La Ley del Menor obligará a duplicar el personal judicial en las capitales

Las grandes ciudades deberán duplicar el personal de las administraciones judiciales destinado al servicio de menores con la puesta en marcha el 13 de enero de 2000 de la nueva Ley Penal del Menor por la necesidad de asesorar a los fiscales, nuevos instructores de estos procesos, con expertos técnicos. La directora general de Instituciones y Cooperación con la Justicia de la Junta de Andalucía, Rosa Bendala, aseguró ayer en Antequera (Málaga) que será necesario el incremento de las plantillas en las grandes ciudades y en otras localidades, de las que sólo exceptuó "las menos conflictivas".Bendala, que asistió a unas jornadas de análisis de la ley por parte de jueces y fiscales, destacó la incorporación de auxiliares e informáticos, y recordó que el equipo de psicólogos continuará su valoración de las actuaciones de los menores encausados y de su capacidad para la reinserción en la sociedad.

El menor se convertirá en un sujeto de derechos plenos con la entrada en vigor de la nueva Ley Penal. La presunción de inocencia, la opción de no declarar sin presencia del abogado o la tutela judicial efectiva son algunas de las garantías destacadas por la directora general, que aseguró que la actual ley, "se entienden de otra manera".