Anticorrupción abre diligencias contra un ex consejero del Ejecutivo canario

Las elecciones del 12-M han reiterado el recado que los ciudadanos del País Vasco vienen dirigiendo de forma monótona a los profesionales del poder y a la opinión pública desde hace más de 20 años: la consistencia de su pluralismo político e ideológico, forjado por el curso de la historia y la voluntad de los habitantes. El boicoteo activo de las urnas ordenado por ETA e instrumentado en el ámbito institucional por su brazo político fracasó estrepitosamente: no sólo el PNV y EA rechazaron la iniciativa, sino que un segmento apreciable de los electores potenciales de EH desobedecieron la consigna. El aumento de la abstención en el conjunto del País Vasco no se aparta del promedio del resto de España, donde ningún partido hizo campaña para promoverla; el único descenso significativo de la participación se produjo en Guipúzcoa (56%), a diferencia de lo ocurrido en Álava (70%) y Vizcaya ( 67%). Según algunos analistas, una parte de los antiguos votantes de EH en 1999 respaldaron en esta oportunidad al PNV.El boicoteo de las elecciones a las Cortes Generales ordenado por ETA no era la extravagante propuesta de una secta de orates sanguinarios, sino una pieza básica de la estrategia de "soberanismo" y "territorialidad" impuesta por los nacionalistas radicales a los nacionalistas moderados en el Pacto de Estella. Desmintiendo el empeño equidistante de atribuir al Gobierno de Aznar responsabilidades por omisión en la vuelta de los terroristas a la actividad criminal, el comunicado de ETA difundido hace una semana proclama que "la razón del abandono de la tregua de acciones" de sus comandos asesinos fue "la tibieza y el miedo" del PNV y EA a "romper de un modo claro la subordinación que muestran respecto a España": la elogiable negativa de los nacionalistas moderados a sabotear las urnas y su decisión de continuar presentándose -como siempre- al Congreso y el Senado fueron la coartada de la banda criminal para volver a matar. El profesor Carlos Martínez Gorriarán se ha tomado la molestia de ofrecer en un reciente trabajo sobre el nacionalismo radical (publicado en Claves de Razón Práctica, nº 100) una amplia antología de documentos internos de ETA y HB fechados el verano pasado que trataban de justificar doctrinalmente el boicoteo a los comicios y la celebración de elecciones constituyentes en Euskal Herria (esto es, el País Vasco, Navarra y los territorios vascofranceses) con un censo electoral reservado exclusivamente a los nacionalistas auténticamente patriotas.

La conclusión irrefragable del 12-M es que el 64% de los votantes vascos, esto es, el 80% de los ciudadanos (cuando menos un 20% de la abstención es técnica o políticamente no significativa) ejercieron su derecho al sufragio y rechazaron el ominoso mandato de sabotear las urnas transmitido por el nacionalismo radical a golpe de coche-bomba. Quedan así confirmadas, una vez más, las firmes convicciones democráticas de la abrumadora mayoría de la sociedad vasca, sea cual sea el sentido ideológico y partidista de las papeletas depositadas después en las urnas a título individual. La agregación de Navarra al País Vasco (tal y como pretende el Pacto de Estella) haría todavía más sólido y amplio el bloque democrático de los enemigos de la violencia terrorista. Sean nacionalistas o constitucionalistas, de derecha, de centro o de izquierda, los vascos y navarros están alineados de forma mayoritaria e inequívoca con los valores y las libertades vigentes en el resto de España y Europa.

El escrutinio provisional confirma también que la divisoria de aguas entre nacionalistas (tanto moderados como radicales) y constitucionalistas corta al País Vasco en dos mitades iguales. El PNV y EA sumaron el 38% de los votos emitidos; aunque a esos sufragios se les agregase el electorado potencial de HB neto, el total no superaría el 50%. Populares y socialistas han reunido esta vez conjuntamente el 51,5% de los sufragios: un 57% si se añaden las papeletas de IU, que acaba de romper con Estella. Y la eventual incorporación de Navarra (donde los nacionalistas apenas han superado el 7%) al País Vasco en un colegio único electoral habría desequilibrado aún mas la balanza: los constitucionalistas alcanzaron el 66% de los votos frente al 33% del PNV y EA.

El sector moderado de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el socio mayoritario de CiU, está que arde. Se siente marginado de las grandes decisiones estratégicas del partido, discrepa del giro que ha tomado la política de CDC desde la Declaración de Barcelona -que agrupa a CiU, al PNV y al Bloque Nacionalista Galego-, y no le gustan las alianzas que desemboquen en frentes nacionalistas. El acto que han organizado para el lunes abre un año especialmente agitado para CiU: por la mayoría absoluta del PP y por el congreso que se avecina.Entre 50 y cien personas -entre ellos varios ex consejeros de la Generalitat- han sido convocados a esta cena, que supondrá una exhibición de fuerza del sector moderado de Convergència. Entre los invitados -que no han confirmado aún su asistencia- figuran los ex consejeros de Economía Josep Maria Cullell y Macià Alavedra; la ex titular de Gobernación, Maria Eugènia Cuenca o el ex consejero de Política Territorial, Xavier Bigatà. Alavedra es además miembro del secretariado permanente, sanedrín del partido, integrado por seis personas. Maria Eugènia Cuenca es también miembro del comité ejecutivo.

"No se trata de que cuestionemos la actual dirección sino de que estamos cansados de que nuestra voz no sea tenida en cuenta", manifestó uno de los organizadores de la cena. "Da la impresión de que estamos en un diálogo de sordos: nosotros hablamos y la dirección hace ver que escucha", añadió.

La idea de reunir a casi un centenar de personas surgió de un sector de la Fundación Barcelona, que aglutina a los nacionalistas más moderados del partido. Son militantes y dirigentes históricos que se habían agrupado en torno a la línea de Miquel Roca Junyent, el que fuera sesecretario general del partido. Algunos de ellos son contrarios a que CiU alcance acuerdos con Esquerra Republicana en Cataluña. Otros preferirían buscar un acercamiento al Partit dels Socialistes de Catalunya.

Ahora todo este sector, cansado de ver como, a su juicio, el partido ha evolucionado hacia un nacionalismo más radical, ha decidido expresar su malestar. Inicialmente, la reunión del próximo lunes estaba prevista para el pasado 7 de febrero, en plena precampaña. La intervención del cabeza de lista de CiU, Xavier Trias, logró que se trasladara la sesión hasta después de las elecciones generales. Ahora, por casualidad -aseguran los organizadores- se celebrará el mismo día en que se cumplen 20 años del acceso de Jordi Pujol a la presidencia de la Generalitat: es decir, el próximo lunes.

Los dirigentes del partido opuestos a esta convocatoria aseguran que en "la etapa que representa el actual secretario general, Pere Esteve, no se pueden quejar". El propio Esteve se ha reunido en diversas ocasiones con los integrantes de la Fundación Barcelona, por la que han desfilado como invitados desde el líder de Unió Democràtica, Josep Antoni Duran Lleida, hasta el gran oponente político de Jordi Pujol, el socialista Pasqual Maragall.

'Los pijos' del partido

Algunos integrantes de esta Fundación, gestionada por militantes de Convergència, no ocultan que se sienten más próximos al catalanismo moderado que propugna Josep Antoni Duran Lleida, que prima un nacionalismo más humanista por encima de la identidad. El aparato del partido descalifica a los integrantes de la Fundación Barcelona, calificándoles de los pijos porque ocupan cargos ejecutivos en empresas o provienen de familias de pedigrí burgués. Jordi Pujol los utilizó para limar las aristas confederales que sobresalían de los documentos de debate la Declaración de Barcelona.

La reunión del próximo lunes se produce el mismo año en que CDC y UDC celebrarán sus respectivos congresos. "No pretendemos levantar alternativas a la secretaria general", se apresuran a manifestar los organizadores de la cena. No obstante, esta es la primera vez que se produce un movimiento de estas características.

Ana Vázquez Blanco se afilió al PP con 17 años, fue concejal con 20 y a los 25 se ha convertido en la diputada más joven de España. Acabada su licenciatura en Derecho, repartía su tiempo entre la concejalía de Cultura en Bande (Ourense) y la presidencia provincial de Nuevas Generaciones (NNGG), mientras preparaba oposiciones y echaba una mano en el bar de su familia. Cuando el presidente del PP de Ourense, José Luis Baltar, le ofreció el tercer puesto de la candidatura en las elecciones generales, Ana Vázquez creyó que su presencia sería sólo simbólica. Contra pronóstico, el PP ganó un escaño más en Ourense, y Vázquez tendrá un asiento en la Mesa del Congreso durante la sesión de apertura.Pregunta. Usted será la primera sorprendida. ¿No le da vértigo su nueva situación?

Respuesta. En el propio partido todo el mundo me decía que era muy difícil que yo saliese. La verdad es que algo de miedo sí me da, pero la responsabilidad es bonita y tengo mucha ilusión por trabajar para mi provincia, sobre todo en temas de juventud y mujer.

P.¿En qué tiene que avanzar la mujer?

R.Legalmente, la igualdad está conseguida, pero aún tiene que cambiar la conciencia social. Hay que seguir luchando por la dignidad de la mujer para que encuentre su lugar en la sociedad.

P.¿Está a favor del aborto?

R.La mujer es libre para decidir y entiendo que muchas lo pasen mal por embarazos no deseados. Pero yo no lo haría nunca, defiendo el derecho a la vida.

P.El acceso al trabajo de buena parte de la juventud es a través de contratos basura.

R.Eso ya no es así, ocurrió con el PSOE, pero con Aznar está desapareciendo. Se han tomado medidas para favorecer la contratación estable de jóvenes, con beneficios fiscales y sociales para las empresas.

P.¿Es el PP un partido conservador?

R.Se dice muchas veces, pero no es así. Es un partido abierto y reformista, y que además tiene una sensibilidad especial con la juventud. Seremos seis diputados y cuatro senadores de NNGG.

P.¿Queda algo de rebeldía en la juventud?

R.Ahora es incluso más rebelde, pero se trata de una rebeldía activa. Preferimos defender nuestros ideales dentro un partido para que de verdad contribuyan a cambiar la sociedad.

P.En Galicia, el nacionalismo tiene gran éxito entre los jóvenes.

R.Pero la organización mayoritaria es NNGG. Lo del Bloque es a veces sólo por gritar y dar la nota.

Tras toda una legislatura sin poder acometer el punto del programa de 1996 relativo al sistema de elección del CGPJ, Ollero se apresuró ayer a recordar la mayoría absoluta con que cuenta su partido, suficiente para modificar la ley en la que en 1985 los socialistas transformaron el inicial modo de elección.Los aliados del PP durante la anterior legislatura eran contrarios a modificar el sistema parlamentario, aunque sí a mejorarlo. Ollero aseguró ayer a Servimedia que "no hay ninguna duda de que, al tener ahora la mayoría absoluta, una mayoría consistente, esa voluntad y ese proyecto no va a verse alterado". Recordó que esta reforma constituye un aspecto "prioritario" del pacto de Estado por la justicia que defiende el PP

El programa

El programa electoral del PP para el 12-M proyectaba "una justicia independiente, neutral y profesional", para conseguir la cual se comprometía a "consensuar" con la oposición una reforma legal que reforzara "la independencia y adecuada posición institucional y competencial del CGPJ".

Ese era el compromiso esencial, al que añadía sus pretensiones, que ya habían quedado aparcadas en la anterior legislatura: "Nuestro criterio es que sean los propios jueces y magistrados, y no las asociaciones judiciales ni los grupos parlamentarios, quienes elijan a los 12 miembros de extracción judicial, mediante una fórmula que garantice la representación plural".

Sin seguridad en obtener la mayoría absoluta alcanzada, el PP proponía que, "en aras de superar la insatisfactoria situación actual, manifestamos nuestra disposición a alcanzar un acuerdo con las fuerzas parlamentarias sobre la base de los principios enunciados en la sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de julio de 1986 y de conformidad con el espíritu constitucional".

La setencia a la que se refiere el programa del PP es la 108/1986, por la que el pleno del Tribunal Constitucional desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 55 diputados populares, encabezados por José María Ruiz Gallardón, contra la innovación introducida en 1985 por los socialistas, consistente en ampliar la elección parlamentaria de ocho juristas del CGPJ a sus otros 12 vocales: los de extracción judicial, que en la primera edición del órgano de gobierno de los jueces, en 1980, fueron elegidos por jueces y magistrados.

En aquella sentencia, de la que fue ponente el magistrado Ángel Latorre, el pleno del Constitucional, en un intento de evitar los votos particulares, no se limitó a razonar que la elección parlamentaria de 12 vocales del CGPJ era acorde con la Constitución, sino que hizo otras observaciones, en las que ahora se apoya el PP para proponer el cambio legislativo.

Así, el Constitucional admitió que, cuando la Norma Fundamental establece en su artículo 122 que, de los 20 miembros del CGPJ que nombrará el Rey, "12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica", la finalidad de ese precepto es "la de asegurar que la composición del Consejo refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno del poder judicial".

La sentencia añade: "Que esta finalidad se logra más fácilmente atribuyendo a los propios jueces y magistrados la facultad de elegir a 12 de los miembros del CGPJ es cosa que ofrece poca duda; pero ni cabe ignorar el riesgo, también expresado por algunos miembros de las Cortes que aprobaron la Constitución, de que el procedimiento electoral traspase al seno de la carrera judicial las divisiones ideológicas existentes en la sociedad (con lo que el efecto conseguido sería distinto del perseguido) ni, sobre todo, puede afirmarse que tal finalidad se vea absolutamente negada al adoptarse otro procedimiento y, en especial, el de atribuir también a las Cortes la facultad de propuesta de los miembros del Consejo procedentes del cuerpo de jueces y magistrados, máxime cuando la ley adopta ciertas cautelas, como la de exigir una mayoría calificada de tres quintos de cada Cámara".

La polémica sobre el sistema de elección de los 12 vocales judiciales ha estado impulsada por la utilización de cuotas políticas y la cierta dependencia de muchos vocales respecto al grupo que les propuso al tomar decisiones.

Los críticos con el sistema parlamentario de elección han recordado frecuentemente el aviso que ya hizo en 1986 la sentencia del Constitucional: "La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y, entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial". El riesgo que ya entonces se veía, y que el precepto impugnado permitía, "parece aconsejar su sustitución", dijo entonces el Constitucional.

La derecha judicial, bien representada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, recibió ayer con entusiasmo el primer movimiento del PP en favor de la añorada reforma que permita a los jueces y magistrados elegir la mayoría de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): los 12 de origen judicial.José Luis Requero, portavoz de la APM, tildó de "politizado" al actual Consejo y atribuyó esa politización a la elección parlamentaria de esos 12 vocales. Según Requero, desde que en 1985 se extendió a todos los consejeros ese sistema de elección, el CGPJ ha venido sufriendo "un paulatino deterioro, un manifiesto desgaste de su credibilidad y una evidente politización en su actuación". Para Requero, la independencia del Poder Judicial debe empezar por la elección de esos 12 vocales por los miembros de ese colectivo.

En cambio, desde la segunda asociación judicial por número de asociados, la progresista Jueces para la Democracia, Ricardo Bodas estimó preferible que los 12 vocales judiciales sigan siendo elegidos por el Parlamento, pero con una audiencia previa de los candidatos, para que expongan ante los diputados y senadores sus puntos de vista sobre la justicia, sus proyectos y su trayectoria profesional.

Por su parte, José Luis González Armengol, portavoz de la asociación judicial minoritaria y moderada Francisco de Vitoria, estimó "interesante" el propósito del PP, "siempre y cuando los 12 vocales judiciales fuesen votados proporcionalmente por las asociaciones judiciales y la representación de los tribunales superiorers de justicia".

Desde el PSOE, partido que promovió en 1985 el cambio del sistema de elección, el ex presidente del Senado y senador electo Juan José Laborda, se manifestó contrario a la vuelta al inicial sistema. Calificó la propuesta de "corporativa y burocrática" y negó que las asociaciones de jueces sean lo suficientemente representativas para asumir una responsabilidad tan alta.

Las cuatro ediciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) creado por la Constitución de 1978 han experimentado los dos sistemas de elección de los 12 vocales de procedencia judicial. Los 20 vocales de los tres últimos Consejos han sido elegidos por las Cortes, mientras que el primero lo fue en 1980 por el sistema mixto: ocho juristas por las Cortes y 12 jueces por la carrera judicial.El sistema mixto fue el que inicialmente fue considerado por las fuerzas políticas como más acorde con la Constitución, que estableció que cuatro "abogados y otros juristas" fueran elegidos por el Congreso y otros tantos por el Senado, "en ambos casos por mayoría de tres quintos". En cambio, no se daban detalles sobre el sistema de elección de los otros 12 vocales.

Según el precepto, esos 12 se elegirían "entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica", expresión que ha suscitado ríos de tinta sobre si su alcance afectaba sólo a la procedencia o también a los electores.

Interpretaciones varias

La referencia a la ley permitió al Tribunal Constitucional considerar que, tanto uno como otro sistema, establecido en ambos casos en una ley orgánica, eran constitucionales, "ya que es doctrina constante de este Tribunal", razonaba en 1986, "que la validez de la ley ha de ser preservada cuando su texto no impide una interpretación adecuada a la Constitución".

El primer CGPJ, de 1980, tras la elección parlamentaria de ocho juristas y la elección por los jueces y magistrados de 12 vocales judiciales, eligió como presidente al magistrado Federico Carlos Sainz de Robles, que había presidido la entonces única asociación judicial. La hegemonía conservadora de ésta provocó la escisión de Jueces para la Democracia.

La implantación del sistema de elección parlamentaria de los 20 vocales del Consejo se hizo al término del mandato del primer CGPJ, en 1985. Dada la mayoría absoluta que tenía entonces el PSOE, la mayoría de vocales fueron propuestos por este partido y eligieron presidente al abogado Antonio Hernández Gil, que presidió las Cortes constituyentes. El siguiente CGPJ, elegido en 1990, mantuvo la hegemonía de los vocales propuestos por el PSOE y eligió presidente al magistrado Pascual Sala.

Ana Vázquez Blanco se afilió al PP con 17 años, fue concejal con 20 y a los 25 se ha convertido en la diputada más joven de España. Acabada su licenciatura en Derecho, repartía su tiempo entre la concejalía de Cultura en Bande (Ourense) y la presidencia provincial de Nuevas Generaciones (NNGG), mientras preparaba oposiciones y echaba una mano en el bar de su familia. Cuando el presidente del PP de Ourense, José Luis Baltar, le ofreció el tercer puesto de la candidatura en las elecciones generales, Ana Vázquez creyó que su presencia sería sólo simbólica. Contra pronóstico, el PP ganó un escaño más en Ourense, y Vázquez tendrá un asiento en la Mesa del Congreso durante la sesión de apertura.Pregunta. Usted será la primera sorprendida. ¿No le da vértigo su nueva situación?

Respuesta. En el propio partido todo el mundo me decía que era muy difícil que yo saliese. La verdad es que algo de miedo sí me da, pero la responsabilidad es bonita y tengo mucha ilusión por trabajar para mi provincia, sobre todo en temas de juventud y mujer.

P.¿En qué tiene que avanzar la mujer?

R.Legalmente, la igualdad está conseguida, pero aún tiene que cambiar la conciencia social. Hay que seguir luchando por la dignidad de la mujer para que encuentre su lugar en la sociedad.

P.¿Está a favor del aborto?

R.La mujer es libre para decidir y entiendo que muchas lo pasen mal por embarazos no deseados. Pero yo no lo haría nunca, defiendo el derecho a la vida.

P.El acceso al trabajo de buena parte de la juventud es a través de contratos basura.

R.Eso ya no es así, ocurrió con el PSOE, pero con Aznar está desapareciendo. Se han tomado medidas para favorecer la contratación estable de jóvenes, con beneficios fiscales y sociales para las empresas.

P.¿Es el PP un partido conservador?

R.Se dice muchas veces, pero no es así. Es un partido abierto y reformista, y que además tiene una sensibilidad especial con la juventud. Seremos seis diputados y cuatro senadores de NNGG.

P.¿Queda algo de rebeldía en la juventud?

R.Ahora es incluso más rebelde, pero se trata de una rebeldía activa. Preferimos defender nuestros ideales dentro un partido para que de verdad contribuyan a cambiar la sociedad.

P.En Galicia, el nacionalismo tiene gran éxito entre los jóvenes.

R.Pero la organización mayoritaria es NNGG. Lo del Bloque es a veces sólo por gritar y dar la nota.