El fiscal considera prescritos dos de los tres delitos del 'caso Zamora'
La Fiscalía de Zamora considera que han prescrito los delitos supuestamente relacionados con la adquisición de un escáner y la compra del voto de un diputado que se investigan en el denominado caso Zamora, sobre supuesta financiación irregular del Partido Popular, aunque estima que hay que mantener las imputaciones referidas a la adjudicación irregular de obras. El fiscal jefe de Zamora, Rafael Alvarez-Cienfuegos, señaló ayer en unas alegaciones presentadas frente a los recursos de nulidad de dos inculpados, que bajo su punto de vista "no procede enjuiciar" esos dos asuntos, por haber prescrito.
Sin embargo, la prescripción no alcanza a las obras ejecutadas en el año 1987 porque se trataría de un delito continuado hasta el año 1993. La investigación trata de esclarecer el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obras y servicios en la Diputación de Zamora entre 1987 y 1993.
La nulidad de las actuaciones fue solicitada por el abogado del presidente del PP de Zamora, Dionisio García Carnero, quien hace un año abandonó su escaño de senador para sacar el caso del Tribunal Supremo, y por el del constructor Maximino San Gregorio, otro de los imputados en las diligencias que se siguen ahora en un juzgado de Zamora.
Declaración de un testigo
En este sumario, declaró hoy como testigo el constructor Esteban Fuentes, que ejecutó las obras del cementerio de Junquera de Tera y quien negó tener conocimiento de la supuesta trama creada para la adjudicación de obras en la Diputación provincial.
Sobre este asunto, el fiscal jefe de Zamora recordó que ya fue enjuiciado en su día y archivado mediante resolución firme de la Audiencia Provincial de Zamora, que consideró que los hechos ya habían prescrito cuando fueron denunciados por la coalición Izquierda Unida de Zamora en 1997.
La prescripción de estos dos asuntos no afectará sin embargo al número de imputados en la causa, ya que las personas procesadas por estas actuaciones lo están también por el tema de las adjudicaciones irregulares de obras, en el que el fiscal entiende que no hay prescripción alguna.
Sobre la posible nulidad de las actuaciones de la Fiscalía de Zamora y de la Fiscalía Anticorrupción, Alvarez-Cienfuegos aseguró que en sus alegaciones se opone a tal nulidad porque las diligencias practicadas se llevaron a cabo "con todo tipo de garantías".
En este sentido, el fiscal jefe de Zamora precisó que en las alegaciones cita una sentencia de marzo de 1999, en la que, en un caso muy parecido, el Tribunal Constitucional se pronuncia en contra de la nulidad de unas actuaciones practicadas por el Ministerio Fiscal.
