Sólo siete Estados han ratificado el estatuto del Tribunal Penal Internacional, firmado en julio de 1998

El nacimiento del Tribunal Penal Internacional (TPI) será lento. Concebido en Roma en julio de 1998, tras una larga y compleja conferencia diplomática, 95 de los 120 Estados que aprobaron su creación han firmado su estatuto en el marco de Naciones Unidas, pero sólo siete lo han ratificado. Para que entre en funcionamiento es necesaria la ratificación de, al menos, 60 Estados. En la ONU están representados 187 Estados.Hasta el pasado 9 de marzo lo habían ratificado Italia (país anfitrión de la conferencia), Fiji, Ghana, Noruega, San Marino, Senegal y Trinidad y Tobago.

España firmó el estatuto el 18 de julio de 1998 y tanto el PP como el PSOE e IU se han comprometido a ratificarlo en la próxima legislatura. Pese a esta rotunda voluntad política, compartida por la mayoría de los partidos nacionalistas, quedan por despejar las reservas planteadas por algunos juristas, que opinan que la ratificación del estatuto conllevaría la reforma de la Constitución española con relación a la inmunidad del jefe del Estado.

El TPI tendrá su sede en Holanda, como su hermanos precedentes -los tribunales internacionales para dilucidar los crímenes cometidos en las guerras de la antigua Yugoslavia y de Ruanda por decisiones del Consejo de Seguridad adoptadas en 1993 y 1994-, pero su jurisdicción, a diferencia de estos dos tribunales, será universal. La necesidad de este tribunal internacional ha quedado de manifiesto en los casos Pinochet y Guatemala, en los que la ausencia de una jurisdicción penal internacional ha llevado a magistrados de la Audiencia Nacional de España a ocuparse de la investigación de crímenes contra la humanidad.

Hostilidad de las potencias

Uno de los obstáculos a los que se enfrenta el nacimiento del TPI es la hostilidad manifiesta de potencias como Estados Unidos, Rusia o China -todos ellos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas-, que ni siquiera han firmado el estatuto del tribunal.

En EEUU, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el ultraderechista Jesse Helms, no sólo se ha pronunciado en contra de la existencia del TPI, sino que hizo un llamamiento para "aniquilar ese monstruo". En un artículo publicado en el diario británico Financial Times, a los pocos días de aprobarse en Roma el estatuto del TPI se preguntaba públicamente: "¿Pueden imaginar lo que hubiera ocurrido si este tribunal hubiera estado ya en funcionamiento durante la invasión estadounidense de Panamá? ¿O la de Granada? ¿O el bombardeo de Trípoli? En ninguno de estos casos EEUU solicitó el permiso de Naciones Unidas para defender nuestros intereses. Y mientras yo siga respirando, Estados Unidos nunca permitirá -repito, nunca- que sus decisiones sobre seguridad nacional sean juzgadas por un Tribunal Penal Internacional".

Las objeciones de EEUU a la juridicción internacional ya se habían puesto de manifiesto en la década de los ochenta, como recordó el propio Helms, cuando el Tribunal Internacional de La Haya -también dependiente de Naciones Unidas- declaró que el apoyo de Washington a la Contra nicaragüense constituía una violación del Derecho Internacional. La Administración de Reagan ignoró sus resoluciones.

Una Comisión Preparatoria del Tribunal Penal Internacional sigue trabajando, en el marco del sistema de Naciones Unidas, a fin de desarrollar el Estatuto y su funcionamiento.

El estatuto concede al TPI jurisdicción sobre crímenes similares a los que juzgó el tribunal militar de Núremberg, al término de la Segunda Guerra Mundial: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión, y los Estados se someten automática e incondicionalmente a su jurisdicción cuando se unen a él y aceptan que el tribunal actúe si el Estado con mayor responsabilidad no quiere o no puede perseguir el delito cometido.

La jurisdicción universal del tribunal implica que cualquier ciudadano del mundo, si comete un crimen contra la humanidad, pueda ser conducido ante sus jueces, independientemente de la nacionalidad que tenga y de que su Estado haya o no ratificado su estatuto.

Entre las ausencias de los países firmantes destaca no sólo la de las grandes potencias, sino la del bloque de países árabes y musulmanes, de Estados como Israel, México y Uruguay o potencias nucleares de segundo orden como India y Pakistán.