El PP retomará los proyectos que CiU bloqueó durante la pasada legislatura
Enseñar historia desde una concepción más centralista del Estado, amplia libertad de horarios y de las rebajas en los comercios, tramitar pequeñas causas judiciales sin necesidad de abogado o procurador, extraditar asilados con causas penales pendientes y elegir jueces al margen del Parlamento. Estas propuestas del primer Gobierno de Aznar fueron rechazadas por CiU en la pasada legislatura, en la que el PP necesitaba de sus votos para gobernar. La actual mayoría absoluta permite a los populares replantearse su aprobación.
El ministro en funciones de Educación, Mariano Rajoy, anunció el miércoles pasado que el próximo Gobierno acometerá de inmediato la reforma de la enseñanza de las Humanidades. El de Administraciones Públicas, Ángel Acebes, apuntó también la "profunda modificación" que experimentará la Ley de Extranjería, un texto inicialmente rechazado por CiU y finalmente derrotado por Coalición Canaria. Éstas serán los dos primeros textos a reformar, pero el Partido Popular tuvo que dar marcha atrás en otros proyectos al carecer de la mayoría necesaria. Éstos fueron los más destacados: - Enseñanza de las humanidades. Fueron los nacionalistas, PNV y CiU, los que frenaron este decreto-ley, que no precisaba la aprobación del Parlamento, aunque el Gobierno buscó el consenso para sacarlo adelante. Las 18 conclusiones de la comisión de expertos que constató las deficiencias de la enseñanza de las humanidades en los institutos españoles fueron rechazadas al entender CiU y PNV, primero, y el resto de fuerzas parlamentarias, después, que imponían una visión centralista de la historia de España. Los nacionalistas criticaron duramente que la entonces ministra de Educación, Esperanza Aguirre, eludiera el diálogo y se negaron a aceptar un proyecto que recortaba sus competencias. Tras semanas de enconada polémica, fue retirado a petición del líder de CiU, Jordi Pujol.
- Horarios comerciales libres. CiU, socio imprescindible también del último Gobierno de Felipe González, ha frenado durante las dos últimas legislaturas la reforma de la Ley del Comercio, con la que el PP permitiría libertad de horarios y de las rebajas en los comercios. CiU se opuso por entender que cambiaría el modelo de sociedad. "No queremos trasladar el modelo de Estados Unidos, donde las grandes superficies lo acaparan todo y vacían las ciudades de paseantes", comenta el diputado Manuel Silva. Esta ley, que tiene rango de orgánica, precisa además del consenso de las autonomías con competencias plenas sobre el sector. El actual reglamento permite abrir los comercios hasta 12 domingos al año, y vence en 2001.
- Ley de Asilo. El borrador de la Ley de Cooperación Penal Internacional, que regulaba el derecho de asilo, permitía la devolución a sus países de origen de los refugiados con causas penales pendientes. La minoría catalana bloqueó el texto ante la eventualidad de que las peticiones de extradición por un delito común se convirtieran en un pretexto para devolver exiliados.
- Ley Orgánica del Poder Judicial. CiU vetó este texto para reivindicar las plenas competencias de la Generalitat sobre el personal auxiliar de los juzgados. Esta actitud impidió el desarrollo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permitía a los ciudadanos tramitar causas menores sin necesidad de abogado y procurador. El Gobierno ha anunciado que modificará la elección de 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, nombrados hasta ahora por el Parlamento. Con la reforma, serán los propios jueces quienes los designen.
- Ley de Extranjería. La reforma de la polémica Ley de Extranjería, aprobada en vísperas de la disolución de las Cortes con el apoyo de los cuatro votos de Coalición Canaria, fue anunciada tras las elecciones del pasado domingo por el portavoz del Partido Popular, Rafael Hernando, y ratificada por el ministro Ángel Acebes. Entre los cambios que pretende incluir el PP están los siguientes: no será suficiente el empadronamiento por dos años para acceder a la regularización y los extranjeros legales no tendrán los mismos derechos que los españoles. Los indocumentados sólo tendrán derecho a la asistencia sanitaria y la educación obligatoria. Tampoco será necesario razonar las negativas de concesión de visados y resurgirán los centros de internamiento, donde vivirán su cuarentena los extranjeros pendientes de expulsión.
