantes a la secretaría general pueden serlo? En principio, sí. Si se necesitará algo más, tendrá que decidirse el lunes. En las primarias había que tener el respaldo de 30.000 militantes o las firmas del 15% de los miembros del Comité Federal. Algunos dirigentes aseguran que varios de los que anuncian su presentación sólo pretenden con su actitud "provocadora" poner de manifiesto la ausencia de normas y la relativa improvisación del proceso.

Por ahora, todos los que han querido aportar documentos o manifiestos lo han hecho desde Ferraz -se distribuirán a las federaciones y se publicarán en El Socialista-. El grupo Nueva Vía, que encabeza José Luis Rodríguez Zapatero, distribuyó el suyo desde esta sede. Así lo hará también el de Iniciativa por el Cambio, liderado por Manuel Escudero. Hoy mismo, el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en nombre de su federación, presentará su texto alternativo a la ponencia-marco del congreso.

De momento, los aspirantes con el firme propósito de llegar hasta el final siguen siendo Díez y José Bono, el presidente de Castilla-La Mancha. Rodríguez Zapatero lo decidirá en 15 o 20 días y el sector guerrista sigue tratando de convencer a Matilde Fernández para que dé el paso.

Díez se reunió ayer, en una dependencia del Congreso, con una veintena de parlamentarios, entre ellos Ramón Jáuregui y Javier Rojo, para explicarles su proyecto. Lo exiguo del número, entre 200 personas, indicaría que el acto fue un fracaso. Sin embargo, algunos diputados aseguraron no haber tenido conocimiento de su convocatoria; miembros de una federación, que pidieron el anonimato, dijeron que sus jefes les habían recomendado no asistir, y algunos de los que acudieron intentaron pasar inadvertidos ante los periodistas.