Pendientes del Parlamento y del Constitucional
El calendario político ha marcado las decisiones estratégicas de las seis cajas andaluzas, ahora condicionadas por un largo periodo de adaptación a la nueva ley autonómica. El presidente de la Junta, Manuel Chaves, pasó un amargo trago parlamentario para, in extremis, sacar adelante su proyecto legislativo. El Gobierno central, en la antesala de la doble convocatoria electoral del 12 de marzo, prolongó el calvario: recurrió ante el Constitucional las disposiciones que rebajaban la representación de la Iglesia en CajaSur.A mediados de febrero, el Tribunal admitió a trámite el recurso y paralizó la ejecución de los artículos de la ley autonómica (en vigor desde el 16 de diciembre) que modificaban la situación excepcional de la entidad cordobesa. Esta suspensión (que debe confirmarse en seis meses) permite al cura Miguel Castillejo seguir al frente de la entidad (como en los últimos 26 años), y al Cabildo Catedralicio mantener el 35% de los cargos de la Asamblea.
Las otras cinco entidades (Unicaja, La General, El Monte, Caja San Fernando y Caja de Jaén) tienen hasta junio para adaptar sus estatutos. Entonces, en cumplimiento de la nueva ley, se iniciará la renovación gradual de los órganos de gobierno para dejar paso a los nuevos cargos (21% del total) que debe elegir el Parlamento andaluz. En la nueva Cámara, que se formará en abril, los socialistas quieren imponer su mayoría relativa para recuperar proyectos que se cayeron de la ley; sobre todo, la creación de una Caja de cajas que coordine actuaciones de las seis entidades y sirva de preámbulo al objeto del deseo de Chaves, una única entidad para toda la región.
Un reciente informe de la patronal andaluza desaconseja la fusión a seis. Y apuesta por una opción que no cuenta con el beneplácito de la Junta: la unión de las cajas sevillanas, El Monte y Caja San Fernando. Una operación que ha sido visiblemente apoyada por estamentos económicos y políticos de la ciudad.
