El primer caso de intervención judicial en un club español
El 22 de diciembre de 1999, Manuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional, decretó la destitución de Jesús Gil como presidente del Atlético de Madrid, y de Enrique Cerezo como vicepresidente, así como de todo el consejo de administración del club.El auto del juez estaba fundamentado casi en su totalidad en una petición del fiscal Carlos Castresana, basada en el hecho de que ambos se hicieron con el 94,5% del capital social del club, valorado en más de 1.950 millones de pesetas, sin desembolsar cantidad alguna por sus acciones, en tanto que el resto de socios pagaron 112 millones de pesetas, cantidad que "se quedó también Jesús Gil". También se acusaba a Gil y Cerezo de diversas operaciones fraudulentas para conseguir la conversión del club en sociedad anónima. Gil es acusado de haber saldado una deuda con el club de 2.700 millones compensándola con los derechos ficticios sobre cuatro jugadores -los africanos Abbas Lawal, Limamou Mbengue y Matías Djana, y el brasileño Maximiliano Oliveira-, ninguno de ellos conocido.
García-Castellón nombró a Luis Manuel Rubí como administrador judicial con plenos poderes para llevar la administración del club hasta el 31 de marzo de 2000, mientras se investigaban los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y delitos societarios, cifrados en 9.427 millones de pesetas por la Fiscalía Anticorrupción. El 27 de diciembre de 1999, el Juzgado de García-Castellón decretó el bloqueo de seis cuentas bancarias del Atlético de Madrid.
El 3 de enero de 2000, la plantilla del Atlético de Madrid, tras un entrenamiento, emitió un comunicado de apoyo a Jesús Gil y su familia, y mostró su divorcio del administrador Rubí.
El 13 de enero de 2000, Rubí envió al juez un escrito poniendo en duda diversos documentos contables del club. Cuatro días después, el fiscal Castresana pidió 200 millones de pesetas de fianza para Jesús Gil y otros 100 más para su hijo Miguel Ángel y para Cerezo. Al día siguiente, el juez García-Castellón confirmó el auto por el que decretó la intervención y administración judicial del Atlético. Un día más tarde, impuso una fianza de 125 millones a Gil y 50 a su hijo y a Cerezo para eludir la prisión.
El 1 de febrero pasado, el club Figueres pidió personarse en el juicio como perjudicado. Más tarde, el 22 de febrero, hizo otro tanto el Burgos. Ambos clubes militan en Segunda B.
El 14 de marzo pasado, Rubí ofreció a la Agencia Tributaria hipotecar los terrenos del estadio Vicente Calderón para regularizar una deuda fiscal de 1.300 millones. El martes pasado, la familia Gil solicitó al juez que se impusiera una fianza a Rubí para garantizar que su gestión al frente de la entidad fuera la adecuada.
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