Malestar en el campo por el retraso de las ayudas a la modernización de las explotaciones agrarias

La Consejería de Agricultura todavía no ha aprobado la resolución autonómica de concesión de ayudas a la modernización de las explotaciones agrarias previstas en el Real Decreto 2067/1999, aprobado por el Ministerio de Agricultura el 30 de diciembre del año pasado. El citado decreto ministerial, que entró en vigor el 1 de enero de 2000, es un texto refundido de decretos anteriores que adapta la normativa española al Reglamento 950/97 de la Unión Europea (UE) sobre mejora de las estructuras agrarias. Dicho reglamento desarrolla una parte de las líneas de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) de la Agenda 2000, y contempla ayudas para mantener la población rural y el patrimonio natural del campo.

La tardanza de la Generalitat en abrir el plazo de solicitud de estas ayudas está provocando malestar e incertidumbre entre los agricultores valencianos, y más si tenemos en cuenta que otras comunidades autónomas, como Cataluña o Castilla-León, ya han abierto la inscripción para acceder a estas subvenciones, e incluso otras como Aragón ya han cerrado el plazo, según fuentes de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de España (COAG), en la que está integrada la Unió de Llauradors i Ramaders. Según la COAG, el caso más paradigmático de rapidez administrativa es el de Aragón, que abrió el plazo el 1 de enero y lo cerró el 15 de marzo. En Castilla-León el plazo se abrió el 7 de marzo, mientras que en Cataluña y otras comunidades el plazo está permanentemente abierto, ya que aplican directamente el decreto del ministerio por tratarse de una normativa básica del Estado.

El decreto contempla ayudas a la inversión en planes de modernización de explotaciones agrarias, primera instalación de agricultores jóvenes y mejora de la cualificación profesional. Pero, dentro de la reforma de la PAC, queda por regular por la UE otra línea de ayudas al desarrollo rural, como son las mejoras agroambientales de las explotaciones y la protección de bosques.

En la Comunidad Valenciana hay consignados por la Generalitat 2000 millones de pesetas para cubrir todas estas líneas. La consejería, sin embargo, afirma que ya tiene preparado el borrador y que espera que la UE apruebe el marco comunitario que engloba el reglamento al desarrollo rural para poner todas estas ayudas en el mismo paquete. Pero según la Unió de Llauradors, aunque la consejería no tiene un plazo máximo para abrir las ayudas, la lentitud del proceso puede perjudicar a los agricultores. La Unió afirma que no se trata de ayudas de compensación de la renta, como en años anteriores, sino que son subvenciones estructurales importantes que requieren una mejor organización de la Administración. El retraso administrativo, aunque no supone la pérdida de las ayudas europeas, puede provocar, según la Unió, un colapso en la gestión de ayudas ante la avalancha de solicitudes, lo que puede derivar en discriminaciones innecesarias. Sin embargo, la consejería dice que abrirá el plazo en mayo, pero que si no hay tiempo suficiente habrá una prórroga desde el 1 de noviembre de 2000 al 11 de enero de 2001.