Cultura tendrá que decidir si accede a que una avenida divida el barrio de El Cabanyal

La responsabilidad de permitir seccionar el barrio de El Cabanyal-Canyamelar de Valencia tal como pretende el Grupo Popular pesa desde ayer sobre la dirección general de Partimonio de la Consejería de Cultura. El PP hizo valer su mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Valencia: aprobó la documentación del plan especial que contempla la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar así como remitirla a Cultura y Obras Públicas para que den su visto bueno. El PSPV -que junto a EU se opuso- destacó que la decisión no supone la aprobación del plan.

Los primeros en hablar en el pleno fueron ayer tres representantes vecinales que se opusieron al plan municipal. Pero ni sus argumentos ni la intensa cacerolada del centenar de integrantes de la platafoma cívica Salvem El Cabanyal-Canyamelar -varios de cuyos integrantes se encuentran en huelga de hambre desde hace siete días- que ayer se concentraron durante el pleno frente a la puerta de acceso al Ayuntamiento de Valencia impidieron que los 20 concejales del Partido Popular votaran favorablemente a la aprobación de la documentación del proyecto urbanístico de atravesar los barrios marítimos. Precisamente el objeto de la votación suscitó un debate entre la portavoz socialista Ana Noguera y el secretario municipal, Vicent Miquel. Noguera denunció su "inconcreción" y quiso dejar claro que la votación de ayer no abordaba la aprobación del proyecto, total o parcial, ya que que éste se encuentra pendiente de los informes de Cultura sobre la situación de los imuebles catalogados como Bien de Interés Cultural que se demolerán si se ejecuta el plan. De hecho, el Grupo Socialista señaló que estudia impugnar por posibles defectos de forma la votación y por incumplimiento de la ley de Bases de Régimen Local.

Tras aclarar este aspecto, la portavoz socialista no ahorró críticas al proyecto de partir El Cabanyal. Acusó a los gobiernos municipales conservadores que se suceden desde 1991 de haber dejado que el barrio se fuera degradando progresivamente para acudir ahora con un plan de rehabilitación que supondrá "la desaparición de un barrio emblemático de la ciudad y la exclusión social de sus residentes". Este fue otro de los aspectos en los que incidió la edil socialista: la operación urbanística que se esconde detrás del plan. Un metro cuadrado expropiado se ha pagado a 55.000 pesetas, señaló, frente a las 140.000 de media de metro cuadrado actual, lo que imposibilitará que los propietarios de las 1.500 viviendas desalojadas puedan volver a las calles que ocupaban.

Los representantes de Esquerra Unida mantuvieron la línea de la oposición socialista. Manuel Ibáñez acusó al concejal de Urbanismo, el popular Miguel Domínguez, de "falta de talante democrático", al "ignorar" a los vecinos y optar por el "oscurantismo" en la gestión urbanística.

El proyecto "regenerará y revitalizará" el barrio, planteó Domínguez en representación de los populares y basó el apoyo al plan en la idea de que que sus dotaciones "atraerán" a los jóvenes y lograrán un "rejuvenecimiento demográfico" de la zona. Antes de comenzar el debate tomaron la palabra tres vecinos que cargaron duramente contra la prolongación de Blasco ibáñez.

La inversión prevista para acometer el proyecto del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de El Cabanyal-Canyamelar ronda los 27.000 millones de pesetas durante los próximos seis años.