Sotos niega que desviara fondos de PSV para financiar proyectos ajenos a la cooperativa de viviendas

Carlos Sotos, principal acusado del caso PSV (hundimiento, hace siete años, del mayor proyecto de vivienda social en España), negó tajantemente ayer ante la Audiencia Nacional que desviara fondos de la cooperativa con el fin de financiar proyectos ajenos a ella. Ésta es la base de la acusación que pesa sobre él y los seis restantes imputados en el caso (Paulino Barrabés, Fermín Bretón, Francisco Hernández, Sebastián Reyna, Jesús Aína y Primitivo Álvaro), para los que el fiscal, Vicente González Mota, solicita ocho años y dos meses de prisión.La sesión de ayer, sexta del juicio, volvió a ser un nuevo, tenso e intenso mano a mano entre el fiscal y el principal encausado. González Mota trató de demostrar por todos los medios que sí hubo desvío de fondos de los cooperativistas a los innumerables negocios que dependían de la gestora de la cooperativa, IGS. Y su táctica consistió en repasar casi una por una las inversiones y las filiales de IGS y preguntar a Sotos de dónde provenían los fondos en cada caso.

El fiscal asegura en su escrito de acusación que los siete inculpados "administraron los fondos de la promotora a través de IGS y los incorporaron finalmente al patrimonio de esta compañía y los utilizaron en su proyecto empresarial, en lugar de en las promociones". En ese escrito, González Mota llega a la conclusión de que por esa vía se "distrajeron" 18.587 millones de pesetas de los fondos de la cooperativa.

La respuesta de Sotos a las reiteradas preguntas del fiscal fue siempre la misma. El dinero destinado a estas inversiones provenía de fondos ajenos a los aportados por los cooperativistas. "IGS tenía recursos suficientes, vía fondos propios, aprovechando su margen de negocio, usando su circulante o con financiación exterior para hacer frente a los proyectos que acometimos", repitió una y otra vez Sotos en el transcurso de la sesión.

En el exhaustivo interrogatorio de González Mota salieron a relucir todo tipo de pagos y contratos, pues se remontó al origen de IGS. Por ejemplo, el fiscal preguntó por unos pagos realizados por unas obras en una finca ubicada en Madriguera (Segovia). Esa finca y el chalé al que se refieren los pagos pertenecen a Carlos Sotos.

El fiscal pidió detalles sobre esta operación y el imputado señaló que responde a un pago acordado con IGS. Sotos explicó que él, junto a otros dos socios, aportó una serie de sociedades y activos a IGS cuando se constituyó. Más tarde, la gestora fue ampliando capital y dio entrada a UGT. En un momento de ese proceso, el consejo de administración de IGS, presidido por Carlos Sotos, decidió aprobar una serie de compensaciones a los accionistas originarios de la gestora, a cambio de que éstos renunciaran a sus derechos económicos.

"El pago que se acordó fue de 320 millones de pesetas, a abonar bien en dinero, bien en especie. De ahí la factura de la obra de Madriguera", señaló Sotos, quien dijo que el valor real de los activos que aportó a IGS "valen más de 5.000 millones de pesetas". Sotos, también a preguntas directas del fiscal, explicó que IGS funcionó como un grupo empresarial de UGT, pues absorbió empresas como Unial, Viajes Libertur o Tipografía Torreblanca.