Aznar quiere que la UE se comprometa en una amplia reforma laboral y de las pensiones

El Gobierno en funciones de José María Aznar acude a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, los próximos 23 y 24 de marzo en Lisboa, con un amplio aunque todavía inconcreto plan de reformas. Este programa, que se proyecta en tres fases, abarca desde el mercado laboral hasta las pensiones, así como la liberalización de sectores económicos, la fiscalidasd, las subvenciones públicas y la plena aplicación de las nuevas tecnologías. El objetivo es alcanzar el pleno empleo en 2010, reforzar el euro y adaptarse a la "nueva economía", para lo que Estados Unidos sería el modelo a seguir.

La Unión Europea (UE) debe aspirar a equipararse con Estados Unidos en cuanto a eficacia y capacidad de competir, "aunque esto no significa el abandono del modelo europeo del Estado de bienestar", según explicó ayer el secretario de Estado de Empleo en funciones, Juan Chozas. Lo que separa a la economía europea de la estadounidense es el nivel de desempleo, la debilidad del euro y el retraso en la aplicación de las nuevas tecnologías, y esto es en lo que pretende incidir la propuesta española ante la próxima cumbre de Lisboa. La dirección es clara, el calendario también, pero la concreción es escasa. Se trata de liberalizar y flexibilizar y de una apuesta por la formación y la integración europea. El desarrollo sería en tres etapas, que culminarían en 2010, con el objetivo del pleno empleo.

Para una primera etapa, de un año, España propone, entre otras medidas, algo tan etéreo como "mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo". El secretario de Estado de Economía en funciones, Cristóbal Montoro, explicó que esa "mejora" abarcaría desde la negociación colectiva hasta las políticas activas de empleo.

Tanto Chozas como Montoro, que ayer presentaron esta propuesta española, criticaron el documento que la Comisión Europea ha enviado a los Gobiernos de los Quince también para esta cumbre, precisamente y entre otros aspectos, por no concretar la reforma laboral que propugna.

Con más cautela valoraron la iniciativa de los primeros ministros de Italia, Massimo D'Alema, y del Reino Unido, Tony Blair, que pretenden reducir los subsidios de larga duración "porque tienden a propiciar el desempleo". En España, dijo Chozas por toda respuesta, "hay que seguir avanzando en las reformas del mercado de trabajo".

También se considera insuficiente la propuesta de la Comisión respecto de la política de la competencia. España entiende que éste es un asunto a abordar en una segunda etapa, que abarcaría hasta 2004, si bien Montoro anunció que se reformará la ley aprobada el pasado año, tras la sentencia del Constitucional que obliga a descentralizar los servicios de defensa de la competencia.

Las críticas al documento de Bruselas no responden, según Montoro, a que las carencias españolas en relación a los demás socios de la UE se quieran cubrir bajo el manto de la política común. Al contrario, según el secretario de Estado de Economía, España puede dar lecciones a otros países "a los que no les duelen prendas a la hora de apoyar sus empresas, que no privatizan nada y que mantienen monopolios públicos".

Montoro considera que España ha dado ejemplo en sus políticas de defensa de la competencia. "Hemos limitado la presencia de los bancos en sectores estratégicos y hemos puesto multas de millones de pesetas", explicó.

En esa segunda etapa, el Gobierno español querría también limitar las ayudas públicas o subvenciones a empresas, con un compromiso concreto, otra de las "carencias" de la propuesta de la Comisión. Además, se propone concluir la liberalización e integración de sectores como el de la electricidad, telecomunicaciones, hidrocarburos y transporte aéreo.

Internet en las escuelas

Se plantea igualmente realizar una fuerte apuesta por la formación en nuevas tecnologías, que llevaría a "eliminar las barreras al comercio electrónico, introducir Internet en las escuelas o a que se pueda votar por correo electrónico en las próximas elecciones europeas. Esa política de formación permanente tendría que implantarse en la negociación colectiva.

En una tercera etapa, hasta 2010, debería estar garantizado un sistema público de pensiones sostenible. El problema común a todos los países de la UE es el envejecimiento de la población, la baja tasa de natalidad y el acortamiento de la vida laboral. Montoro dijo que una de las medidas a poner en marcha es el alargamiento de la vida laboral, y que a ello "se deberían destinar los fondos públicos". El camino a seguir es el de la negociación colectiva, y el modelo, el del Pacto de Toledo.

La posibilidad de que prosperen estas directrices españolas puede ponerse en duda, ya que, en el panorama político europeo, el Gobierno de José María Aznar es de un signo contrario al de las principales economías de la zona: Francia, Alemania e Italia. Al contrario, Montoro aseguró ayer que "el presidente del Gobierno está a la cabeza en cuanto a respaldo popular [tras los resultados del 12-M], y éste es el dato político más elocuente".