IU, abocada a una regulación de empleo por el fracaso electoral

Tras los desastrosos resultados electorales del 12 de marzo, los trabajadores de la sede federal de Izquierda Unida (IU), una plantilla de 62 trabajadores, están abocados a un expediente de regulación de empleo. Así lo comunicó ayer la dirección al comité de empresa, aunque aún no se ha podido cuantificar a cuántos trabajadores afectará esta medida. Para hoy está prevista una reunión en la que comenzará la negociación del expediente. Los trabajadores temen que pueda afectar a más de la mitad de la plantilla. Los principales ingresos de la coalición, como los de cualquier fuerza política, provienen de las subvenciones que el Estado les da en relación a su representación en el Parlamento. IU ha pasado de 16 diputados -obtuvo 21 en 1996, pero las escisiones de Nueva Izquierda e Iniciativa per Catalunya los dejaron en 16- a ocho. Y no sólo eso. También los votos cuentan a la hora de recibir ingresos del Estado. Y la coalición ha perdido 1.400.000 de ellos en las últimas elecciones.La negociación no ha hecho más que comenzar. Sobre todo porque la dirección y especialmente los responsables de finanzas no conocen aún, a sólo una semana de las elecciones, cuál puede ser la cuantía de los ingresos que el Estado determine para esta fuerza política. Hasta que no se constituyan las Cortes no se sabrá si la coalición tiene o no representante en la Mesa del Congreso, algo que también les ha producido hasta ahora importantes ingresos.

Pero lo que está claro es que la situación, o al menos así lo asegura la dirección, es muy complicada y que la plantilla no puede ser la misma que hay ahora. Es algo que ya tenían claro la mayoría de los trabajadores en la misma noche electoral, aunque nadie quiere hablar de cifras concretas. En todo caso, será la dirección la que tendrá que negociar a partir de ahora esa cifra con los sindicatos.

La dirección tendrá además que presentar el balance de gestión en los últimos tres años, en los que ya se han vivido varias situaciones de crisis económica, para argumentar su decisión de ir hacia un expediente de regulación de empleo, que hasta ahora no se había producido. Y, como en cualquier otra empresa, es muy posible que la batalla acabe en los tribunales.