EL JUICIO POR EL 'CASO LASA-ZABALA' El fiscal dice que el proceso se cierra en falso porque "no están todos los acusados que deberían estar"

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, afirmó ayer en el juicio por el caso Lasa-Zabala que el proceso se cierra en falso, puesto que en el banquillo "no están todos los acusados que deberían estar" porque faltan otros responsables, tanto a nivel superior como intermedio e inferior. El fiscal, en el informe con el que defendió la imposición a los principales acusados de penas que superan de largo el centenar de años de cárcel, afirmó que la investigación de los hechos ha sufrido "grandes y graves obstáculos (...) debido a la cualidad de las personas investigadas".

Santos, como ya hiciera durante el juicio por el asesinato del ciudadano francés Robert Caplanne, reivindicado por los GAL, precisó que los cinco años que ha durado la investigación para llegar a este juicio van a tener una finalización parcial, puesto que no se van a poder depurar todas las responsabilidades penales, de lo que calificó "execrables hechos criminales". Recordó que la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, que condenó por primera vez una acción de los GAL como cometida por una banda armada, ya recogió en ese caso que se trataba de un cierre parcial.También denunció los graves obstáculos que sufrió la investigación debido a la "cualidad de los investigados", que tenían acceso a las fuentes de investigación y la posibilidad de "cegar las fuentes de prueba". El fiscal recordó las campañas de desprestigio emprendidas contra testigos, investigadores y jueces y las amenazas, seguimientos y agresiones sufridas por diversos testigos protegidos que han determinado en muchos casos la retractación en el juicio de sus declaraciones sumariales.

Contundente y metódico

El fiscal realizó un informe exhaustivo, metódico y contundente, en el que analizó de forma sistemática cada una de las pruebas existentes en la causa, que, a su entender, demuestran que el general Enrique Rodríguez Galindo, el ex gobernador Julen Elgorriaga, el comandante Ángel Vaquero y los ex guardias Enrique Dorado y Felipe Bayo participaron, bien por inducción, bien de forma directa, en los secuestros, torturas y asesinatos de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.

Santos mantuvo que existe una prueba de cargo "suficiente, plural, diversa y licita" que ha destruido la presunción de inocencia de los acusados.

Al diseccionar la participación de los procesados en los delitos que les imputan, el fiscal enumeró como prueba de cargo siete apartados, que luego desmenuzó: los papeles del Cesid; las declaraciones incriminatorias y la retractación en el juicio de Felipe Bayo y la cinta magnetofónica grabada en la prisión militar de Alcalá; los testimonios de referencia, como los del policía Ángel López Carrillo, el contrabandista Pedro Luis Miguéliz, Txofo, el ex director de la Guardia Civil Luis Roldán, el ex guardia José María Velázquez Soriano y P.C., el testigo protegido 1964-S; la prueba indiciaria, como las detenciones en Tolosa; otros indicios, con los datos aportados por los familiares y amigos de Lasa y Zabala y, finalmente, los testigos de comprometida imparcialidad y veracidad, entre los que incluyó al comandante Cándido Acedo y al jefe de escoltas de Elgorriaga, Manuel Enrique Falcón.

Por ello, Santos afirmó que Galindo, Elgorriaga y sus superiores, así como Vaquero, Dorado, Bayo y otras personas a las que no se ha podido probar su implicación secuestraron a Lasa y Zabala para sacarles información sobre ETA. Agregó que se ha probado "de forma palmaria" la detención ilegal de Lasa y Zabala entre el 15 de octubre de 1983 y el 20 de enero, cuando fue reivindicada en Alicante. Calificó de "evidentes" las lesiones que tenían los etarras y precisó que la prueba del asesinato era "manifiesta", y que Lasa murió de un tiro y Zabala, de dos.